REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos

ISSN: 1885-8031

 

http://dx.doi.org/10.5209/REVE.61932

 

Aspectos económico-contables de la transformación de una sociedad limitada en una cooperativa

Emilio Mauleón Méndez[1], Carlos Mulet Forteza[2] y Juana Isabel Genovart Balaguer[3]

Recibido: 29 de junio de 2018 / Aceptado: 30 de agosto de 2018

Resumen. La Ley 3/2009 sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles ha supuesto un impulso a los procesos de transformación de empresas, al armonizar la dispersión regulatoria existente hasta ese momento, facilitando desde el punto de vista legal los procesos de transformación. En el presente trabajo profundizaremos en los procesos de transformación socialmente responsables, en particular, la transformación de la sociedad de responsabilidad limitada hacia una sociedad cooperativa. Esta transformación supone un cambio de filosofía en la posición del socio respecto a la empresa en la que participa, al pasar de ser un simple inversor a involucrarse en la actividad cooperativa como actor principal de la misma. También puede afectar al régimen de responsabilidades de los socios y la estructura del capital. Éste y otros cambios sustanciales que se producirán en el régimen jurídico y económico de la entidad objeto de transformación traerán consecuencias en el plano contable. Por ello, una vez detallados los aspectos económicos y jurídicos de la transformación de la sociedad limitada en cooperativa, analizaremos las peculiaridades contables que se derivan de la operación, basándonos tanto en la normativa sustantiva de las dos entidades en liza, como en la normativa contable vigente, concretamente el Plan General de Contabilidad, las Normas sobre aspectos contables de las sociedades cooperativas y el proyecto de Resolución de Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas que afecta a estas operaciones. Trataremos las singularidades que afectarán al balance de transformación, las consecuencias sobre el capital social del ejercicio del derecho de separación del socio que no esté conforme con la transformación, la reclasificación contable del capital y las particularidades contables que conciernen a otras partidas del balance de la sociedad limitada al transformarse en cooperativa, como pueden ser los fondos de reserva, las subvenciones y los activos y pasivos por impuesto diferido.

Palabras clave: Cooperativas; Transformación; Contabilidad de cooperativas; Contabilidad de sociedades; Transformación socialmente responsable; Economía social.

Claves Econlit: P13; P12; M41; G34.

[en] Economic and accounting issues of the transformation of limited liability companies into cooperative entities

Abstract. The Companies Structural Modifications Act (Ley 3/2009 sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles) has boosted the processes of companies’ transformation, since it has unified the regulatory dispersion existing up to that moment and has facilitated the transformation processes by law. In the present paper we will deepen in the processes of socially responsible transformation, in particular, in the transformation of a limited-liability company towards a cooperative. This transformation implies a change of attitude of the partner towards the company in which he participates. The partner changes from being a simple investor to becoming involved in the cooperative activity as the main actor of it. It can also affect the responsibilities of the partners and the structure of share capital. This and other substantial changes that will occur in the legal and economic framework of the entity that is transformed will bring consequences in the accounting plane. Therefore, once the economic and legal aspects of the transformation of the limited-liability company into a cooperative are detailed, we will analyze the accounting peculiarities that derive from the operation. We rely both on the substantive regulations of the two entities, as well as on current accounting regulations, specifically the General Accounting Plan, the Rules on accounting aspects of cooperative societies and the draft Resolution of the Institute of Accounting and Accounts Auditing that affects to these operations. We will analyze the singularities that will affect the balance of transformation, the consequences on the share capital of the partner separation who is not satisfied with the transformation, the accounting reclassification of the share capital and the accounting particularities that concern other items of capital resources from the limited-liability company to become a cooperative, such as reserve funds.

Keywords: Cooperatives; Transformation; Cooperative accounting; Company accounting; Socially responsible transformation; Social economy.

Sumario. 1. Introducción, antecedentes históricos y revisión bibliográfica. 2. Razones coadyuvantes a la transformación de sociedad limitada en cooperativa. 3. Aspectos económicos y jurídicos derivados de la transformación de la sociedad limitada en sociedad cooperativa. 4. Aspectos contables del proceso de transformación. 5. Conclusiones. 6. Referencias bibliográficas.

Cómo citar: Mauleón Méndez, E., Mulet Forteza, C. y Genovart Balaguer, J.I. (2018) Aspectos económico-contables de la transformación de una sociedad limitada en una cooperativa. REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, Tercer Cuatrimestre, Nº 129, pp. 183-208. DOI: 10.5209/REVE.61932.

1. Introducción, antecedentes históricos y revisión bibliográfica

La transformación es una operación social permitida por nuestro ordenamiento jurídico por la cual, una sociedad se desprende de su forma jurídica originaria para adoptar un tipo social diferente, que se ajuste mejor a las necesidades de sus socios para que puedan atender su modelo de negocio y permita cumplir los objetivos de la entidad con mayores garantías. De acuerdo con León (2008: 20) en ocasiones, para continuar el desarrollo de la actividad empresarial y articular correctamente los intereses de los socios, resulta adecuado cambiar el tipo social elegido en un principio, aunque sin tener que proceder a la extinción y nueva creación de la sociedad. Por ello, la transformación social no implica un cambio en la identidad[4], ya que la sociedad sigue conservando su personalidad jurídica. Por otro lado, y a fin de otorgar seguridad y estabilidad a las operaciones frente a terceros y a los socios afectados por el proceso, la conversión debe desarrollarse velando siempre por la continuidad en la titularidad de derechos y obligaciones.

A nivel normativo, la Ley 3/2009 sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (LME, en adelante) logra aunar la dispersión regulatoria existente hasta ese momento en materia de transformaciones de empresas y fusiones. La Ley de sociedades anónimas de 1951 fue la primera en prever la transformación de sociedades, ya que con la legislación anterior, si una entidad quería modificar su tipo social debía iniciar un proceso de disolución y liquidación para posteriormente constituirse en el tipo social elegido (Fajardo, 2010). Con posterioridad a la Ley de 1951, esta operación fue regulada de diferente modo por la normativa propia de cada tipo social, generando reiteraciones normativas, lagunas y contradicciones (Larriba y Mir, 2010) que dificultaban y desalentaban en exceso el proceso, por lo que la LME supuso un gran avance en este sentido.

Nuestra investigación en este campo se centra en la transformación desde y hacia las sociedades cooperativas. Aunque dichas entidades no se incardinan en el elenco de sociedades de capital, entendemos que los procesos de transformación de las mismas deberían tomar como marco normativo de referencia la LME, al afirmar ésta en su exposición de motivos que “se trata de una normativa general mercantil sobre modificaciones estructurales de las sociedades y, en cuanto ley general mercantil, aplicable a cualquier sociedad de esta naturaleza, con independencia de la forma o del tipo social”. Realizamos dicha afirmación, habida cuenta de la discusión doctrinal existente a lo largo del tiempo sobre la naturaleza mercantil de la sociedad cooperativa, en la que nosotros nos posicionamos por su carácter mercantil, atendiendo al concepto de empresa o empresario, antes que reflexionar en su carácter lucrativo o no lucrativo[5]. Sin embargo, según los artículos 2 y 7 de la LME, cuando en la transformación intervenga una sociedad cooperativa, los requisitos y efectos de la misma deberán regirse por la legislación que les sea aplicable. Es decir, la operación adoptará una regulación transversal, debiendo regirse tanto por la normativa propia de la cooperativa (sea ésta la entidad originaria o la de destino), como por la norma jurídica de la otra tipología social que entra en liza.

A nivel doctrinal, la transformación en la que interviniera una cooperativa no fue una operación que gozara de general aceptación en nuestro país, predominando las transformaciones hacia la fórmula cooperativa y no en la trayectoria inversa. En este sentido, la Ley de sociedades de responsabilidad limitada de 1995, supuso un hito, pues reconoció expresamente la transformación de una sociedad limitada (SL en adelante) en cooperativa y viceversa. También lo hizo posteriormente la Ley de cooperativas estatal (LC, en adelante) en 1999 y más recientemente, como hemos visto anteriormente, la LME en 2009.

En el ámbito cooperativo, la regulación de los procesos de transformación hacia la fórmula cooperativa se inició tímidamente en el sector de los seguros (Ley 33/1984 de ordenación del seguro privado), incorporándose al año siguiente en la Ley Valenciana y en la Andaluza de cooperativas (Ley 11/1985 y 2/1985, respectivamente) la posibilidad, para las entidades aseguradoras y las sociedades agrarias de transformación, de transformación en cooperativas. La Ley General de Cooperativas de 1987 también reconoció dicha posibilidad a determinadas sociedades anónimas y limitadas (principalmente las laborales o las que sus trabajadores fueran titulares de, al menos, el 50% del capital social). Pero la transformación de cooperativas en otras formas sociales y viceversa, de forma general, no tuvo lugar hasta la década de los noventa[6].

El proceso que analizaremos en el presente trabajo consiste en la transformación de una entidad capitalista, la SL, en sociedad cooperativa. Una vez detallados someramente los aspectos económicos y jurídicos que conllevará dicha transformación, nos centraremos en analizar las peculiaridades contables que derivarán de la operación, basándonos tanto en la normativa sustantiva de la cooperativa y la propia de la entidad transformada (SL), como en la normativa contable vigente, concretamente, el Plan General de Contabilidad, las Normas sobre aspectos contables de las cooperativas y el proyecto de Resolución de Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas que afecta a estas operaciones[7] (PRICAC en adelante). En particular, analizaremos el estado de la regulación contable de estas operaciones, así como un conjunto de puntos peculiares en las transformaciones, a saber: la financiación mediante empréstitos, los balances de transformación, el ejercicio de derecho de separación de socios, la cifra y calificación contable del capital, otras partidas del patrimonio neto afectadas por este proceso y la fecha de efectos contables de la transformación. Por último, detallaremos las principales conclusiones que se derivan de nuestra investigación, así como las limitaciones observadas y las líneas de investigación futuras en este sentido.

Existen estudios previos realizados sobre la materia de nuestro trabajo que se centran en diversos aspectos. Sobre la responsabilidad y relevancia social de estos procesos de transformación destacan los trabajos de Browing y Lewchuk (1990), Ferrando (2013), Coceta (2015) y Vargas (2017). El aspecto legal puede estudiarse en Alfonso (1997 y 2002), León (1997), Alonso (2000), Rodríguez (2001 y 2009), Nagore (2001 y 2010), Macías (2002 y 2006), Fajardo (2010), Sacristán (2010), Divas y Gadea (2013) y Vargas, Gadea y Sacristán (2017). Abordan el plano fiscal Bahía (2007 y 2010) y Aguilar (2015). Y por último, en el estudio de los aspectos contables hay pocas aportaciones, destacando Rojo, Estaban y Sánchez (2001) que ya contemplaban algunas problemáticas contables de la transformación de la cooperativa en una SL, si bien este trabajo previo a la reforma contable del PGC de 2007 y a la aprobación de las Normas sobre aspectos contables de las cooperativas (que datan de 2010). Larriba y Mir (2010) tratan los aspectos contables de las transformaciones, pero desde una perspectiva general sin centrarse en las cooperativas. Y por último, el trabajo de Crespín y Fruet (2018) se ciñe a un aspecto muy concreto, la determinación del momento del cálculo y del importe de los fondos a reintegrar por una cooperativa que se transforma en una sociedad limitada. Por tanto, nuestro trabajo es oportuno, pues viene a aportar un avance en el estudio y conocimiento de los aspectos económicos y contables relativos a la transformación de sociedades limitadas en cooperativas, recogiendo además la última doctrina contable derivada del proyecto de Resolución de Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas que afecta a estas operaciones, de abril de 2018.

2. Razones coadyuvantes a la transformación de sociedad limitada en cooperativa

Cierto es que en la transformación societaria encontramos un valioso instrumento para procesos de reestructuración socialmente responsables. La Resolución del Parlamento Europeo de 8 de septiembre de 2010, proclamaba el apoyo al empleo autónomo mediante la figura de la empresa de economía social. Para afianzar dicha proclamación, uno de los pilares del sostenimiento del bienestar social deberían ser las cooperativas y las asociaciones económicas civiles, por lo que se deberían fomentar en las futuras políticas de empleo (Divar y Gadea, 2013: 56). Por otro lado, el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “cooperativas y reestructuración” (2012/C 191/05) recomienda la implantación de medidas que faciliten la transferencia de empresas a los trabajadores (Vargas, 2017), promoviendo mediante una línea presupuestaria específica, el apoyo a las cooperativas de trabajo asociado y la adquisición de empresas por sus trabajadores.

La transformación de una SL hacia la figura cooperativa podría barajarse como solución social ante la imposibilidad de mantener la estructura capitalista de la entidad. Pensemos por ejemplo en una empresa que ante ciertas dificultades (financieras, crisis de ventas, mala gestión empresarial, entre otras), o ante problemas de sucesión (jubilación o fallecimiento de sus actuales propietarios), opte por transformarse en una cooperativa formada ab initio por sus actuales trabajadores, evitando así el cese de actividad o la venta a algún agente especulador, hechos que harían peligrar los actuales puestos de trabajo. En este sentido, Vargas (2017) aboga por la transmisión de empresas en crisis a sus propios trabajadores, para continuar con el proyecto empresarial de la entidad en crisis y evitar el cese de actividad o la venta especulativa. Es más, dicho autor respalda la transmisión de la empresa a los trabajadores antes del concurso de acreedores, mediante fórmulas empresariales de economía social como pueden ser las cooperativas de trabajo asociado o las sociedades laborales. Sin embargo, el panorama de nuestro país no es nada esperanzador en este sentido, observándose a nivel europeo un apoyo a este tipo de reestructuraciones sociales muy superior al del legislador español.

3. Aspectos económicos y jurídicos derivados de la transformación de la sociedad limitada en sociedad cooperativa

La posibilidad de transformar una SL en cooperativa ya estaba prevista en la derogada Ley 2/1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada (art. 87), aunque de conformidad a lo previsto en la legislación propia de las cooperativas. La posterior LME, siguió permitiendo la transformación al enunciar en su artículo 4 que “una sociedad cooperativa podrá transformarse en sociedad mercantil, y una sociedad mercantil inscrita en sociedad cooperativa[8]”, condicionado a que los requisitos y efectos de la transformación de la cooperativa se rijan por la legislación que le sea aplicable. Por consiguiente, este proceso deberá realizarse bajo el acuerdo y coordinación de dos legislaciones, a saber, la que regula la SL y la normativa sustantiva cooperativa. Recordemos que al no haberse reservado el Estado la competencia normativa en materia cooperativa, en la actualidad coexiste una norma estatal de cooperativas con dieciséis normativas autonómicas en este sentido[9]. Por ello, deberemos atender al lugar en el que se realizará la actividad de la entidad transformada, para analizar la legislación que le será aplicable al proceso de transformación[10].

Por otra parte, la transformación de una entidad jurídica en otra puede provocar alteraciones sustanciales en diferentes aspectos de la sociedad, entre otros, la finalidad del objeto social y la actividad realizada por la entidad y su relación con los socios; el régimen de responsabilidades que deben asumir los socios; y el régimen patrimonial o la estructura de su capital. En este apartado analizaremos estas problemáticas en el contexto que nos ocupa, la transformación de la SL en entidad cooperativa.

Al inicio de la transformación, la LME (art. 9.1) establece que los administradores deberán poner a disposición de los socios gratuitamente, bien en el domicilio social o bien por medios electrónicos, los siguientes documentos[11]: a) el informe de los administradores que explique y justifique los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, e indique asimismo las consecuencias que tendrá para los socios, así como su eventual impacto de género en los órganos de administración e incidencia, en su caso, en la responsabilidad social de la empresa; b) el balance de la sociedad a transformar, que deberá estar cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha prevista para la reunión, junto con un informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas que hayan podido tener lugar con posterioridad al mismo; c) el informe del auditor de cuentas sobre el balance presentado, cuando la sociedad que se transforme esté obligada a someter sus cuentas a auditoría; y d) el proyecto de escritura social o estatutos de la sociedad que resulte de la transformación, así como, en su caso, otros pactos sociales que vayan a constar en documento público.

El régimen jurídico de la transformación, como el de otras modificaciones estructurales, ofrece un procedimiento y sistema de garantías para terceros y para los propios socios. En relación a los socios, Macías (2002: 71-72), considera que dicho procedimiento y sistema de garantías se plasma en un sistema de información, de publicidad, de mayorías cualificadas y de derecho de separación del socio disidente. Es precisamente en el sistema de información, donde consideramos que debe enmarcarse la exigencia legal del balance de transformación, pues éste contribuirá a conocer los fundamentos económicos de la operación y de qué manera afecta a sus intereses, contribuyendo a enjuiciar la corrección del proyecto de acuerdo y decidir sobre su oportunidad y conveniencia (León, 2008: 24-25).

Una vez adoptado el acuerdo en sede de junta, conforme a la ley estatal cooperativa (secundada por la mayoría de leyes autonómicas), la transformación deberá formalizarse en escritura pública que deberá contener: el acuerdo de transformación correspondiente; los estatutos de la nueva sociedad; la identificación de las personas que han de ocupar los distintos cargos del primer Consejo Rector, el de interventor o interventores y declaración de que no están incursos en causa de incapacidad o prohibición alguna para desempeñarlos establecida en esta u otra Ley; una declaración de que no existe otra entidad con idéntica denominación; el balance de la entidad transformada cerrado el día anterior a la adopción del acuerdo; la relación de socios que se integrarán en la cooperativa así como su participación en el capital; los socios que hubieran hecho uso del derecho de separación y las menciones que exija la LME por las que se rige la SL.

En cuanto al objeto social y la actividad realizada por la entidad, hay que hacer hincapié en el cambio de filosofía que supone esta transformación en la posición del socio respecto a la empresa en que participa. La SL, como entidad capitalista que es, tiene como objetivo principal el incremento de la inversión que han realizado los socios en forma de capital. Sin embargo, el objetivo de la cooperativa se aleja de una simple retribución al fondo patrimonial, ya que consiste principalmente en mejorar la condición del socio, bien como trabajador, bien como proveedor o cliente de la entidad, todo ello con un espíritu democrático y colectivo, de solidaridad y servicio a un interés general. Por ello, al transformarse una SL en cooperativa, los socios dejarán de ser simples inversores capitalistas para involucrarse en la actividad económica de la entidad, bien como trabajadores, bien como proveedores o consumidores[12]. Sin embargo, cierto es que la figura del inversor capitalista puede existir en la cooperativa, al admitirse la existencia de socios colaboradores o asociados que son los que no participan directamente en la actividad, pero ayudan a su consecución. Sin embargo, no todo el capital de la SL podrá dejarse en manos de socios colaboradores o asociados, dado que la cooperativa limita las aportaciones que éstos pueden realizar al capital social, teniéndose que conformar el capital cooperativo mayoritariamente por las aportaciones de socios comunes, que son los que participan en la actividad cooperativizada. Así, la LC[13] al tratar el proceso de transformación hacia una cooperativa, enuncia que los miembros de la entidad transformada deberán asumir la posición de cooperadores en relación con el objeto social previsto para la cooperativa. Los socios dejarán de ser simples inversores para involucrarse en la actividad de la cooperativa como actores principales de la misma.

Respecto al régimen de responsabilidades, la LC insta a que el socio que tuviera responsabilidad personal por las deudas contraídas con anterioridad al acuerdo de transformación, mantenga dicha responsabilidad al convertirse en sociedad cooperativa, salvo que los acreedores hubieran consentido expresamente el proceso de transformación. Sin embargo, dado que los socios de la SL no responden personalmente por las deudas sociales y el régimen de responsabilidad de los socios por las deudas sociales que marca la LC está limitado a las aportaciones de capital suscritas, entendemos que la transformación no generaría controversia en este sentido. Por el contrario, la legislación cooperativa de cinco comunidades autónomas, Aragón, Extremadura, Navarra, Madrid y la Comunidad Valenciana[14], permiten que por vía estatutaria pueda otorgarse responsabilidad ilimitada a los socios por las deudas sociales. Así, si los estatutos recogieran dicha opción, cosa harto improbable, deberíamos plantear la duda respecto a la responsabilidad de las deudas contraídas con anterioridad a la transformación. La LME resuelve el problema en su artículo 21 al afirmar que si los socios, en virtud de la transformación asumen responsabilidad ilimitada por las deudas sociales, responderán en la misma forma de las deudas anteriores a la transformación. El mismo planteamiento recoge la Ley de Cooperativas de Extremadura (art. 81.5) y la Ley Estatal de Cooperativas; por el contrario, la Ley Navarra y la de la Comunidad Valenciana recogen en su articulado que la transformación en cooperativa no altera el régimen de responsabilidad por las deudas sociales contraídas con anterioridad al acuerdo.

En relación a la configuración del capital social, hay de señalar que las participaciones sociales de una SL se convertirán en aportaciones sociales a una cooperativa. El artículo 12 LME afirma que el acuerdo de transformación no podrá modificar la participación social de los socios, si no es con el consentimiento de todos los que permanezcan en la sociedad. Se establece una protección del socio disconforme con el proceso de transformación al admitirse la posibilidad de que los socios que no hubieran votado a favor del acuerdo pudieran separase de la sociedad que se transforma, valorándose sus participaciones conforme está establecido para las SL y que trataremos en el apartado 4.4 de este trabajo. Siguiendo el razonamiento dado por Sacristán (2010:187), al socio le interesará más separarse de la sociedad con anterioridad a la transformación, siendo todavía SL, que una vez que ya se erige en entidad cooperativa. Entendemos que esto es así debido a que el valor razonable de las participaciones que recibirá el socio disidente en la SL, es proporcional al valor patrimonial de la entidad. Por el contrario, si un socio cooperativista se separa de la cooperativa, únicamente recibe el reintegro de las aportaciones que realizó en su día al capital, en el mejor de los casos, actualizadas al valor de la moneda en el momento de la separación y con la posibilidad de que se le haya imputado la parte correspondiente de las pérdidas sociales de la entidad.

En el proceso de transformación debe tenerse presente si la cifra de capital social de la entidad originaria va a verse afectada por el propio proceso (por ejemplo por el derecho de separación de socios) y si ésta se adecúa o no a las exigencias normativas de la forma social de destino. En el caso que nos ocupa sabemos que la cifra de origen mínima será de tres mil euros y la cifra mínima de la cooperativa variará según el carácter estatal o autonómico de la sociedad. En el Tabla 1 presentamos la cifra de capital mínimo legal de las cooperativas en nuestro país atendiendo a la tantas veces criticada diversidad normativa.

Tabla. 1. El capital social mínimo legal de las cooperativas en España

Legislación

Art.

Capital social mínimo

Estatal

45.2

El consignado en estatutos

Andalucía

54

El consignado en estatutos

Aragón

48.1

3.000 €

Asturias

4

3.000 €

Baleares

69.2

1.803 €

Cantabria

6

3.000 €

Castilla-La Mancha

7.1

3.000 €

Castilla y León

4 y 118.2

2.000 €

Cataluña

70

3.000 €

Euskadi

4

3.000 €

Extremadura

3.1

3.005,06 €

Galicia

5

3.000 €

La Rioja

61.2

1.803 €

Madrid

49.1

1.800 €

Murcia

64

El consignado en estatutos

Navarra

7

1.500 €

Valencia

55

3.000 €

Fuente: elaboración propia

Del análisis de la Tabla 1, podemos concluir que no surgirán problemas de capital social mínimo en la transformación de una SL a una sociedad cooperativa, salvo en Extremadura, donde el capital mínimo cooperativo supera el capital mínimo legal de una SL.


4. Aspectos contables del proceso de transformación

4.1. Regulación contable aplicable a las transformaciones

Rojo, Esteban y Sánchez (2001: 61) definen las operaciones societarias en el ámbito económico-contable, como “aquellos procesos mediante los cuales se produce un cambio de la situación o estado social de la organización empresarial, debido a circunstancias varias como son la liquidación, la transformación, la fusión, la absorción y la escisión de una sociedad”.

El preámbulo de la LME entiende por “modificaciones estructurales”, aquellas alteraciones de la sociedad que van más allá de las simples modificaciones estatutarias para afectar a la estructura patrimonial o personal de la sociedad, y que, por tanto, incluyen la transformación, la fusión, la escisión y la cesión global de activo y pasivo. Así vemos como la transformación, a nivel jurídico, está regulada junto a otras operaciones como la fusión, la escisión y la cesión global de activo y pasivo. Sin embargo, no ocurre lo mismo en la regulación contable, donde el panorama es distinto.

Con anterioridad a la aprobación del vigente PGC, las operaciones de fusión, de escisión y de cesión global de activo y pasivo, a pesar de contar con una prolija doctrina mercantil, no contaron en nuestro país con una regulación contable propia. En dicha época y en ausencia de una norma contable reguladora de este tipo de operaciones, toma gran relevancia el “Borrador de normas de contabilidad aplicables a las fusiones y escisiones de sociedades”, elaborado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en 1993[15]. El PGC subsana esta laguna de la normalización y dota al modelo contable y por consiguiente al tráfico empresarial, de la deseable seguridad jurídica, al regular las “Combinaciones de negocios” en su norma de registro y valoración décimo novena[16].

Podría pensarse en un principio, que la regulación contable de las transformaciones debió quedar al abrigo de esta norma de valoración. Sin embargo no es así y resulta lógico. La norma de registro y valoración décimo novena del PGC, regula la forma en que las empresas deben contabilizar las combinaciones de negocios, entendidas como aquellas operaciones en las que una empresa adquiere el control de uno o varios negocios. Y en una transformación societaria falta precisamente este elemento nuclear, pues no hay una toma de control de un negocio por otra empresa, pues estamos ante un cambio en la forma social conservando siempre su personalidad jurídica, donde el negocio, por lo general, sigue bajo el control de los mismos socios.

Así pues, no encontramos una norma contable única que sirva de referente al tiempo de contabilizar un proceso de transformación social. Habremos de acudir a la LME, Ley de sociedades de capital (LSC en adelante), LC, Reglamento del Registro Mercantil (RRM en adelante), a las distintas normas autonómicas cooperativas y al PRICAC. Empero desde la perspectiva contable, las operaciones de transformación de entidades son acreedoras de un conjunto de peculiaridades que vamos a desarrollar a partir de este punto en nuestro trabajo.

4.2. La financiación mediante empréstitos

La financiación empresarial mediante empréstitos ha sido tradicionalmente una de las cuestiones a lidiar en un proceso de transformación social. De facto, el artículo 13 LME establece que la transformación de una sociedad que tuviera emitidas obligaciones u otros valores en otro tipo social al que no le esté permitido emitirlos y la de una sociedad anónima que tuviera emitidas obligaciones convertibles en acciones en otro tipo social diferente, sólo podrán acordarse si previamente se hubiera procedido a la amortización o a la conversión, en su caso, de las obligaciones emitidas.

Como es conocido, tradicionalmente la SL no podía acceder a financiarse mediante la emisión de empréstitos de obligaciones y bonos o títulos similares (art.  402 LSC). Por el contrario, esta fórmula de financiación sí ha estado a disposición de las sociedades cooperativas españolas desde la Ley 52/1974. Sin embargo, tras la derogación del artículo 402 LSC por la Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial (disposición derogatoria, legra g), ambos tipos sociales pueden emitir empréstitos, luego esta fórmula de financiación no será obstáculo alguno para el desarrollo del proceso de transformación social.

4.3. Balance inicial de la transformación

Como ya se ha dicho, los administradores al tiempo de convocar la junta han de poner a disposición de los socios un balance de la sociedad, que deberá estar cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha prevista para la reunión (art. 9 LME). Pero este balance inicial no será el único estado contable necesario para la operación de transformación. Por una parte, porque los administradores de la sociedad están obligados a informar a la junta de socios a la que se someta la aprobación de la transformación, sobre cualquier modificación importante del activo o del pasivo acaecida entre la fecha del informe justificativo de la transformación y del balance puestos a disposición de los socios y la fecha de la reunión de la junta. En segundo lugar, porque la propia LC (art. 69.3) exige que la transformación se formalice en escritura pública que habrá de contener el balance de la entidad cerrado el día anterior a la adopción del acuerdo. Por último, el RRM (art. 222.3) reclama que si de la junta que adopte el acuerdo se derivase alguna modificación sobre el balance cerrado el día anterior a la fecha del acuerdo, debería acompañarse el nuevo balance final cerrado el día anterior al del otorgamiento de la escritura. De ahí que hayamos denominado al balance que los administradores pongan a disposición de los socios, balance inicial de transformación, pues como luego argumentaremos, difícilmente será el mismo balance que servirá de base para tomar el acuerdo el día en que éste se adopte o para otorgar la correspondiente escritura pública. A este último balance le llamaremos balance de transformación. En cualquier caso, en relación a este balance, sea el inicial o el posterior, debe indicarse que es distinto al conocido balance de fusión (Macías, 2006), reafirmando las diferencias entre ambos procesos de modificación estructural.

4.4. Derecho de separación de socios y cifra de capital resultante

La legislación reconoce el derecho de separación de los socios que no quieran adherirse al proceso de transformación. Éste se regulará por lo dispuesto en la LSC en los supuestos de separación de socios de la SL. En este apartado abordamos la valoración de las participaciones del socio disidente y del reflejo contable que el ejercicio de este derecho supondrá.

En primer lugar el legislador deja espacio para el acuerdo entre las partes (sociedad y socio disidente) para la resolución de esta situación. En su defecto, es decir, cuando no exista pacto sobre el valor razonable de las participaciones, o sobre la persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para su valoración, serán valoradas por un experto independiente, designado por el registrador mercantil del domicilio social a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los socios titulares de las participaciones objeto de valoración. Para el ejercicio de su función, el experto podrá obtener de la sociedad todas las informaciones y documentos que considere útiles y proceder a todas las verificaciones que estime necesarias. El experto cuenta con un plazo máximo de dos meses desde su nombramiento para emitir su informe, debiendo posteriormente notificarlo notarialmente a las partes afectadas y depositando copia en el registro mercantil.

En el plazo de los dos meses posteriores a la recepción del informe del experto, la sociedad viene obligada a pagar el valor razonable de las participaciones sociales. Una vez transcurrido este plazo, los importes no pagados deben consignarse en una entidad de crédito a nombre de los interesados.

Si bien es cierto que la junta general podría autorizar a la sociedad a adquirir las participaciones al socio, consideramos que como la operación está enmarcada en un proceso de transformación, la evolución natural de los hechos conducirá a una reducción de capital social. Si la SL, en el momento de la transformación, contara con una cifra de capital social mercantil mínima legal (tres mil euros), cabe plantearse qué sucedería en el caso del ejercicio del derecho de separación de socios, pues fruto de la reducción de capital éste quedará por debajo de la mencionada cifra mínima. Entendemos que esto no supondría un problema en la ejecución de la transformación, pues la propia LSC prevé (art. 343) que el acuerdo de reducción del capital por debajo del importe mínimo legal, podrá adoptarse cuando simultáneamente se acuerde la transformación de la sociedad, lo que precisamente sucederá en el caso que nos ocupa.

Si el capital resultante quedara por debajo del mínimo exigido por la normativa cooperativa, cabría adoptar alguna de las siguientes soluciones:

       1ª Si la SL tuviera reservas constituidas en importe suficiente para completar la diferencia, éstas se podrían capitalizar.

       2ª De no ser posible la primera solución por insuficiencia de reservas, o por no acordarlo así el correspondiente órgano social[17], los socios habrán de adoptar el acuerdo de incrementar el capital social hasta, como mínimo, el importe que requiera la normativa cooperativa de referencia en cada caso.

       3ª Otra opción consiste en la venta de las participaciones del socio disidente a otros socios, para que así el primero tenga una vía de salida de la sociedad sin producirse una reducción de capital.

La representación contable de esta reducción de capital variará en función de la calificación contable que las participaciones del socio tuvieran al tiempo de su creación. Conforme a la norma de registro y valoración novena del PGC, la SL al tiempo de crear las participaciones podría haberlas calificado como instrumento de patrimonio o como instrumento financiero compuesto[18]. Será instrumento de patrimonio (según el PRICAC) cuando las participaciones no atribuyen al socio un derecho incondicional o contingente, pero exigible, a recibir efectivo u otro activo financiero y, en consecuencia, el reparto de las ganancias acumuladas es discrecional. Del mismo modo, con carácter general, la sociedad no está obligada a devolver el patrimonio aportado, o ese compromiso solo surgirá si previamente se produce un suceso que la sociedad controla, como son los presupuestos de separación o exclusión del socio. Ambos requisitos se dan en las participaciones ordinarias. Las participaciones privilegiadas se calificarán como instrumento financiero compuesto si gozan de un privilegio incondicional en forma de dividendo mínimo (o contingente pero obligatorio), sea o no acumulativo. Con la creación de las participaciones sin voto la sociedad asume una obligación por un importe equivalente al valor actual del dividendo mínimo y, por lo tanto, estas participaciones sociales se clasificarán como un instrumento financiero compuesto.

Veamos a continuación la contabilización de la reducción de capital por el ejercicio del derecho de separación en ambos casos.

Si el capital fue calificado como instrumento de patrimonio

Por el acuerdo con el socio al adquirir las participaciones sociales:

 

Nº cta.

Título cuenta

Debe

Haber

xxx

Socios, cta. separación instrumentos de patrimonio

VRZ

 

551x

Socios por reducción de capital

 

VRZ

 

La cuenta Socios, cta. separación instrumentos de patrimonio representa el compromiso de adquisición de los instrumentos de patrimonio propio y se ubicará en el balance de situación minorando los fondos propios. La cuenta Socios por reducción de capital, recoge la deuda asumida con el socio como consecuencia del ejercicio del derecho de separación de éste y se cancelará cuando se produzca el pago. El registro contable se producirá una vez se cumplan los requisitos estipulados en la legislación mercantil para determinar que el socio ha quedado separado de la sociedad.

Cuando se inscriba en el registro mercantil la reducción de capital:

 

Nº cta.

Título cuenta

Debe

Haber

Xxx

Socios, cta. separación instrumentos de patrimonio

 

VRZ

100

Capital social

VN

 

113

Reservas voluntarias

diferencia

diferencia

 

La diferencia que se produzca entre el valor razonable (VRZ) y el valor nominal (VN), se imputará como mayores o menores reservas (norma de registro y valoración 9ª PGC y PRICAC).

Si el capital fue calificado como instrumento financiero compuesto

Por el acuerdo con el socio al adquirir las participaciones sociales:

 

Nº cta.

Título cuenta

Debe

Haber

xxx

Socios, cta. separación instrumentos de patrimonio

Componente de patrimonio de las participaciones en la compra

 

xxy

Socios, cta. separación instrumentos financieros compuestos

Componente de pasivo de las participaciones en la compra

 

551x

Socios por reducción de capital

 

VRZ

 

      


Cuando se inscriba en el registro mercantil la reducción de capital:

 

Nº cta.

Título cuenta

Debe

Haber

150

ó

502

Participaciones a L/P consideradas como pasivo financiero

ó

Participaciones a C/P consideradas como pasivo financiero

Componente de pasivo de las participaciones

 

100x

Capital social, instrumentos financieros compuestos

Componente de patrimonio de las participaciones

 

Xxx

Socios, cta. separación instrumentos de patrimonio

 

Componente de patrimonio de las participaciones en la compra

Xxy

Socios, cta. separación instrumentos financieros compuestos

 

Componente de pasivo de las participaciones en la compra

113

Reservas voluntarias

diferencia

diferencia

 

       El cuadro de cuentas del PGC prevé la cuenta 1110 Patrimonio neto por emisión de instrumentos financieros compuestos, en la que se recogerá el componente de patrimonio neto que surge por la emisión de un instrumento financiero compuesto. Sin embargo, atendiendo al PRICAC (art. 11) y aún cuando éste no concreta la cuenta contable en la que registrar el componente de patrimonio neto del instrumento financiero compuesto, abogamos por su contabilización en la cuenta 100 Capital social y 110 Prima de emisión, si fuera el caso, dando el correspondiente detalle a nivel de subcuenta y en la memoria de las cuentas anuales.

4.5. La reclasificación contable del capital

Una vez determinada la cifra de capital social resultante, quedará pendiente la reclasificación formal de su importe en las cuentas contables que corresponda. En la contabilidad de la sociedad originaria, la SL, el capital social puede estar registrado en las partidas que figuran en la Tabla 2, en función de su calificación contable como instrumento de patrimonio versus instrumento financiero compuesto.

Tabla. 2. Cuentas de registro contable del capital social en la SL

Calificación contable del capital

Nº cuenta

Título cuenta

Ubicación en  balance de situación

Instrumento de patrimonio

100

Capital social

Fondos propios

Instrumento financiero compuesto (por la parte calificada como patrimonio)

100x

Capital social, instrumentos financieros compuestos

Fondos propios

Instrumento financiero compuesto (por la parte calificada como pasivo a L/P)

150

Participaciones a L/P consideradas como pasivo financiero

Pasivo no corriente

Instrumento financiero compuesto (por la parte calificada como pasivo a C/P)

502

Participaciones a C/P consideradas como pasivo financiero

Pasivo corriente

Fuente: elaboración propia

Como es sabido, la norma segunda sobre aspectos contables de las sociedades cooperativas de 2010, califica contablemente al capital social como patrimonio neto, pasivo o instrumento financiero compuesto, en función de las características de las aportaciones de los socios o partícipes[19]. Conviene resaltar que la calificación como pasivo financiero será residual, es decir, serán pasivos en aquellos supuestos en que no puedan ser ni patrimonio neto ni instrumento financiero compuesto. Serán fondos propios las aportaciones cuyo reembolso pueda ser rehusado incondicionalmente por el Consejo Rector o la Asamblea General, siempre que no obliguen a la cooperativa a pagar una remuneración obligatoria al socio y el retorno sea discrecional. En este caso, los requisitos para calificar a las aportaciones al capital social como instrumento de patrimonio son tres: que la cooperativa pueda rehusar incondicionalmente el reembolso, unido a que tanto la retribución del capital vía intereses como el retorno cooperativo, no tengan carácter preceptivo. Se calificará como instrumento financiero compuesto si, aunque existiera el derecho por parte de la cooperativa a rechazar incondicionalmente el reembolso, la remuneración fuera obligatoria. No obstante, con gran sensatez y para no complicar en exceso las valoraciones, las normas contables establecen que aquellas aportaciones al capital que sean calificadas como instrumento financiero compuesto, deberán reconocerse contablemente como pasivos financieros. El motivo es que en dichos instrumentos financieros compuestos, el intentar separar la valoración económica del componente de pasivo de la valoración del componente de patrimonio, resultaría arduo complicado. Argumentan dicho razonamiento por el carácter particular de la actividad cooperativa, por el cual, la remuneración de las aportaciones que realizan los socios a la misma es difícil de valorar, al no poder compararse con la rentabilidad que podría ofrecer otra empresa, con la misma configuración de riesgo. El socio, por el hecho de aportar capital a la cooperativa, tiene derecho no sólo a la retribución financiera, sino que le permite, además, poder participar en la actividad cooperativizada, último aspecto que resulta difícil de valorar económicamente y que no aparece en otras entidades mercantiles (Genovart y Mauleón, 2017: 124).

Por lo anterior, en la sociedad de destino, la cooperativa, el capital social deberemos reclasificarlo a las siguientes cuentas también en función de su calificación contable.

Tabla. 3. Cuentas de registro contable del capital social en la sociedad cooperativa

Calificación contable del capital

Nº cuenta

Título cuenta

Ubicación en  balance de situación

Instrumento de patrimonio

1000

 

1002

Capital social cooperativo: aportaciones obligatorias

Capital social cooperativa: socios colaboradores y asociados o adheridos

Fondos propios

Pasivo financiero (por la parte calificada como pasivo a L/P)

1500

Capital cooperativo a L/P considerado pasivo financiero: aportaciones obligatorias

Pasivo no corriente

Pasivo financiero (por la parte calificada como pasivo a C/P)

5020

Capital social cooperativo con características de deuda a C/P

Pasivo corriente

Fuente: elaboración propia

4.6. Balance de transformación

Como hemos señalado anteriormente, el balance inicial de transformación que los administradores deben poner a disposición de los socios, no es el único estado contable que será preciso elaborar en dicho proceso. Dejar que el eje sobre el que pivote toda la operación sea el balance inicial de la transformación, la mayoría de veces será inadecuado, dado que será muy difícil que el mismo refleje la realidad del momento en que la transformación efectivamente se lleve a término traspasando la cifra de capital (Larriba y Mir, 2010: 175). El anterior planteamiento trae motivo en considerar toda una serie modificaciones que habrán de incorporar al balance inicial de transformación, para formar el balance de transformación, y que podrían tener el siguiente origen:

a)          Todas las variaciones patrimoniales que puedan producirse entre la fecha de formulación de balance inicial de transformación y la fecha de celebración de la junta que adopta el acuerdo (art. 9 LME). Téngase presente que el proceso de transformación puede dilatarse en el tiempo.

b)          Los cambios que tengan origen en acuerdos que se adopten en sede de la junta que acuerde la transformación.

c)          El reconocimiento como acreedores sociales de aquellos socios disidentes que hayan ejercido su derecho de separación de la sociedad que se transforma.

d)          La ejecución de los acuerdos que en su caso se adopten en relación al capital social, cuando la SL no cumpla los requisitos respecto al capital que se requieran en la normativa que regula esta figura en sede de la cooperativa en que se transformará, o cuando en el proceso se incorporen nuevos socios.

La regulación del balance de transformación no es igual en todas las comunidades autónomas, como puede verse en la Tabla 4. La mayoría de normas prevén que se acompañe a la escritura de transformación el balance cerrado el día anterior al acuerdo de transformación, salvo en Baleares donde no se regula la transformación y en las comunidades de Madrid (donde se prevén dos balances, uno cerrado el día anterior al del acuerdo y otro cerrado el día anterior al otorgamiento de la escritura de transformación) y de Valencia (donde se prevé que esté auditado)[20].

Tabla. 4. Regulación del balance de transformación en las normas autonómicas

CCAA

Norma

Regulación

Andalucía

art. 66 Rgmto.

Balance de situación cerrado el día anterior al acuerdo de transformación

Aragón

art. 66

Se rige por la normativa propia de la sociedad de origen

Asturias

art. 116

Balance de situación cerrado el día anterior al acuerdo de transformación

Baleares

 -

No lo trata pues esta CCAA no regula la transformación en su ley

Cantabria

art. 90

Balance de situación cerrado el día anterior al acuerdo de transformación

Castilla-La Mancha

art. 99

Balance de situación cerrado el día anterior al acuerdo de transformación y si algún socio ejerce el derecho de separación, el balance final cerrado al día anterior al del otorgamiento de la escritura

Castilla y León

art. 86

Balance de la entidad transformada, cerrado el día anterior a la adopción del acuerdo

Cataluña

art. 101

Balance cerrado el día anterior a la fecha del acuerdo de transformación y en su caso auditado

Euskadi

art. 86

Balance cerrado el día anterior al del acuerdo de transformación

Extremadura

art. 81

Balance de situación cerrado el día anterior al acuerdo de transformación y si algún socio ejerce el derecho de separación, el balance final cerrado al día anterior al del otorgamiento de la escritura

Galicia

art. 85

Balance cerrado el día anterior al del acuerdo de transformación

La Rioja

art. 92

Balance de la entidad transformada cerrado el día anterior a la adopción del acuerdo

Madrid

arts. 85 y 91

Balance cerrado el día anterior al del acuerdo de transformación, elaborado con los mismos criterios que se utilizan en los Balances de fin de ejercicio, pero no será necesario que esté auditado aun cuando la cooperativa se halle obligada a verificar sus cuentas anuales. No obstante, el Balance cerrado el día anterior al del acuerdo de transformación podrá ser sustituido por el Balance de las cuentas anuales del último ejercicio siempre y cuando no hubieran transcurrido más de seis meses desde el cierre del mismo y previamente al acuerdo de transformación se hubieran aprobado las cuentas anuales. Y en la escritura balance final elaborado por los administradores y cerrado el día anterior al otorgamiento de la escritura.

Murcia

art. 95

Balance de la entidad transformada, cerrado el día anterior a la adopción del acuerdo

Navarra

art. 59

Balance de la entidad transformada, cerrado el día anterior a la adopción del acuerdo

Valencia

art. 80

Balance de situación cerrado el día anterior al del acuerdo de transformación y verificado por los auditores de cuentas

Fuente: elaboración propia

En ninguna de las normas que hacen referencia al proceso contable de la transformación, se prevé la posibilidad de introducir modificaciones en las valoraciones contables de los elementos patrimoniales fundadas en el valor razonable. León (2008: 26) opina que sería discutible que los administradores puedan formular el balance en base al valor razonable, si ello no está amparado de forma expresa por norma alguna. Por tanto, los criterios de valoración aplicables serían los mismos aplicables en la formulación de unas cuentas anuales ordinarias. Nuestra opinión es que no es necesaria la aplicación de unos criterios de valoración ad hoc porque no se produce una adquisición de un negocio, como sí ocurre en ciertas combinaciones de negocios, ya que únicamente se sustituye la forma social de un negocio preexistente y que continuará en el tráfico mercantil. Quizá se pueda argumentar que la presentación de un balance a valor razonable podría ayudar en el proceso de valoración de las participaciones del socio disidente que abandone la empresa por mor de la transformación. Si bien esto es cierto, también lo es que la legislación ha resuelto dicha valoración de la forma que veremos en el siguiente apartado, sin necesidad de recurrir a un balance formulado en base al valor razonable del patrimonio.

Por último, coincidimos con Larriba y Mir (2010: 176), cuando afirman que “casi con toda seguridad, la entidad que llegue a realizar un proceso de transformación deberá dar cuenta y razón del mismo ante diferentes instancias, aportando diversos datos, tanto a efectos administrativos, como fiscales, laborales u otros, para lo cual será muy conveniente contar con una firme base contable de donde obtenerlos, como puede ser la de un balance específico formulado a la fecha en que culmine todo el proceso de transformación”.

4.7. Activos y pasivos por impuesto diferido y otras partidas del patrimonio neto

La transformación tendrá consecuencias en la valoración de los activos y pasivos por impuesto diferido cuya determinación depende del tipo impositivo. Eso es así, porque mientras la SL tributa al tipo general del impuesto sobre sociedades (veinticinco por cien), las cooperativas fiscalmente protegidas tributan al veinte por cien, excepto por lo que se refiere a los resultados extracooperativos, que tributarán al tipo general. Esto provocará una disminución del valor de dos activos por impuesto diferido, el crédito por pérdidas a compensar y el activo por diferencias temporarias deducibles y del pasivo por diferencias temporarias imponibles. En ambos casos, la diferencia se imputará al resultado del ejercicio.

Otra cuestión contable en ocasiones controvertida, es determinar cuál será el destino de otras partidas del balance del patrimonio neto de la entidad, distintas del capital social que ya hemos tratado, como consecuencia del proceso de transformación.

 

a)        La reserva legal

 

La LSC establece para la SL la obligatoriedad de destinar el diez por cien del beneficio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el veinte por cien del capital social[21]. La reserva legal, mientras no supere el límite indicado, solo podrá destinarse a la compensación de pérdidas cuando no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. También se prevé su conversión en capital social, siendo posible su capitalización íntegra. Esta reserva se erige como un elemento más de garantía patrimonial de la sociedad con responsabilidad patrimonial limitada frente a los acreedores. Su naturaleza es de una reserva con origen interno, procedente de una retención de beneficios y de carácter indisponible.

En el caso de transformación de la sociedad en una cooperativa, nos planteamos cuál debería ser el destino de esta reserva indisponible. Analógicamente a las normas sobre aspectos contables de las sociedades cooperativas, que califican el fondo de reserva obligatorio como una reserva legal, podríamos pensar que el destino del saldo de la reserva legal debería residir en el fondo de reserva obligatorio de las cooperativas. Sin embargo, dado que la parte del fondo de reserva obligatorio que es irrepartible no puede entregarse a los socios en el caso de liquidación de la cooperativa, a diferencia de la reserva legal de la SL que sí puede repartirse en esta situación, si la reserva legal es cuantiosa, la SL podría plantearse si le resulta más conveniente su capitalización previa a la transformación.

 

b) La reserva por capital amortizado

 

La LSC ofrece un sistema de tutela de los intereses de los acreedores ante una reducción de capital, en tanto esta operación merme la garantía de aquéllos. En la SL, el legislador opta en primer lugar por diseñar un sistema de responsabilidad patrimonial solidaria, entre sí y con la sociedad, de los socios beneficiarios de la reducción de capital. Responden de las deudas sociales contraídas con anterioridad a la fecha en que la reducción fuera oponible a terceros, con el límite del importe de lo percibido en concepto de restitución de la aportación social al capital y esta responsabilidad prescribirá a los cinco años a contar desde la fecha en que la reducción fuese oponible a terceros. Si los socios desean verse excluidos de este régimen de responsabilidad, la sociedad deberá dotar una reserva con cargo a beneficios o reservas libres por un importe igual al percibido por los socios en concepto de restitución de la aportación social. Esta reserva, que se registrará en la cuenta 1142 Reserva por capital amortizado, será indisponible hasta que transcurran cinco años a contar desde la publicación de la reducción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, salvo que antes del vencimiento de dicho plazo hubieren sido satisfechas todas las deudas sociales contraídas con anterioridad a la fecha en que la reducción fuera oponible a terceros.

Si la SL presentará la reserva por capital amortizado en balance al transformarse, en nuestra opinión éste deberá mantenerse intacta en tanto no haya transcurrido el plazo indicado. Así se respetará el espíritu del legislador que rezuma de la propia LC (art. 69.5), por el que se pretende preservar la garantía de cobro de los acreedores de la SL.

 

c) Las subvenciones de capital

 

En caso de que la sociedad tuviera concedidas subvenciones de capital, habría que analizar si por el hecho de transformase éstas han de reintegrase o no.

En caso de no tener que reintegrarse, la transformación no tendrá incidencia ni en la valoración ni en la representación contable de estas partidas.

Si por el contrario la sociedad debiera reintegrar la subvención, el tratamiento contable será distinto para la parte pendiente de trasladar a resultados, de la otra parte ya imputada a pérdidas y ganancias antes de la transformación. El importe pendiente de imputar a resultados procederá reclasificarlo, trasladando el saldo de la cuenta 130 Subvenciones oficiales de capital (que recoge el saldo por imputar a resultados neto del efecto impositivo) y 479 Pasivo por diferencias temporarias imponibles (que recoge el efecto impositivo sobre el importe íntegro de la subvención pendiente de imputar a resultados), a la cuenta 4758 Hacienda Pública, acreedora por subvenciones de capital a reintegrar. Por la otra parte de subvención, esto es, la que ya se ha imputado a resultados hasta la fecha, cabe plantearse si estamos ante un gasto del ejercicio en que se transforma la empresa, o si por el contrario estamos ante un gasto que corresponde a ejercicios anteriores a la transformación y se debería cargar contra reservas. Crespín y Fruet (2018: 79) se decantan por calificarlo como gasto del ejercicio, por tratarse de un gasto surgido en este período, pues es en este año cuando se han dejado de cumplir los requisitos para mantener la subvención. Estamos conformes con este planteamiento al que agregamos un argumento adicional. La operación que estudiamos, se enmarca en lo que el PGC define en sus normas de valoración como un cambio en estimaciones contables. En efecto, se trata de un ajuste como consecuencia del conocimiento de un nuevo hecho que jamás pudo estimarse al registrar la subvención ab initio, esto es, la transformación. Y dicha norma establece que el cambio de estimaciones contables se aplicará de forma prospectiva y su efecto se imputará, según la naturaleza de la operación de que se trate, como ingreso o gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

4.8. Efectos contables del momento de la transformación y depósito de cuentas anuales

En primer lugar, nos ocuparemos de determinar en qué momento del tiempo la empresa debe comenzar a aplicar las normas contables específicas de las cooperativas (Orden del Ministerio de Hacienda 3360/2010, por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas), aplicando el PGC o PGC Pymes en todos aquellos aspectos de éste que no contradigan la dispuesto en las normas contables sustantivas de las cooperativas. Entendemos que el momento del efecto contable coincide con la fecha de inscripción registral de la transformación.

Otra cuestión que nos planteamos es cuál será fecha a considerar a los efectos de determinar si formulamos las cuentas anuales siguiendo el formato aplicable a una SL y por tanto las depositamos en el registro mercantil; o bien lo hacemos siguiendo la normativa de las cooperativas y el depósito se efectúa en el registro de cooperativas que corresponda. Entendemos que en este caso deberemos estar a la fecha de inscripción en el registro.

5. Conclusiones

Aunque la transformación más común es aquella por la cual una cooperativa deviene en SL, no debemos perder de vista la transformación en sentido contrario, por su utilidad. Ello es así porque resulta una operación muy apropiada cuando la fórmula capitalista no se puede mantener (entre otras, en situaciones de crisis empresarial, problemas de sucesión empresarial o jubilaciones de los propietarios), evitando el cierre de la entidad o su venta a agentes especuladores, con la consiguiente pérdida de empleo y erigiéndose como una fórmula de reestructuración empresarial socialmente responsable.

A pesar de que la LME pone fin a la regulación transversal de los procesos de transformación de muchas formas jurídicas, no es así en la trasformación de SL a cooperativa o viceversa. Así pues, el marco jurídico de estas transformaciones sigue siendo transversal y está regulado en la LME, en la LSC y en la norma cooperativa correspondiente en función de dónde realice la actividad la cooperativa (LC o la norma autonómica pertinente).

En el plano de la responsabilidad patrimonial de los socios, la transformación será un proceso neutro, toda vez que ambas figuras sociales prevén idéntico régimen legal en este punto. Por el contrario, este proceso sí conlleva cambios en cuanto al objeto social y actividad de la entidad, pues se produce un cambio en la idiosincrasia de la posición del socio respecto a la empresa en la que participa. Los socios dejan de convertirse en inversores, que quizá no estaban vinculados de manera efectiva en la actividad de la empresa, a ser cooperativistas que necesariamente habrán de vincularse a la actividad cooperativizada y convertirse en actores de la misma (con la salvedad de los socios colaboradores o asociados). Respecto a la configuración del capital social, destacamos que las participaciones sociales de la SL se convertirán en aportaciones a la cooperativa, manteniéndose la participación social de los socios, salvo consentimiento unánime de éstos. Hay que hacer hincapié en la posibilidad de que haya bajas de socios, aquellos que disidan, o altas por la incorporación de nuevos socios.

En el plano contable no existe una norma única que regule la transformación, debiendo acudir a una pluralidad de normas en las que encontrar referencias. Hemos estudiado las principales peculiaridades contables de este proceso.

Por una parte, la financiación mediante empréstitos, que al estar permitida para ambos tipos sociales desde la Ley 5/2015, ya no supone obstáculo alguno en la transformación.

La transformación requerirá la formulación de varios balances. Primero el balance inicial que los administradores habrán de poner a disposición de los socios al convocar la junta que deba decidir la transformación. En segundo lugar, para otorgar la preceptiva escritura pública de transformación, prácticamente toda la normativa cooperativa (estatal y autonómica) reclama un balance formulado el día anterior al del acuerdo, que recogerá las variaciones patrimoniales que puedan producirse entre la fecha de formulación de balance inicial y la fecha de celebración de la junta. Y finalmente, puede ser preciso un tercer balance, elaborado el día anterior al del otorgamiento de la escritura, que recoja: los cambios derivados de acuerdos adoptados en sede de junta; el reconocimiento del ejercicio del derecho de separación de socios; eventuales modificaciones de la cifra de capital social; y altas de socios.

La transformación puede implicar modificaciones en la cifra de capital por varias causas, a saber: adecuar el capital de la SL a la cifra mínima legal exigida por la norma cooperativa, aunque esto ocurrirá sólo en Extremadura; adecuar el capital a la cifra mínima en el caso del ejercicio del derecho de separación de socios no conformes con el acuerdo; o la incorporación de nuevos socios a la cooperativa.

En la SL, el capital social puede calificarse como instrumento de patrimonio o como instrumento financiero compuesto, mientras que en la cooperativa se califica como instrumento de patrimonio o pasivo financiero. Nótese que los criterios de clasificación varían de una forma social a otra. En la contabilización de la transformación, así como en las eventuales modificaciones de la cifra de capital derivadas de este proceso, deberemos reclasificar contablemente el capital para su correcto registro y presentación en el balance de la cooperativa, de acuerdo con la configuración que presente el capital en los estatutos de la cooperativa.

El diferente tratamiento fiscal que merecen estos dos tipos sociales, provocará en la mayoría de los casos una disminución de activos y pasivos por impuesto diferido, por lo que se deberán realizar los oportunos ajustes de valor con imputación de éstos a la cuenta de resultados.

En este proceso debemos analizar otras partidas del patrimonio neto. Nos decantamos por reclasificar la reserva legal de la SL en el fondo de reserva obligatorio de la cooperativa, salvo que la primera tuviera una cifra cuantiosa, en cuyo caso podría plantearse su capitalización previa a la transformación. Si la SL presentara la reserva por capital amortizado, ésta debería mantenerse intacta en el proceso, para conservar el mecanismo de tutela patrimonial que supone para los acreedores y que no puede verse mermado por el hecho de la transformación. Por último, si la operación implicara la obligación de retornar subvenciones de capital, la parte de éstas ya imputada a resultados hasta la fecha, debería calificarse como un cambio en las estimaciones contables y tratarse de forma prospectiva, lo que implica cargar dicho importe a la cuenta de resultados del año en que ocurra la transformación.

Por último, respecto la fecha de efectos contables de la transformación y el depósito de cuentas anuales, abogamos por considerar la fecha de inscripción en el registro de la transformación de la entidad.

Como líneas de investigación futura, los autores contrastarán las soluciones propuestas en este trabajo con las adoptadas en procesos de transformación llevados a cabo en la realidad. Si bien la dispersión geográfica de los registros de cooperativas y las dificultades de acceso a la información de los registros administrativos, supone una limitación importante para ello. Así mismo estudiarán los aspectos económicos y contables de la transformación en sentido contrario, es decir, desde una cooperativa a una SL.

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Vargas Vasserot, C.; Gadea Soler, E. y Sacristán Bergia, F. (2017) Derecho de las sociedades cooperativas. Régimen económico, integración, modificaciones estructurales y disolución. Editorial La Ley. Madrid.



[1]      Universidad de las Islas Baleraes, España

Dirección de correo electrónico: emilio.mauleon@uib.es

[2]      Universidad de las Islas Baleraes, España

Dirección de correo electrónico: carles.mulet@uib.es

[3]      Universidad de las Islas Baleraes, España

Dirección de correo electrónico: juanabel.genovart@uib.es

[4]      Entre otros, Vargas, Gadea y Sacristán (2017: 291); y Sacristán (2010: 178).

[5]      Las razones que justifican nuestro posicionamiento al considerar la cooperativa como entidad mercantil pueden consultarse en Genovart (2013: 69-72).

[6]      Una mayor extensión de los antecedentes legislativos del proceso de transformación cooperativa puede consultarse en Fajardo (2010).

[7]      Proyecto de Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se aprueban los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital (abril de 2018).

[8]      En el presente trabajo hemos abogado por el carácter mercantil de las cooperativas, lo cual resulta paradójico al hilo de la afirmación de este artículo 4, que aleja a las cooperativas de la calificación de sociedad mercantil. Sin embargo, manteniendo nuestra postura, entendemos que el espíritu de este artículo radica en diferenciar las sociedades capitalistas de las cooperativas.

[9]      A la fecha de elaboración del presente trabajo, Canarias es la única comunidad autónoma sin ley autonómica de cooperativas. Sin embargo, en estos momentos ha sometido a consulta pública previa de los ciudadanos la iniciativa de normativa de un proyecto de ley de cooperativas de Canarias. Para más información ver https://www.canariasparticipa.com/leycooperativas-cpp (fecha consulta 11/5/2018).

[10]     En la actualidad todas las leyes autonómicas, excepto la de las Islas Baleares, regulan el proceso de transformación desde y hacia una entidad cooperativa: LC (art. 69); Ley 14/2011 Andalucía (art. 78); Ley 2/2014 Aragón (art. 66); Ley 1/2010 Asturias (arts. 115-116); Ley 6/2013 Cantabria (arts. 89-90); Ley 11/2010 Castilla la Mancha (arts. 99-100); Ley 4/2002 Castilla León (arts. 86 y 89); Ley 12/2015 Cataluña (arts. 100-101); Ley 4/1993 Euskadi (arts. 85-86); Ley 2/1998 Extremadura (arts. 74-81); Ley 5/1998 Galicia (arts. 84-85); Ley 4/2001 La Rioja (arts. 91-92); Ley 4/1999 Madrid (arts. 83-92); Ley 8/2006 Murcia (arts. 94-95); Ley 14/2006 Navarra (art. 59); Ley 2/2015 Comunidad Valenciana (arts. 79-80).

[11]     No será precisa la puesta a disposición o envío de la información que sigue, cuando el acuerdo de transformación se adopte en junta universal y por unanimidad (art. 9.3 LME).

[12]     Si bien es cierto que en la realidad económica existen pequeñas SL en las que los socios, además de ser inversores, participan en la actividad de la empresa.

[13]     Artículo 69.1 LC.

[14]     En particular, art. 47 Ley Aragón; art. 48 Ley Extremadura; art. 5 Ley Madrid; art. 8 Ley Foral Navarra; y art. 4 Ley Comunidad Valenciana.

[15]     Publicado en el BOICAC nº 14 en octubre. Pese a que dicho borrador nunca vio la luz en forma de resolución obligatoria y no pasó de ser un mero borrador, se erigió en un referente para la doctrina y los profesionales (Lázaro, 2009).

[16]     Establece las normas que han de regir la contabilización de operaciones como las fusiones y las escisiones; la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte que constituya uno o más negocios;  la adquisición de las acciones o participaciones en el capital de una empresa que otorguen el control de ésta; y otras operaciones o sucesos cuyo resultado es que una empresa, que posee o no previamente participación en el capital de una sociedad, adquiere el control sobre esta última sin realizar una inversión.

[17]     Nótese que la operación de ampliar el capital con cargo a reservas supondrá incurrir en unos costes (auditor, notario, registro, …), que pueden hacer que esta solución sea poco práctica.

[18]     No podría ser pasivo, pues conforme al PRICAC (arts. 11 a 13), sólo las acciones rescatables en cualquier fecha a solicitud del inversor serían pasivo puro y no instrumento financiero compuesto. Y como es sabido únicamente pueden emitir acciones rescatables las sociedades anónimas cotizadas. Así se producirá la bifurcación del instrumento financiero que se recoge en la NIC 32 (párrafo 28). El concepto de bifurcación es una aplicación de la metodología de valoración financiera, desarrollada desde los años sesenta, consistente en la descomposición de las operaciones financieras en sus diferentes componentes que se valorarán por separado. Dicha valoración está basada en la hipótesis de no arbitraje, según la cual el valor de la totalidad del instrumento tiene que ser igual a la suma de los componentes que racionalmente constituyen el instrumento que se valora. Dicha hipótesis, que aparece en el desarrollo de modelos tan extendidos como el Capital Asset Pricing Model, la Arbitrage Pricing Teory o los modelos de valoración de opciones de Black, Scholes y Merton, es la base racional del concepto de bifurcación. Puede verse un análisis crítico y una propuesta alternativa a la aplicación de la bifurcación en las normas contables en el artículo de Sebastián Castro (2010).

[19]     Para un mayor detalle sobre la calificación contable del capital en las cooperativas veáse Genovart y Mauleón (2017).

[20]     Así se desprende del tenor literal del artículo 80 de la Ley de Cooperativas valenciana, si bien nos parecería excesivo que se exija el informe de auditoría en caso de que la sociedad no estuviera obligada a auditar sus cuentas anuales.

[21]     Esta referencia al capital social debe entenderse al capital mercantil y no al contable. Recordemos que en la LSC todo el capital se califica como fondos propios, no contemplando la bifurcación entre instrumentos de patrimonio propio y pasivo financiero o instrumento financiero compuesto que estable el PGC.