CONCRECIÓN DE LAS ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

POR

Francisco Javier ARRIETA IDIAKEZ[1]

RESUMEN

El objeto de este estudio se centra en el análisis de los pormenores de las entidades de la Economía Social en España tras la entrada en vigor de la Ley 5/2011. No obstante, en primer lugar, se hace referencia a los antecedentes en la concreción de dichas entidades, con el objetivo de mostrar que no se trata de una labor sencilla. En segundo lugar, se lleva a cabo una primera aproximación a la regulación contemplada en la Ley 5/2011, de forma y manera que se sientan las bases que permiten comprender la estructura tenida en cuenta por el legislador a la hora de identificar las diez entidades que hasta la fecha pueden integrarse en la Economía Social. En concreto, se analiza desde una perspectiva de coherencia intranormativa el artículo 5, que más allá de mencionar expresamente las entidades consideradas de Economía social, establece también dos cláusulas abiertas a través de las cuales a futuro podrán incorporarse nuevas entidades. Finalmente, se profundiza en el estudio de cada una de las diez entidades identificadas, señalando sus principales rasgos característicos, que los acercan o alejan de la Economía Social.

Palabras clave: Ley 5/2011, marco jurídico, empresas, asociaciones, fundaciones, corporaciones de Derecho público.

Claves Econlit: K390, L530, M140.

DELIMITATION OF SOCIAL ECONOMIC ENTITIES

ABSTRACT

The main purpose of this research is to examine the essential aspects of the Social Economic Entities in Spain, following the coming into force of the 5/2011 Law. The study’s initial approach needs to focus in the background of these entities, acknowledging that the task to be carried out is not an easy one. Work then follows with a review of the 5/2011 Law, in order to better understand the structure that was used by the legislator to identify the ten entities that up to now can be accommodated under the Social Economy umbrella. In particular, article 5, which not only mentions the Entities of Social Economy, but also contains two open clauses, which cater for new entities being included in the future. Finally, the different kinds of entities are studied in detail, reviewing their main aspects and focusing on what makes them be closer, or move away from the Social Economy.

Keywords: 5/2011 Law, legal framework, companies, associations, foundations, public law corporations.

1. INTRODUCCIÓN

La Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, surge con el objeto de establecer un marco jurídico común para el conjunto de entidades que integran la Economía Social (cfr. artículo 1). Y ello conlleva que sea la propia ley la que proceda a concretar o esclarecer cuales son tales entidades, con la pretensión de crear la certidumbre jurídica que hasta la aprobación de la misma faltaba en el ordenamiento jurídico español. Precisamente, partiendo de la concreción de tales entidades, también constituye objeto de esta ley determinar las medidas de fomento de las entidades de la Economía Social (cfr. artículo 1). En verdad, la delimitación de estas entidades busca encauzar adecuadamente tales medidas (Fajardo García, 2012: 58-97).

Ciertamente, todos los aspectos regulados por la propia ley encuentran su razón de ser en dichas entidades. Así sucede con el concepto y los principios orientadores de Economía Social (cfr. artículos 2 y 4). Efectivamente, el concepto de Economía Social tiene por sujetos activos a las entidades que lo integran, y los principios orientativos, como se observará, resultan inherentes a las mismas. En ese sentido, se ha llegado a afirmar que «aparecen muy vinculados concepto y contenido [de Economía Social], y [que] mucho más frecuente que una definición es una relación de notas características o una simple enumeración de las entidades que comprende la Economía Social» (Pérez Giner, s/f: 4).

Igualmente, el ámbito de aplicación de la ley gira en torno a las entidades, al señalar que «sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a las Comunidades Autónomas, el ámbito de aplicación de esta Ley se extiende a todas las entidades de la Economía Social que actúen dentro del Estado» (cfr. artículo 3). En concreto, en lo que atañe al ámbito de aplicación, al tratarse, a tenor de lo establecido en la Disposición Final primera, de un precepto de carácter básico, debe matizarse que su contenido es vinculante para todas las entidades que operen dentro del Estado español, incluso para aquellas que actúen solamente en una Comunidad Autónoma con competencias en materia de Economía Social. Con otras palabras, las Comunidades Autónomas deben respetar, en su actuación legislativa, lo dispuesto por la Ley 5/2011, sin perjuicio de que puedan regular otros aspectos de las entidades de la Economía Social o desarrollar o completar las reglas básicas de dicha ley.

Luego, en la ley se regulan otros aspectos vinculados directamente con las entidades, como el Catálogo de Entidades de la Economía Social (cfr. artículo 6), la organización y representación de las mismas (cfr. artículo 7) y el Consejo para el Fomento de la Economía Social (cfr. artículo 9).

De ahí la importancia de analizar expresamente los pormenores de las entidades que la Ley 5/2011 ha considerado de Economía Social. Análisis que constituye el objeto de este estudio y al que se procederá a continuación. No obstante, conviene recordar, en primer lugar, los antecedentes en España en cuanto a la concreción de las entidades de la Economía Social.

2. ANTECEDENTES EN CUANTO A LA CONCRECIÓN DE LAS ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA

Como recuerda la Exposición de Motivos de la Ley 5/2011 (cfr. apartado II), el sustrato jurídico en el que se fundamentan las entidades de la Economía Social se encuentra en la Constitución Española de 1978, y ello a pesar de que en el texto constitucional no exista ninguna referencia expresa al término Economía Social. Concretamente, la Ley 5/2011 identifica aquel sustrato jurídico en los artículos 1.1, 9.2 y 129.2, taxativamente, y a modo de ejemplo, en los artículos 40, 41 y 47; artículos que para el legislador ordinario «hacen referencia, de forma genérica o específica, a alguna de las entidades de la Economía Social» y que «plasman el fuerte arraigo de las citadas entidades en el texto constitucional». Realmente, la interpretación conexa de todos esos preceptos permite concluir que «la Economía Social se desarrolla en un sistema de libre mercado y convive con el capitalismo, complementándole más bien que oponiéndose a él» (Ballestero, 1990: 21). Y ello porque un Estado que se define como «social», que tiene a la «igualdad» por valor superior de su ordenamiento jurídico y que contempla esa igualdad desde una perspectiva social, también en su vertiente material, no puede limitarse a reconocer «la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado» (cfr. artículo 38 de la Constitución) sino que para que la igualdad en el inicio de una actividad empresarial sea real y efectiva debe facilitar a las personas, que presenten un proyecto riguroso y solvente, la formación y los medios económicos mínimos para que puedan emprender esta actividad. Y la cuestión es del mayor interés en las empresas asociativas como las cooperativas de trabajo asociado y las sociedades laborales, en las que la actividad empresarial no ofrece dudas, y en las que la formación y la financiación resultan imprescindibles cuando los integrantes de ambas formas de sociedad son personas físicas (Monzón Campos, 2009: 85). Es entonces cuando los roles económicos y sociológicos que caracterizan a la Economía Social deben aflorar, como justificativos de las medidas que los poderes públicos deben adoptar para fomentarla. Así, respecto a la política de formación y readaptación profesional y la política de empleo, las verdaderas entidades de Economía Social deben mostrar su buen hacer independientemente de su forma jurídica.

Ahora bien, el primer precedente del marco legal sobre Economía Social y las entidades que lo integran en España se produjo con ocasión de la creación del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social (INFES), a través del artículo 98 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. En dicha norma se concretaba con claridad que las Cooperativas, las Sociedades Anónimas Laborales y las Fundaciones Laborales formaban parte de la Economía Social, pero se dejaban las puertas abiertas a nuevas y futuras incorporaciones. Por el contrario, no coincidía plenamente con esa identificación de entidades de la Economía Social la regulación contemplada en el Real Decreto 649/1994, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social, pues al regular los integrantes del Consejo, como órgano superior del INFES, se refirió a los «representantes de la Administración General del Estado, de las asociaciones de cooperativas y de sociedades anónimas laborales de ámbito estatal, y de otras entidades e instituciones cuyo objeto social sea coincidente con los fines del Instituto» (cfr. artículo 1, en relación con el artículo 2).

Pero la identificación normativa de las entidades de la Economía Social se complicó con la aprobación del Real Decreto 1836/1991, de 28 de diciembre. Y ello porque al regular las competencias del INFES (cfr. artículo 2), se optó por definir las entidades de la Economía Social de una manera un tanto difusa. Así, en primer lugar, se identificó a estas entidades con el cumplimiento de ciertas características, al señalar que eran entidades de la Economía Social las que tuvieran por objeto la prestación de bienes y servicios a sus asociados, participando éstos directa y democráticamente en la toma de decisiones, y aquéllas en las que los trabajadores ostentaran la mayoría del capital social. Asimismo, se consideraban incluidas las personas físicas o jurídicas que realizaran una actividad socioeconómica mediante cualquier fórmula de autoempleo. Pero, en segundo lugar, se afirmaba que, en concreto, componían el concepto de Economía Social las Cooperativas de cualquier tipo, las Sociedades Anónimas Laborales y cualesquiera otras entidades que reunieran o cumplieran las condiciones establecidas normativamente.

Si bien esta norma no ha sido derogada, debe entenderse que, tras la entrada en vigor de la Ley 5/2011, la regulación referente a la determinación de las entidades de la Economía Social ha sido tácitamente sustituida por lo contemplado en esta última norma.

Institucionalmente, también debe destacarse la creación, en 1999, del Consejo para el Fomento de la Economía Social, que considera entidades de la Economía Social a las cooperativas, a las sociedades laborales y a las mutualidades de previsión social. Por tanto, la novedad, en comparación con el Real Decreto 1836/1991, reside en que ahora también se reconoce expresamente como entidad de Economía Social a las mutualidades de previsión social.

3. LAS ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL TRAS LA LEY 5/2011. PRIMERA APROXIMACIÓN

Como se ha adelantado, la Ley 5/2011, en su artículo 5, ha concretado las entidades de la Economía Social con la pretensión de crear la certidumbre jurídica que hasta su aprobación faltaba en el ordenamiento jurídico español. Ello no obstante, dicha pretensión solamente se cumple en parte, dado que nos encontramos ante un precepto complejo, con aspectos cuando menos equívocos y engañosos (Paz Canalejo, 2012: 93).

Así, en la ley, se enumeran, en primer lugar, como columna vertebral, las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones. No obstante, a estas dos últimas se les exige «que lleven a cabo actividad económica».

Al mismo nivel se enumeran una serie de entidades que, al igual que las anteriores, cuentan con una regulación específica en España, a saber, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores y las sociedades agrarias de transformación.

Y a partir de dicha enumeración, es evidente que el legislador ha optado por una lista abierta, consciente de que la misma puede ir ampliándose con el paso del tiempo. Ahora bien, ese carácter abierto o de numerus apertus se articula a través de dos cláusulas.

Por una parte, se considera que forman parte de la Economía Social las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios orientativos establecidos en el artículo 4. Y, en este sentido, es la propia Ley 5/2011 la que, a través de su Disposición Adicional tercera, realiza una aplicación inmediata de esta cláusula, al configurar y calificar a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) como una entidad singular de Economía Social.

Por otra parte, se señala que podrán formar parte de la Economía Social aquellas entidades que realicen actividad económica y empresarial, cuyas reglas de funcionamiento respondan a los principios orientativos del artículo 4, y que sean incluidas en el catálogo de entidades establecido en el artículo 8.

Finalmente, se realiza una matización que complica aún más la compresión del precepto, al afirmar que, en todo caso, las entidades de la Economía Social se regularán por sus normas sustantivas específicas.

A pesar de todo ello, resulta necesario realizar las siguientes apreciaciones, con el objetivo de perfilar ciertas cuestiones de suma trascendencia para comprender el verdadero alcance de la regulación:

(a) Debe subrayarse que todas las entidades deben desarrollar, cuando menos, actividades económicas. Ciertamente, desde una perspectiva de coherencia intranormativa, debe recordarse que bajo la rúbrica «Concepto y denominación», el artículo 2 establece expresamente que «se denomina Economía Social al conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés colectivo o de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos». Tomando como referencia dicha definición, el artículo 5, en cuanto a las entidades que hemos incluido en el denominado primer nivel, solamente fija para las fundaciones y las asociaciones la exigencia de que lleven a cabo actividad económica. Pues bien, también respecto a las cofradías de pescadores, debe predicarse esa misma exigencia, por constituir una Corporación de Derecho público y no una empresa. Por su parte, aun a pesar del silencio que guarda el legislador, a nadie se le escapa que las cooperativas, las mutualidades, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo y las sociedades agrarias de transformación constituyen formas de empresa. En lo que se refiere a la ONCE, como única entidad singular creada hasta la fecha por una norma, al igual que se ha comentado para con las cofradías de pescadores, también basta con exigirle que lleve a cabo actividad económica, dado su carácter de Corporación de Derecho público. Por último, no es baladí que, en la segunda de las cláusulas que permite ir incorporando nuevas entidades, se exija de las mismas que realicen «actividad económica y empresarial», en la medida en que con tal exigencia se descarta como futuras entidades de Economía Social a aquellas organizaciones que no son empresas, dejando fuera a entidades de evidente función social como la Cruz Roja, Cáritas y un sinfín de ONGs. «Se trataría de evitar que, por la vía de la ampliación del elenco de entidades de Economía Social, se incluyesen en esta última entidades que, si bien pueden formar parte del llamado Tercer Sector, no constituyen Economía Social en sentido estricto, porque, aunque realicen la imprescindible actividad intraeconómica —que toda organización debe desarrollar—, no son entes empresariales, cuya economía está orientada al mercado (es decir, “ad extra”)» (Paz Canalejo, 2012: 153).

(b) Igualmente, resulta engañoso que el artículo 5 exija el cumplimiento de los principios orientadores del artículo 4 solamente a las entidades que se incorporen a la Economía Social a través de las dos cláusulas aperturistas. Y ello porque no cabe olvidar que, ex artículo 2, el cumplimiento de los principios recogidos en el artículo 4 es de obligado cumplimiento para todas las entidades de la Economía Social. Esta importante matización nos lleva a concluir que la mera enumeración de entidades de Economía Social que se realiza en el artículo 5 no es suficiente para calificar jurídicamente como tal a dichas entidades. Es necesario que todas ellas se rijan por los principios orientativos del artículo 4, además de realizar actividades económicas y empresariales y cumplir la exigencia finalista de la satisfacción bien del interés colectivo de sus integrantes, bien del interés general económico y social, o de ambos (Paniagua Zurera, 2011: 66). Por ende, más allá de la genérica afirmación realizada en la Exposición de Motivos de que todas las entidades mencionadas «comparten los principios orientadores de la Economía Social» (cfr. apartado II), debe superarse el nomen iuris genérico de cada entidad para centrarse en la realidad subyacente de cada caso concreto y observar que se cumplen los principios de Economía Social tanto en las reglas internas como en el funcionamiento diario de las entidades en cuestión. Realmente, este hecho preocupa en el ámbito de las cooperativas, pues pese a que el pluralismo empresarial del sistema cooperativo, frente al integrismo cooperativista, ha supuesto su enriquecimiento y su universalización, existe también un peligro de acomodación en el sistema capitalista por admisión de formas prácticas poco cooperativas. Ello ha sido denunciado, con razón, en no pocas ocasiones y aunque debe huirse de la inflexibilidad y de maximalismos, es vital atender en la teoría y en la práctica a los principios que esencian el sistema cooperativo, como guías del movimiento. Adecuarse inteligentemente a las circunstancias no es acomodarse a ellas (Divar Garteiz-Aurrecoa, 2011: 131). En efecto, se constata que «muchas cooperativas son empresas que han elegido esta vestidura jurídica por intereses crematísticos (pagar menos impuestos o recibir algunas subvenciones) y cuya realidad social se aleja bastante de la ideada por los grandes ideólogos del cooperativismo» (Vargas Vasserot, 2012: 38). Ciertamente, en puridad, las llamadas entidades de la Economía Social no tienen elementos formales diferenciadores absolutos respecto a las otras entidades o empresas. Incluso su forma jurídica puede ser idéntica básicamente a otras de muy distinta filosofía. Las diferencias son internas, incluso pueden apelarse de íntimas, causales y finalistas. Cambia su teleología, no sus formalidades (Divar Garteiz-Aurrecoa, 2013: 77). En definitiva, el apoyo público que se debe dar a las entidades de la Economía Social debe fundamentarse en los roles económicos y sociológicos de las mismas, ya que éstos son, al fin y a la postre, los que constituyen las verdaderas razones que justifican dicho apoyo (Ballestero, 1990: 29). Roles económicos y sociológicos que caracterizan a la Economía Social por ser un sector (Comos Tovar, 2004: 56): generador de empleo, y empleo de calidad; aglutinador y enriquecedor de empresas; promotor de proyectos de desarrollo empresarial; integrador de personas que se comprometen con la creación y mantenimiento de su puesto de trabajo; potenciador de actividad económica, también en zonas geográficas en las que no existe alternativa; activador de servicios y prestaciones sociales nuevas, que cubren nuevas necesidades de la sociedad y ayudan a una mejor calidad de vida; recuperador de iniciativas locales de empleo y riqueza; que actúa con más fuerza allí donde la oferta de empleo decrece; que depende de la iniciativa personal; y que acoge e integra a todos los colectivos sociales. Y es que «esta Economía Social, que prioriza el mantenimiento del empleo, que mantiene una dimensión social y solidaria, además de la propiamente económica, que promueve el desarrollo local y comunitario, que es respetuosa con el medio ambiente y valora la sostenibilidad que conforma su actuación a unos principios… resulta perfectamente competente para afrontar los problemas económicos y sociales actuales» (Martínez Charterina, 2012: 75).

Igualmente, debe matizarse que en el caso de las entidades que se integren en la Economía Social por la vía de la segunda de las cláusulas aperturistas, también se requiere que las mismas sean incluidas en el Catálogo de entidades que se establece en el artículo 6. En efecto, se trata de un requisito que no se exige al resto de entidades, aunque se da por hecho que el resto de entidades también deben incluirse en dicho catálogo. Pero ello planea otra cuestión de mayor enjundia que afecta también al resto de entidades. Se trata de determinar quién y cómo controla el cumplimiento efectivo de los principios de la Economía Social por parte de las entidades. Es evidente que el Catálogo de entidades de la Economía Social no puede asumir dicha función, porque, al no tener en ningún caso carácter constitutivo, sus efectos son meramente informativos, en perfecta sintonía con su objetivo, a saber, mantener actualizado el listado de los diferentes tipos de entidades integrantes de la Economía Social (cfr. apartado III de la Exposición de Motivos y artículo 6 de la Ley 5/2011); además, lo contrario supondría confundir lo que es un catálogo y un registro, pudiendo este último, en su caso, tener efectos constitutivos, como ocurre, por ejemplo, con los Registros de Cooperativas tanto estatal como autonómicos y con el Registro administrativo de Sociedades Laborales. Cosa distinta es que la tarea de catalogación deba hacerse teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 5/2011, lo que no debe confundirse con los principios de la Economía Social que también contempla esa ley y que las entidades a catalogar deben cumplirlos en todo caso. En consecuencia, la catalogación debe realizarse teniendo en cuenta la normativa específica de cada entidad, la actividad económica y/o empresarial desarrollada, el interés perseguido por cada entidad y el ámbito de actuación dentro del Estado español (cfr. artículos 1, 2 y 3 de la Ley 5/2011). Por todo ello, ante el silencio de la ley para determinar quién y cómo debe controlar el cumplimiento de los principios de Economía Social por parte de las entidades que pretendan integrarse en la misma, se requiere un desarrollo reglamentario de la ley que esclarezca esta cuestión fundamental para poder implementar de manera justificada, con cargo a fondos públicos, medidas de fomento o promoción, difusión, formación y apoyo en relación con las entidades de la Economía Social.

(c) Respeto al mandato por el cual las entidades de la Economía Social deben regularse por sus normas sustantivas específicas, en principio, parece razonable y coherente con el objeto de «establecer un marco jurídico común para el conjunto de entidades que integran la Economía Social» que se fija en el artículo 1 de la Ley 5/2011. Ciertamente, esta ley viene a constituir el mínimo denominador común de todas las entidades de la Economía Social, pero, en el supuesto de las entidades que enumera expresamente, parte de realidades previamente existentes, que cuentan con su propia normativa, a las que ahora califica como de Economía Social siempre que cumplan con los principios que regula ex novo. Por ello, la complejidad que encierra la relación entre ese marco jurídico común y la normativa específica de cada entidad es de gran calado y debe estarse a cada caso concreto, teniendo en cuenta que cuando las normas específicas de cada entidad (leyes, reglamentos, estatutos, reglamentos de régimen interno…) choquen con el cumplimiento de los principios de Economía Social contemplados en la Ley 5/2011 no será posible aplicar las medidas públicas de fomento o promoción, difusión, formación y apoyo propias de las entidades de la Economía Social. En cualquier caso, la sinergia entre ambos estatutos jurídicos es posible si las actuaciones de fomento de la Economía Social contempladas en el artículo 8 de la Ley 5/2011 también se encaminan a reformar, cuando sea preciso, la normativa de cada entidad, con el fin de acompasarla a los principios de la Economía Social.

4. CARACTERIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA

4.1. Cooperativas

Como viene reconociendo la doctrina, «la inclusión de las sociedades cooperativas y sus asociaciones como primeros empresarios y asociaciones, respectivamente, de la Economía Social no plantea dudas, pues son el paradigma de la empresa y del empresario de Economía Social… [hasta el punto de que] los principios de la Economía Social se fraguan generalizando, hasta donde es posible, los principios cooperativos formulados por la ACI en su XXXI Congreso, celebrado en Manchester en 1995» (Paniagua Zurera, 2011: 167). Hasta el punto de que «la finalidad social de las empresas de la llamada Economía Social, no supone por sí sola una doctrina propia, ni mucho menos una cultura específica. Sencillamente necesitan aprovechar… la tradición cooperativista, única que establece un pensamiento articulado autónomo, un sistema económico de recambio… y unos principios de consecuciones jurídicas separadas, establecedores de una naturaleza jurídica que permite regular un Derecho autónomo, una hermenéutica jurídica propia y unas categorías económicas singulares» (Divar Garteiz-Aurrecoa, 2013: 77-78). «En definitiva, el cooperativismo presta sus principios a quienes buscan la potenciación de la persona hacia su perfección (Martínez Charterina, 1990: 78).

4.2. Mutualidades

A pesar de que el legislador no aclara a qué tipo de mutualidades se refiere deben incluirse en dicho concepto tanto a las Mutualidades de Previsión Social como a las Mutuas de Seguros. Por el contrario, quedan fuera del concepto de mutualidad las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, al encontrarse fuertemente intervenidas por la Administración pública (cfr. Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre).

La distinción entre las Mutualidades de Previsión Social y las Mutuas de Seguros radica, esencialmente, en la finalidad específica de las primeras, que es satisfacer la necesidad de seguridad económica de los individuos y sus familias ante los denominados «riesgos sociales», que suelen delimitarse habitualmente por el cuadro de contingencias tipificadas por el Sistema de Seguridad Social. En cualquier caso, es posible resaltar una serie de valores que pueden ser considerados como básicos del movimiento mutualista, entre los que destacan los siguientes: la igualdad y la democracia; la libertad de participación; la justicia en la distribución de la riqueza generada o equidad; la responsabilidad de los socios por sus propios actos y por la actividad de la mutualidad; y la solidaridad (Moreno Ruiz, 2000: 51 y 59). Concretamente, «las Mutualidades de Previsión Social son entidades de Economía Social propias del mercado asegurador… Su singularidad deriva precisamente de esta ambivalencia: por un lado, son entidades de Economía Social que gozan de una enorme tradición histórica que arranca de las cofradías de los siglos XI-XII, pero por otro al ser consideradas entidades aseguradoras, por su condición de persona jurídica de naturaleza privada dedicada al aseguramiento de los mutualistas, están sometidas a la normativa que con carácter general regula el mercado asegurador, si bien con importantes singularidades que tratan de respetar su peculiar naturaleza jurídica. Precisamente su calificación como entidad aseguradora ha conducido a la observancia de unos ratios de solvencia desconocidos en el mutualismo hasta tiempos no muy lejanos…» (Bataller Grau, 2008: 26).

4.3. Fundaciones

De acuerdo con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general. Ahora bien, debe recodarse que para que las fundaciones sean consideradas como entidades de Economía Social deben llevar a cabo actividad económica (cfr. artículo 5.1 de la Ley 5/2011). Por ello, debe estarse a la regulación contemplada en la Ley 50/2002 respecto a la posibilidad de que las fundaciones desarrollen actividades económicas (cfr. artículo 24). En consecuencia, según los términos legales, el objeto de la actividad económica desarrollada por las fundaciones debe estar relacionado con los fines fundacionales o las actividades desarrolladas deben ser complementarias o accesorias de las fundaciones, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia. En cualquier caso, para parte de la doctrina debe admitirse que, sin merecer exención, las fundaciones desarrollen actividades económicas sin conexión con sus fines. El límite se situaría en el propio tipo fundacional, pues carece de sentido canalizar una actividad no exenta a través de un modelo que excluye el reparto de beneficios (Llácer Matacás, 2005: 272).

Además, pueden intervenir en cualesquiera actividades económicas a través de su participación en sociedades. Más concretamente, pueden participar en sociedades mercantiles en las que no se responda personalmente de las deudas sociales.

Entre las fundaciones que llevan a cabo actividad económica debe prestarse especial atención a las Cajas de Ahorros, más si cabe tras la entrada en vigor de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, por los cambios que ésta ha materializado en su régimen jurídico. Precisamente, como consecuencia de esta ley, deben diferenciarse dos entidades de carácter fundacional, a saber, las propias Cajas de Ahorros y las Fundaciones Bancarias.

Las Cajas de Ahorros ven limitada su actividad financiera y se reduce también su ámbito de actuación territorial (cfr. apartado II de la Exposición de Motivos). También se hace un guiño al pasado, al señalarse que «se ha propuesto una vuelta al modelo tradicional de cajas al realizarse una vinculación explícita de su actividad financiera con las necesidades de los clientes minoristas y de las pequeñas y medianas empresas, de manera que este tipo de entidades financieras focalicen sus funciones en aquellas capas de la sociedad que tienen más difícil acceso a otro tipo de entidades o servicios financieros» (cfr. apartado III).

Otro de los cambios a destacar es que «se reduce el porcentaje de participación de las Administraciones públicas de un 40 a un 25 por ciento y se refuerza el papel de los impositores mediante la previsión de un nuevo mecanismo para la designación de sus representantes en la asamblea general e incrementando su presencia en la misma hasta la horquilla del 50 y 60 por ciento». Precisamente, antes de los cambios normativos que se están comentando, se previó que si las Cajas de Ahorros llegaban a desprenderse el yugo público, sería posible su calificación como empresarios de la Economía Social. Ello conllevaría un proceso de despolitización de las Cajas de Ahorros y, en paralelo, una experiencia de reprivatización y resocialización de las mismas. Ahora bien, también se advirtió que esa resocialización demanda una vuelta a las funciones originarias de las Cajas de Ahorros: la lucha contra los abusos en la intermediación crediticia, el fomento del ahorro (la captación del ahorro ciudadano) y la prestación de financiación a los más humildes y cercanos (los entornos social y local o regional). Y que si sólo tiene lugar una reprivatización, el panorama será la emulación de la banca privada o, lo que es igual, la bancarización de las cajas (Paniagua Zurera, 2011: 235-236).

Dentro de este contexto que se acaba de comentar, las Cajas de Ahorros se definen como «entidades de crédito de carácter fundacional y finalidad social, cuya actividad financiera se orientará principalmente a la captación de fondos reembolsables y a la prestación de servicios bancarios y de inversión para clientes minoristas y pequeñas y medianas empresas». Y se matiza que «la obra social de las cajas de ahorros podrá tener como destinatarios a los impositores, a los empleados de la propia caja y a colectivos necesitados, así como dedicarse a fines de interés público de su territorio de implantación» (cfr. artículo 2).

Ello no obstante, todo hace indicar que la limitación de la actividad financiera conllevará también la limitación de la obra social de las Cajas de Ahorros.

Precisamente, fruto de la limitación de la actividad financiera de las Cajas de Ahorros, surgen las Fundaciones Bancarias, debiéndose entender por tales aquellas que mantengan una participación en una entidad de crédito que alcance, de forma directa o indirecta, al menos, un 10 por ciento del capital o de los derechos de voto de la entidad, o que les permita nombrar o destituir algún miembro de su órgano de administración. Además, estas fundaciones tendrán finalidad social y orientarán su actividad principal a la atención y desarrollo de la obra social y a la adecuada gestión de su participación en una entidad de crédito (cfr. artículo 32).

Con este cambio de rumbo, todo hace pensar que las mayores posibilidades de la obra social se produzcan en el seno de las Fundaciones Bancarias. Y ello porque el crecimiento en el ámbito financiero obliga a las Cajas a transformarse en Fundaciones Bancarias, y, como se ha indicado, cabe pensar que a mayor actuación financiera debe corresponder una mayor obra social.

En efecto, cuando el valor del activo total consolidado de las Cajas de Ahorros, según el último balance auditado, supere la cifra de diez mil millones de euros; o, cuando sus cuotas en el mercado de depósitos de su ámbito territorial de actuación sean superiores al 35 por ciento del total de depósitos, las Cajas deben traspasar todo el patrimonio afecto a su actividad financiera a otra entidad de crédito a cambio de acciones de esta última y procederán a su transformación en una Fundación Bancaria, en caso de cumplir los requisitos arriba señalados, o fundación ordinaria en caso contrario, con pérdida, en cualquiera de los casos, de la autorización para actuar como entidad de crédito (cfr. artículo 34 y Disposición Adicional segunda).

4.4. Asociaciones

La principal diferencia entre asociaciones y fundaciones radica en que mientras las asociaciones tienen su base en un conjunto de personas, las fundaciones la tienen en una masa de bienes, que se unifica por su adscripción a un fin (Mora Alarcón, 2005: 31).

El régimen jurídico de las asociaciones, a efectos de calificarlas, en su caso, como entidades de la Economía Social, se establece en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación.

En cualquier caso, a tenor de lo dispuesto por la Ley 5/2011, al igual que sucede con las fundaciones, debe hacerse hincapié en que solamente podrán ser consideradas como entidades de la Economía Social las asociaciones que lleven a cabo actividad económica (cfr. artículo 5.1). Esta circunstancia nos sitúa de lleno en la problemática de las asociaciones con interés económico. Así, es evidente la existencia de asociaciones que si bien no tienen un fin económico definido como fin social, participan activamente en la producción, comercialización e intermediación de los más variados productos y actividades económicas. Pues bien, debe aclararse que aunque la asociación, en principio, no puede obtener lucro, ello no significa que no pueda contar con ingresos, pues, a este respecto, debe distinguirse entre lucro subjetivo y lucro objetivo: en la asociación no debe existir lucro, pero «sólo cuando se entiende el lucro en sentido de “lucro subjetivo”, es decir, lucro de los socios. De esta manera se pretende salvar el escollo fundamental del artículo 1665 del Código Civil, conforme al cual existiría sociedad y no asociación, cuando “dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias”» (Mora Alarcón, 2005: 277).

4.5. Sociedades Laborales

La norma a tener en cuenta respecto a las Sociedad Laborales es la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales. La definición de estas mercantiles se realiza en forma descriptiva, enumerando una serie de requisitos o características imprescindibles que han de tener para poder ser calificadas como «Sociedad Laboral» (Neila Neila, 1998: 17-27).

Ahora bien, debe advertirse que las Sociedades Laborales son unos empresarios especiales dentro del sector de la Economía Social, pues el tipo social legal no garantiza per se una gestión democrática, ni un reparto de los resultados del ejercicio económico en atención a los servicios prestados por los socios a la Sociedad Laboral. Pero ello no impide que, en los hechos, la base subjetiva de estas sociedades, el reparto del capital social entre sus socios trabajadores en forma igualitaria y sus modelos de gestión no se ajusten a los principios de la Economía Social (Paniagua Zurera, 2011: 186).

4.6. Empresas de inserción

Conforme a una definición omnicomprensiva de los aspectos más relevantes que caracterizan a las empresas de inserción puede decirse que estas empresas son «creadas para la inserción sociolaboral de personas con grandes dificultades de empleabilidad. Son empresas que contratan legalmente a todos sus trabajadores según convenio y que dedican una parte importante de sus puestos de trabajo a personas inempleadas por otras empresas. El objetivo es que estas personas se puedan formar y adaptar a un trabajo normalizado. Pasan, pues, por un proceso de aprendizaje en un trabajo real ya que estas empresas son entidades mercantiles que venden en el mercado sus servicios o productos. No hablamos de simulación de empresas, sino de un entorno real para el aprendizaje. Posteriormente, en la mayor parte de los casos, los trabajadores en inserción se contratarán en empresas normales y sus puestos de trabajo serán ocupados por nuevos trabajadores en inserción» (López-Aranguren Marcos, 2002: 157).

La plasmación de todo ello en lo estrictamente jurídico se encuentra en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, sin perjuicio de la numerosa normativa autonómica existente en materia de calificación de estas empresas, medidas de fomento de su actuación y programas de ayudas económicas. Así, de acuerdo con la Ley 44/2007, «tendrá la consideración de empresa de inserción aquella sociedad mercantil o sociedad cooperativa legalmente constituida que, debidamente calificada por los organismos autonómicos competentes en la materia, realice cualquier actividad económica de producción de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario» (cfr. artículo 4). Y respecto a estas empresas, la ley tiene por objeto regular su régimen jurídico y establecer un marco que promueva la inserción laboral de personas en situación de exclusión social a través de las mismas. En concreto, para el cumplimiento de dichos objetivos, el contenido de la ley se extiende a: establecer una regulación propia para las empresas de inserción, que posibilite su desarrollo y consolidación; determinar para las empresas de inserción los requisitos necesarios y el procedimiento a seguir, a través de los itinerarios de inserción, para la incorporación al mercado ordinario de las personas en situación de exclusión social (cfr. artículo 2); establecer un conjunto de medidas para la promoción de la inserción sociolaboral a través de las empresas de inserción y delimitar las situaciones que, en su caso, puedan determinar la adopción de tales medidas (cfr. artículo 1).

4.7. Centros especiales de empleo

La regulación de los centros especiales de empleo para la inclusión social de las personas con discapacidad se contemplan en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. Así, los centros de empleo se definen como «aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. Igualmente, los centros especiales de empleo deberán prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que se determine reglamentariamente» (cfr. artículo 43.1).

4.8. Cofradías de pescadores

El régimen jurídico de las Cofradías de pescadores tiene en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, su principal referente, aunque también deben tenerse en cuenta las distintas normas autonómicas en la materia.

Así, conforme a la Ley 3/2001, las Cofradías de Pescadores son corporaciones de Derecho público, sin ánimo de lucro, representativas de intereses económicos, que actúan como órganos de consulta y colaboración de las administraciones competentes en materia de pesca marítima y de ordenación del sector pesquero. Asimismo, gozan de personalidad jurídica plena y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Y, en todo caso, pueden ser miembros de las mismas los armadores de buques de pesca y los trabajadores del sector extractivo (cfr. artículo 45). Entre sus funciones se encuentran también prestar servicios a sus miembros y representar y defender sus intereses, así como administrar los recursos propios de su patrimonio (cfr. artículo 46).

Puede concluirse que la caracterización de las Cofradías de pescadores como corporación de Derecho público supone una especial conexión con la Administración Pública. No obstante, se constata también que dentro del género de las corporaciones sectoriales de Derecho público muestran un relativamente bajo nivel de intromisión pública, de interferencia de la Administración y de restricción a la libertad de asociación. Tampoco es muy relevante su realización directa de actividades estrictamente administrativas. Pero ello no significa que su existencia y buen funcionamiento sea irrelevante para los intereses públicos ni que, por tanto, la Administración pueda desatenderse de ello. Muy por el contrario, son necesarias para la consecución de los fines públicos implicados en la política pesquera y es ello lo que justifica su mantenimiento como corporaciones de Derecho público. Efectivamente, la eventual atribución de funciones administrativas propiamente dichas no es de ninguna forma lo único que alcanza a justificar tras la Constitución de 1978 la existencia de estas corporaciones de Derecho público. Y ello porque su relevancia para los fines públicos está muy por encima de su ejercicio de competencias administrativas strictu sensu, en la medida en que mantienen una tradición de siglos, a lo largo de los cuales han realizado una actividad de interés general consistente en atender a los intereses comunes de los pescadores, desarrollar actividades asistenciales y promover los intereses generales del sector pesquero. En definitiva, hoy en día, las Cofradías de pescadores, con independencia de sus funciones administrativas, son también esencialmente instrumentos de la política de pesca y de ordenación del sector pesquero, especialmente en los sectores artesanal y de bajura. Por ello, su actividad no administrativa no es igual a actividad enteramente privada, de defensa de intereses puramente privados que resulten irrelevantes para la Administración (Rebollo Puig, Falcón y Tella, López Benítez, 1996: 32, 33, 34, 36, 39 y 44; Casariego, 1947; Erkoreka Gervasio, 1991).

4.9. Sociedades agrarias de transformación

Las Sociedades agrarias de transformación constituyen una fórmula de asociacionismo agrario peculiar del ordenamiento jurídico español. Desde el punto de vista conceptual, se trata de «una figura híbrida entre las sociedades civiles, cooperativas agrarias y sociedades mercantiles» (Vargas Vasserot, 2010: 162). Se rigen por el Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto que regula las Sociedades agrarias de transformación, sin perjuicio de las normas autonómicas dictadas como consecuencia de la transferencia de competencias en esa materia por parte del Estado a las comunidades autónomas. Y conforme al Real Decreto 1776/1981, estas sociedades se definen como «sociedades civiles de finalidad económico-social en orden a la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales, la realización de mejoras en el medio rural, promoción y desarrollo agrarios y la prestación de servicios comunes que sirvan a aquella finalidad» (cfr. artículo 1.1).

Tomando como punto de partida dicha definición, y a los efectos de considerar a estas sociedades como entidades de la Economía Social, debe mantenerse que «en el reconocimiento de la finalidad económica-social de estas sociedades está implícito su carácter esencialmente mutualista, cuya actividad social y económica se orienta a satisfacer determinadas necesidades y aspiraciones comunes de los socios sobre la base de la ayuda mutua» (Vargas Vasserot, 2010: 162). Precisamente, como señala este autor, «esta orientación social y de prestación de servicios a favor de los socios ha servido para la inclusión sistemática de las Sociedades agrarias de transformación en el… [concepto] de las llamadas empresas de Economía Social» (Vargas Vasserot, 2010: 162). Pero, acto seguido, viene la crítica del autor a dicha inclusión de las Sociedades agrarias de transformación en entre las entidades de la Economía Social, al señalar que «si bien es cierto que… son sociedades participativas y esencialmente mutualistas, muchos aspectos de su régimen legal contradicen el ideal de la Economía Social, como, por ejemplo, que el derecho de voto o los derechos económicos del socio se puedan ejercer en proporción directa al capital aportado (voto plural), con lo que no se produce la primacía de la persona sobre el capital social ni se respeta el principio democrático; la no necesidad de dotar fondos sociales o de destinar ciertos recursos a la formación y educación de sus miembros o para el desarrollo sostenible de la comunidad; e incluso las posibles limitaciones al libre acceso de personas interesadas en formar parte del proyecto social y a la salida de los ya socios, colisionan con el principio de adhesión voluntaria y abierta» (Vargas Vasserot, 2010: 162-163; Paniagua Zurera, 2011: 218-219).

4.10. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

De acuerdo con el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la ONCE «es una Corporación de Derecho público de carácter social, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y de autoorganización, cuyos fines sociales se dirigen a la consecución de la autonomía personal y plena integración de las personas ciegas y con deficiencia visual grave, mediante la prestación de servicios sociales, que ejerce en todo el territorio español funciones delegadas de las administraciones públicas, bajo el protectorado del Estado» (cfr. artículo 1.1). Y su actividad, que está informada por los principios y valores de la solidaridad, la ausencia de ánimo de lucro y el interés general, se caracteriza por ser social, económica y empresarial, así como por regirse conforme a su normativa específica propia y gozar de un conjunto de autorizaciones públicas en materia de juego para la financiación de sus fines sociales (cfr. artículo 1.2).

Una buena síntesis de la naturaleza jurídica de la ONCE como «Corporación de Derecho público social» es la realizada por el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 171/1998, de 23 de julio, al afirmar que «la ONCE aparece configurada… como una organización de base asociativa que, además de atender a la consecución de fines privados, propios de los miembros que la integran, participa, en cuanto Corporación de Derecho público, en el desempeño de funciones públicas o de interés público en aquellos supuestos concretos en que la Administración le delega su ejercicio» (cfr. Fundamento Jurídico 4º), lo que concuerda, asimismo, con lo establecido en los Estatutos de la ONCE (cfr. Orden SPI/1015/2011, de 15 de abril), cuando se dispone que «la ONCE ejerce, además de sus funciones privativas de interés general, funciones delegadas de las Administraciones Públicas, con las que actúa en régimen de complementariedad, consistentes en la prestación de servicios sociales de interés general, para cuya financiación dispone de los derechos y beneficios que le han venido siendo reconocidos por la legislación vigente desde su creación» (cfr. artículo 1.Seis).

Profundizando en esta mixtura, en primer lugar, debe subrayarse que «la atribución de una determinada naturaleza jurídica a la ONCE por parte de la Administración, se debe a dos razones fundamentales: primera, se le atribuye la explotación de una concesión estatal del monopolio de las loterías; segunda, se le encarga la realización de determinadas funciones que originariamente corresponderían a la Administración, y que por delegación realiza la ONCE» (Pérez Gálvez, 2006: 274). En concreto, las funciones delegadas, se relacionan necesariamente con el hecho mismo de la afiliación y de las prestaciones sociales que la ONCE otorga a sus afiliados, por lo que la materia de especial protección pública es la relativa a la afiliación o relación de pertenencia a la corporación (De Lorenzo García, Ruperez Antón, San Miguel Canovas, 1990: 420). En ese sentido, basta con observar la misión y los fines de la organización (cfr. artículo 2 del Real Decreto 358/1991 y artículo 6 de la Orden SPI/1015/2011). Por su parte, las funciones privativas de la organización responden a su naturaleza corporativa y asociativa, es decir a la autonomía en la propia organización y fijación de criterios de funcionamiento, así como de todas las relaciones con terceros (Pérez Gálvez, 2006: 276). Así se deduce también del artículo 6.3 de la Orden SPI/1015/2011, cuando señala que «para dar cumplimiento a la misión y fines sociales indicados [que son las funciones delegadas] la ONCE articulará un conjunto de servicios, prestaciones y actividades cuya concreción se llevará a cabo en los términos, condiciones y alcance que establezca el Consejo General y la normativa interna de la ONCE que los regule…».

Finalmente, al estatus de Corporación de Derecho público que presenta la ONCE, en los términos expresados, la Ley 5/2011, le añade, como se ha indicado, la naturaleza de «organización singular de Economía Social» (cfr. Disposición Adicional tercera). Naturaleza que también queda reflejada en sus Estatutos (cfr. artículo 1.Cinco de la Orden SPI/1015/2011).

5. CONCLUSIONES

Primera. La Ley 5/2011 concreta las entidades de la Economía Social con la pretensión de crear la certidumbre jurídica que hasta su aprobación faltaba en el ordenamiento jurídico español. Sin embargo, dicha pretensión no se cumple plenamente, y es necesario tener presentes ciertas cuestiones que, conforme a la coherencia internormativa, condicionan la consideración de las entidades que, a priori, se consideran por el legislador como integrantes de la Economía Social.

Segunda. Todas las entidades identificadas hasta la fecha deben desarrollar, cuando menos, actividades económicas. Ahora bien, las entidades que a futuro podrán incorporarse deberán realizar alguna actividad económica y empresarial. Por tanto, las entidades del denominado Tercer Sector quedan fuera, en todo caso, del concepto de Economía Social.

Tercera. Pese a la literalidad de ciertos pasajes de la Ley 5/2011, todas las entidades de Economía Social deben cumplir con los principios orientativos de Economía Social señalados por la propia ley. Con otras palabras, la mera enumeración de las entidades de Economía Social que se realiza en el artículo 5 de la ley no es suficiente para calificar jurídicamente como tal a las mismas. Lo esencial es analizar la realidad subyacente en cada caso concreto. Sólo así es posible señalar si una entidad se ajusta o no a los principios de la Economía Social, con el fin último de justificar la existencia de los roles económicos y sociológicos que avalan el apoyo a este tipo de entidades.

Cuarta. La principal cuestión que condiciona la operatividad de la Ley 5/2011 radica en la falta de concreción de quién y cómo debe controlar el cumplimiento efectivo de los principios de la Economía Social por parte de las entidades. Por consiguiente, se requiere un desarrollo reglamentario que esclarezca esta cuestión.

Quinta. La prevalencia declarada por la Ley 5/2011 de la normativa específica de cada entidad considerada como de Economía Social sobre la misma ley debe matizarse, pues no será posible aplicar las medidas públicas de fomento o promoción, difusión, formación y apoyo propias de las entidades de la Economía Social cuando existan disfuncionalidades entre esa normativa específica y los principios de la Economía Social. En consecuencia, se requiere que la actuación de fomento de la Economía Social se centre, cuando sea preciso, en la reforma de la normativa de cada entidad.

Sexta. La caracterización de las entidades que conforme a la Ley 5/2011 se integran en la Economía Social demuestra las siguientes cuestiones:

(a) La conexión entre los principios cooperativos y de la Economía Social.

(b) El concepto de mutualidades integra tanto a las mutualidades de previsión social voluntaria como a las mutas de seguro, por los valores básicos que comparten, pero no a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

(c) Las fundaciones y las asociaciones deben llevar a cabo necesariamente una actividad económica para poder ser consideradas entidades de la Economía Social. Entre las fundaciones destacan las Cajas de Ahorros y las Fundaciones Bancarias, tras la entrada en vigor de la Ley 26/2013. Si bien la nueva regulación de las Cajas de Ahorros presupone una vuelta a su esencia, sobre todo, por sus límites territoriales, sus principales destinatarios y la reducción de la participación de las Administraciones públicas, la limitación de su actividad financiera conlleva también la limitación de su obra social. Por su parte, las Fundaciones Bancarias, debido a su mayor capacidad de actividad financiera, es previsible que puedan desarrollar una mayor obra social, más si cabe teniendo en cuenta ope legis su finalidad social y que su actividad principal debe orientarse también a dicha obra social y no sólo a la participación en entidades de créditos.

(d) Las Sociedades Laborales, las empresas de inserción y los centros especiales de empleo son proclives a ajustarse a los principios de la Economía Social.

(e) Las cofradías de pescadores y la ONCE, pese a ser Corporaciones de Derecho público, destacan no tanto por el cumplimiento delegado de funciones administrativas, sino que por desempeñar funciones de interés general, desbordando así el mero asociacionismo de carácter privado.

(f) Las sociedades agrarias de transformación, pese a su esencia mutualista, contradicen en muchos aspectos los principios de la Economía Social, tanto en lo que atañe a los derechos económicos como a los políticos.

BIBLIOGRAFÍA

BALLESTERO, E. (1990). Economía social y empresas cooperativas. Madrid: Alianza Editorial, 2ª edición.

BATALLER GRAU, J. (2008). Las entidades de Economía Social en un entorno globalizado: planteamiento de problemas. En: Bataller Grau, J. (Dir.). Las entidades de Economía Social en un entorno globalizado. Madrid: Marcial Pons.

CASARIEGO, J.E. (1947). Historia del Derecho y de las Instituciones Marítimas del Mundo Hispánico. Madrid: José Ruiz Alonso, Impresor.

COMOS TOVAR, C. (2004). La Economía Social y sus organizaciones representativas en España. En: Juliá Igual, J.F. (Coord.). Economía Social. La actividad económica al servicio de las personas. Almería: Caja Rural Mediterránea. Cajamar.

DE LORENZO GARCÍA, R.; RUPEREZ ANTÓN, E.; SAN MIGUEL CANOVAS, F. (1990). La Organización Nacional de Ciegos Españoles. Análisis de un modelo organizativo singular. Madrid: La Ley.

DIVAR GARTEIZ-AURRECOA, J. (2011). Las cooperativas: una alternativa económica. Madrid: Dykinson.

(2013). Economía y democracia. Madrid: Dykinson.

ERKOREKA GERVASIO, J.I. (1991). Análisis Histórico-Institucional de las Cofradías de Mareantes del País Vasco. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

FAJARDO GARCÍA, I.G. (2012). El fomento de la “Economía Social” en la Legislación española». Revesco. Revista de Estudios Cooperativos, núm. 107.

LÓPEZ-ARANGUREN MARCOS, L.M. (2002). Las empresas de inserción en España. Un marco de aprendizaje para la inserción laboral. Madrid: Consejo Económico y Social.

LLÁCER MATACÁS, M.R. (2005). Fundaciones con actividad económica y responsabilidad de los patronos. En: VVAA. Asociaciones y Fundaciones. XI Jornadas de la Asociación de Profesores de Derecho Civil. Murcia: Servicio de Publicaciones. Universidad de Murcia.

MARTÍNEZ CHARTERINA, A. (1990). Análisis de la Integración Cooperativa. Bilbao: Universidad de Deusto.

(2012). Economía social, entre la economía pública y la privada capitalista. Deusto Estudios cooperativos, núm. 1.

MONZÓN CAMPOS, J.L. (Resp.) (2009). Informe para la elaboración de una Ley de fomento de la Economía Social.

MORA ALARCÓN (2005). Asociaciones civiles. Adaptado a las leyes nacionales y autonómicas. Valencia: Tirant lo Blanch.

MORENO RUIZ, R. (2000). Mutualidades, Cooperativas, Seguro y Previsión Social. Madrid: Consejo Económico y Social.

NEILA NEILA, J.M. (1998). Sociedades Laborales. Análisis sistemático de la Ley 4/1997, de 24 de marzo. Madrid: Dykinson.

PANIAGUA ZURERA, M. (2011). Las empresas de la Economía Social. Más allá del comentario a la Ley 5/2011, de Economía Social. Madrid: Marcial Pons.

PAZ CANALEJO, N. (2012). Comentario sistemático a la Ley 5/2011, de Economía Social. Valencia: Tirant lo Blanch.

PÉREZ GÁLVEZ, J.F. (2006). La Organización Nacional de Ciegos Españoles O.N.C.E. (Corporación de Derecho Público, de Carácter Social). Madrid: Fundación ONCE para la cooperación e integración social de personas con discapacidad.

PÉREZ GINER, F. (s/f). La Economía Social: concepto y entidades que comprende. Cuadernos de Trabajo, núm. 17. CIRIEC-España.

REBOLLO PUIG, M.; FALCÓN Y TELLA, R.; LÓPEZ BENÍTEZ, M. (1996). Naturaleza y régimen jurídico de las Cofradías de pescadores. Córdoba: Servicio de publicaciones. Universidad de Córdoba.

VARGAS VASSEROT, C. (2010). Las Sociedades Agrarias de Transformación. Aproximación crítica a su régimen legal. Revista de Derecho de Sociedades, núm. 35.



[1] Profesor Doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Deusto. Bilbao. Dirección de correo electrónico: javier.arrieta@deusto.es