UN AÑO Y MEDIO DE ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y SU INFRADESARROLLO: Y EN ESO LLEGÓ UNA GRAN CRISIS ECONÓMICA

POR

Frederic LÓPEZ i MORA*

RESUMEN: 

El trabajo autónomo tiene una notable implantación en España y cumple una relativamente amplia funcionalidad en nuestro sistema económico y social. En el conjunto del tejido empresarial, es absolutamente hegemónica la figura del autónomo que no dispone de asalariados a su servicio, junto con el que emplea hasta dos trabajadores por cuenta ajena. Antes de la aprobación parlamentaria de la Ley 20/2007, su regulación resultaba muy fragmentaria, deficiente y obsoleta, sin atender a las profundas transformaciones que se han sucedido tras la llegada del posfordismo a este sector. Con la entrada en vigor de dicha norma, España dispone de una ley-marco, pionera en la Unión Europea y seguramente en el mundo, que establece un régimen jurídico mínimo, común e inderogable para todos los autónomos que producen en nuestro país. Este estudio, fundamentalmente jurídico, no se centra en el análisis de la citada disposición – bautizada como Estatuto del Trabajo Autónomo -, sino en su posterior desarrollo desde su aprobación el 11 julio del 2007 hasta finales del año 2008; sin embargo, a la vista de que ese proceso ha venido a coincidir con una profunda crisis económica, la indagación se complementa con un apunte crítico sobre las principales medidas de choque adoptadas por los poderes públicos para afrontar el impacto de la recesión sobre los trabajadores autónomos, para cerrarse con una reflexión sobre las implicaciones estructurales y desafíos que supone la vigencia dicho Estatuto tanto en España como en el seno de la Unión Europea.

 
Palabras Clave: Trabajadores autónomos, Estatuto profesional, Funcionalidad, Crisis económica,  Medidas anticrisis, Economía social.

Códigos Econlit: K310; K000; P160.

 

ONE YEAR AND A HALF OF STATUTE OF THE AUTONOMOUS WORK AND HIS UNDERDEVELOPMENT (AND IN THAT A BIG CRISIS CAME).

 
ABSTRACT: 

The autonomous work has a notable implantation in Spain and fulfills a relatively wide functionality in our economic and social system. In the set of the managerial, there is absolutely hegemonic the figure of the autonomous one who has not wage earners to his service, together with that it uses up to two workpeople for foreign account. Before the parliamentary approval of the Law 20/2007, his regulation was turning out to be very fragmentary, deficient and obsolete, without attending on the deep transformations that have happened after the arrival of the posfordism to this sector. With the coming into effect of the above mentioned norm, Spain has a law - frame, pioneer in the European Union and surely in the world, which establishes a juridical minimal pattern, common and unrepealable for all the autonomous ones that produce in our country. This study, fundamentally juridical, does not center on the analysis of the said disposition – baptized as Statute of the Autonomous Work-, but on his later development from his approval on July 12, 2007 until ends of the year 2008; but, in view of that this process has come to coincide with a deep economic crisis, the investigation complements itself with a critical note on the principal measurements of shock adopted by public power to confront the impact of the recession on the autonomous workpeople, to close with a reflection on the structural implications and challenges that supposes the above mentioned Statute, both in Spain and in the bosom of the European Union.

 
Key words: Independent worker, Professional Statute, functionality, economic crisis, measurements, Social Economy.

 

UN AN ET DEMI DE STATUT DU TRAVAIL AUTONOME ET DE SON SOUS-DÉVELOPPEMENT (ET EST ARRIVÉE DANS CELA UNE GRANDE CRISE).

RESUMÉ:

Le travail indépendant a une notable implantation en Espagne et accomplit une relativement ample fonctionnalité dans notre système économique et social. À l'ensemble du tissu patronal, il est absolument hégémonique la figure de l´entreprenant qui ne dispose pas de salariés à son service, avec celui qui emploie jusqu'à deux travailleurs subordonnés. Avant de l'approbation parlementaire de la Loi 20/2007, sa régulation semblait très fragmentaire, déficiente et obsolète, sans s'occuper des profondes transformations qui se sont succédés après l'arrivée du posfordisme à ce secteur. Avec l'entrée en vigueur de cette norme, l'Espagne dispose d´une loi-cadre, pionnière dans l'Union Européenne et sûrement dans le monde, qui établit un régime juridique minimal, commun et inderogable pour tous les travailleurs indépendant qui produisent dans notre pays. Cette étude, fondamentalement juridique, ne se concentre pas sur l'analyse de la dite disposition - baptisée comme Statut du Travail Autonome -, mais sur son développement postérieur depuis son approbation le 12 juillet 2007 jusqu'aux fins du 2008;  cependant, à la vue de que ce processus est venu à coïncider avec une profonde crise économique, l'investigation se complète avec un pointage critique sur les principales mesures de choc adoptées par les pouvoirs publics pour affronter l'impact de la récession sur les travailleurs indépendants, pour se fermer avec une réflexion sur les implications structurelles et les défis que suppose la vigueur ce Statut autant en Espagne comme au sein de l'Union Européenne.

 

Des mots clefs : Travailleurs indépendants, Statut professionnel, Fonctionnalité, Crise économique, Mesures anticrise, Économie sociale


1.- PRESENTACIÓN.

 

El trabajo autónomo tiene una notable implantación en España y cumple una relativamente amplia funcionalidad en nuestro sistema económico y social. En el conjunto del tejido empresarial, es absolutamente hegemónica la figura del autónomo que no dispone de asalariados a su servicio, junto con el que emplea hasta dos trabajadores por cuenta ajena. Antes de la aprobación parlamentaria de la Ley 20/2007, su regulación resultaba muy fragmentaria, deficiente y obsoleta, sin atender a las profundas transformaciones que se han sucedido tras la llegada del posfordismo a este sector. Con la entrada en vigor de dicha norma, España dispone de una ley-marco, pionera en la Unión Europea y seguramente en el mundo, que establece un régimen jurídico mínimo, común e inderogable para todos los autónomos que producen en nuestro país.

 

Este estudio, fundamentalmente jurídico, no se centra en el análisis de la citada disposición – bautizada como Estatuto del Trabajo Autónomo –, sino en su posterior desarrollo desde su aprobación el 11 julio del 2007 hasta finales del año 2008; sin embargo, a la vista de que ese proceso ha venido a coincidir con una profunda crisis económica, la indagación se complementa con un apunte crítico sobre las principales medidas de choque adoptadas por los poderes públicos para afrontar el impacto de la recesión sobre los trabajadores autónomos, para cerrarse con una reflexión sobre las implicaciones estructurales y desafíos que supone la vigencia dicho Estatuto tanto en España como en el seno de la Unión Europea.

 

 

2.- EL TRABAJO AUTÓNOMO EN ESPAÑA

 

            2.1. La delimitación del trabajo (o trabajador) autónomo.

 

Para poder acercarnos al corazón de este estudio es necesario precisar primero, justamente, qué es lo que debemos entender por trabajo autónomo; o mejor aún, para descosificarlo: saber quién está detrás de esta forma de desarrollar una actividad productiva, quién es el destinatario de la reglamentación jurídica de su oficio, profesión o negocio, quiénes, en definitiva, componen este importante y abigarrado colectivo que ronda la cifra de tres millones y medio sobre el total de las personas ocupadas en España.

 

La tarea, desde luego, puede resolverse en unas muy pocas líneas; bastaría entonces con atenerse a lo establecido por la Ley 20/2007 y servirse de lo dispuesto por sus artículos 1, 2 y 11. Sin embargo, el tema merece una mínima reflexión, por tres razones; la primera, porque la definición legal puede resultar excesivamente formalista – aunque determinante –, y ello impide explorar otros puntos de vista con los que reconstruir sus perfiles y su propia tipología. La segunda causa guarda relación directa con el valor y con el alcance del propio Estatuto del Trabajo Autónomo, ya que siendo una suerte de norma-marco, con apariencia codificadora y virtualidad aplicativa general, en realidad no disciplina más que ciertas vertientes de dicha actividad (la profesional y el fomento del empleo), quedando fuera de él otros campos muy relevantes (empresarial, fiscal, etc.). Y la tercera: quedarse varados en el concepto jurídico – presuponiendo que éste fuera diáfano, riguroso y omnicomprensivo –, implica renunciar a conocer la riqueza, heterogeneidad y estratificación social de los autónomos, mayoritariamente integrados en la clase media española; y eso interesa.

 

Así las cosas, lo primero que puede decirse es que en nuestro ordenamiento no existe una definición unitaria y unívoca a la que aferrarse, ya que concurren diversas y no siempre coincidentes acotaciones según a qué parcelas de aquél nos refiramos (mercantil, fiscal, laboral, sindical o de Seguridad Social[1]). Desde el ámbito de otras disciplinas no jurídicas, la demarcación del autónomo confirma la idea de que no existe una noción unitaria al respecto; así, por ejemplo, en el marco de las estadísticas nacionales (INE) o internacionales (OCDE) viene a caracterizarse por integrar a un importante sector de la población activa, diferenciado de la asalariada, que dispone de los medios, técnicas y equipos para trabajar en su negocio como propietario o con un derecho de uso y disfrute sobre la propia infraestructura productiva, con las consiguientes facultades decisorias en su actuación económica para el mercado y en el ámbito financiero de la iniciativa; en otros casos, como sucede por ejemplo en materia contable, la aproximación conceptual u operativa se realiza de manera negativa y derivada: un autónomo es, sencillamente, aquél que produce por su cuenta y dispone de un empleo sin estar sometido a un contrato de trabajo.

 

Si nos atenemos al propio Estatuto del Trabajo Autónomo, hay que considerar que la norma en vigor realiza una triple operación: proporciona primero una delimitación general de su ámbito subjetivo[2], especifica después una lista de inclusiones declarativas o constitutivas reflejadas en ella[3] y, finalmente, aborda un nuevo supuesto desconocido hasta ese momento en nuestro sistema jurídico: el del trabajador autónomo económicamente dependiente[4] (o TRADE en lo sucesivo). 

 

Más allá del marco normativo, lo cierto es que desde diferentes disciplinas se ha ido poniendo de manifiesto que estos profesionales, aún reuniendo unos básicos elementos comunes que los identifican como grupo, dan lugar en realidad a una amplísima y muy rica tipología; los autónomos, de hecho, debido a su actividad productiva, a su perfil socioeconómico y profesional o su manera de organizar y dirigir su propio negocio o trabajo se despliegan en un amplio abanico multicolor. Pueden hacerlo tanto como personas físicas como bajo el formato de personas jurídicas, desarrollarlo en solitario, de manera asociada o con el auxilio de familiares colaboradores y, también, abrazar figuras tan distintas y con inquietudes tan distantes con las de un empresario con personal laboral a su servicio, que gestiona una explotación de muy variadas dimensiones, la de un joven emprendedor, quien integra una de las llamadas profesiones liberales, un pequeño transportista, un agente comercial o de seguros, un feriante o un vendedor a domicilio, el titular de una explotación agrícola que recibe la ayuda esporádica de algún familiar, un colaborador de medios de comunicación, un artesano, quien se dedica a la venta ambulante, o, si acaso, un autónomo individual que bien ofrece sus servicios o productos en el libre mercado o bien lo hace en exclusiva para otra empresa en régimen de subcontratación.

 

Semejante multiplicidad tiene lógicamente reflejo en las tentativas de aproximación estadística al fenómeno del trabajo autónomo - con los consiguientes problemas a la hora de validar sus resultados y no incurrir en desviaciones desmesuradas -, o en la misma operación política de pretender legislar de manera generalista sobre este numeroso y poliédrico colectivo profesional.

 

Por lo demás, no pueden pasar desapercibidas las intensas transformaciones que se vienen observando en esta forma de producir, derivadas del nuevo orden económico posfordista, de las estrategias adoptadas por las grandes corporaciones y multinacionales, de las remozadas formas de organización y funcionamiento del trabajo o, pongamos por caso, del impacto de las últimas tecnologías de la información y de la comunicación. Es justamente en ese escenario en el que se viene gestando una potente recomposición del trabajo autónomo como subsistema profesional, más cualitativa que cuantitativa –  que también –; y ello se traduce en una mayor estratificación de tan amplio y versátil colectivo, que se ve acompañada por una pérdida de espacio o centralidad de lo que vendría a ser la figura estandarizada del autónomo tradicional o de primera generación: aquél que compite con sus propios medios y técnicas en el libre mercado, ofertando bienes o servicios para una clientela más o menos abierta y que proyecta, organiza y dirige su negocio sin controles ni interferencias relevantes de otras empresas; así se explica, pues, la irrupción sostenida de otras fórmulas y sujetos a la hora de crear empresas o vertebrar iniciativas de empleo por cuenta propia.

 

Con independencia de estas observaciones, al trabajador autónomo es posible desglosarlo en muy diferentes figuras si tenemos en cuenta sus propios contornos en el plano de la inserción profesional (origen, calidad y cualidad de las condiciones profesionales), siendo perfectamente posible el que se produzcan confluencias o intercomunicaciones entre ellas (Zurdo Alaguero, 2005: pp. 51 y ss.)[5].

        

            2.2. Las funciones del trabajo autónomo en el sistema económico-profesional.

 

 

Prosiguiendo con esta sumarísima aproximación a esta forma de actividad profesional por cuenta propia, es fundamental y necesario para abordar correctamente el verdadero objeto de esta indagación trazar, a grandes rasgos, el asunto de la funcionalidad del trabajo autónomo en nuestro sistema de relaciones laborales; en ese sentido, cabe sostener que éste responde a alguno de los siguientes patrones, que pueden llegar a concurrir y entrecruzarse en algunos casos (López i Mora, 2007: p. 39-40):

 

            1º) De entrada, tiene por fin evidente la creación neta de nuevos puestos de trabajo en forma de negocio y vía de integración – o retorno – al mercado de personas sin ocupación.

 

            2º) En otras ocasiones, puede dar cobertura a la economía sumergida o configurarse como vía de fuga de la contratación laboral asalariada; así lo pone  en  evidencia, en determinados sectores y con una intensidad creciente, los juzgados y tribunales del orden social o la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social: ello guarda una relación directa con el fenómeno de la externalización de obras, productos o servicios.

 

            3ª) Otra lógica muy destacable, y que viene experimentando un fuerte despegue desde hace ya más de tres décadas, es aquélla que lo entronca con el proceloso mundo de la descentralización productiva o de la distribución comercial (subcontratación de obras o servicios, concesiones administrativas, franquicias, etc.); estas prácticas o bien responden a una externalización por razones de especialidad, o bien lo hacen por motivos de capacidad y exigencia por parte de una empresa cliente más fuerte – o, incluso, de una Administración Pública –, de la que entonces se depende económicamente.

 

            4ª) También el trabajo autónomo resulta ser un instrumento cada vez más potente y valorado para el diseño y activación de las políticas de empleo: así se refleja en la Estrategia Europea para el Empleo – y las consiguientes directrices de la UE a seguir por los Estados Miembros en esa materia – y, correlativamente, en los sucesivos Planes Nacionales de Acción para el Empleo o en el Plan Nacional de Reformas del Reino de España; de hecho, no debe olvidarse que la promoción del autoempleo ha sido una de las actuaciones estratégicas del denominado Pilar II de dichas intervenciones – política empresarial y creación de empleo – .

 

Semejante planteamiento confirma el giro de las políticas pasivas (básicamente el recurso a las prestaciones por desempleo, aún cuando éstas tengan también aspectos no sólo defensivos o reparadores), hacía el campo de las políticas activas (en este caso, el estímulo de la empleabilidad y de la iniciativa empresarial, con lo que se da plena carta de ciudadanía al papel que puede desplegar el trabajo por cuenta propia individual, familiar o asociado).

 

            5ª) También parece sólida la percepción de que el autoempleo encierra una gran potencialidad para la integración profesional de las mujeres, reforzando así, aunque relativamente, el principio de igualdad de oportunidades y facilitar un tanto la conciliación de la vida laboral y familiar.

 

Por añadidura, reúne unas características bastante adecuadas para el encauzamiento de los llamados nuevos yacimientos de empleo y, parece probado, como alternativa productiva para determinadas franjas y actividades de los trabajadores extranjeros (así, por ejemplo, los llamados negocios étnicos).

 

            6ª) Cabe incluso que resulte útil para desarrollar estrategias de lucha contra la exclusión social, generalmente como una etapa posterior de consumarse con éxito los itinerarios de formación, inclusión y empleabilidad que desarrollan determinadas entidades y asociaciones o, cada día con mayor relieve, las llamadas Empresas de Inserción (que pueden adoptar la vestidura, entre otras fórmulas, de cooperativas de integración social o de servicios sociales), y cuyo proceso de reglamentación jurídica sistematizada está todavía en construcción para muchas Comunidades Autónomas, incluso después de la aprobación de la norma estatal de referencia, la Ley 44/2007.

 

Completando esta línea de razonamiento, y como se recoge en un estudio realizado por un grupo de expertos, el comportamiento del autoempleo[6] en los últimos años vendría presidido por las siguientes directrices, que reproducimos tal cual para no falsearlas injustamente (Cuadrado Roura et al, 2004: 86-87):

 

            “1ª) El autoempleo presenta patrones de comportamiento contracíclico, comportándose, como predice la hipótesis del “empleo refugio”. Sin embargo, su carácter débil y retrasado descarta la idea de que ésta sea la hipótesis explicativa fundamental.

 

            2ª) Las transiciones laborales desde el paro hasta el autoempleo no son las más importantes. Bien al contrario, el origen más frecuente de las entradas que se producen en el autoempleo hay que buscarlas en el empleo asalariado.

 

            3ª) Sin embargo, se observa como los flujos de entrada al autoempleo desde el desempleo siguen pautas claramente contracíclicas, lo que reforzaría la idea de que el autoempleo actúa, al menos parcialmente, como una situación de “refugio” en nuestro mercado de trabajo.

 

            4ª) No parece que exista una relación muy fuerte entre el cambio sectorial y la evolución del autoempleo en nuestro país.

 

            5ª) Además, mientras que las actividades tradicionalmente con mayor presencia de autoempleo han contribuido a su reducción, otras actividades, novedosas en este sentido, son las que en mayor medida han incrementado la presencia de esta situación laboral.

 

            6ª) La emergencia de las “nuevas formas de trabajo” se concluye como un factor intensa y positivamente relacionado con la evolución del autoempleo en España.”

 

2.3. El peso del trabajo autónomo en España.

 

Sin poder entrar en detalles y mayores precisiones, tomando como referencia el número total de ocupados en nuestro país en el período 2005-2007, la siguiente tabla permite ilustrar mínimamente el volumen del empleo por cuenta propia en España.


 

 

 

Tabla 1. Ocupados por situación profesional (miles). España, 2005-2007

 

 

2005

2006

2007

 

Total ocupados

 

18.973,20

 

19.747,70

 

20.356,00

 

 

Total trabajador por cuenta propia

 

3.445,40

 

3.522,10

 

 

3.586,70

 

Empleador

 

980

 

1.080,80

 

 

1.117,90

 

Empresario sin asalariados o trabajador independiente

2.075,70

 

2.084,70

 

2.167,40

 

 

Miembro de cooperativa

 

82,9

 

92,2

 

79,5

 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

 

 

 

            Por otro lado, tomando como referencia la Encuesta de Fuerza de Trabajo de la UE,  es posible contrastar, a partir de la tabla sucesiva que se adjunta, el peso que tiene el trabajo por cuenta propia en cada uno de los 27 Estados que componen la Unión Europea.

 

Tabla 2. Ocupados por países y situación profesional (miles). UE, 2005-2007

 

 

 

Total

Asalariados

Por cuenta propia

 

Total

Asalariados

Por cuenta propia

Bélgica

Francia

2005

4.235,4

3.590,4

572,9

2005

25.029,5

22.281,4

2.495,2

2006

4.264,0

3.620,9

577,3

2006

25.681,1

22.778,0

2.660,5

2007

4.380,3

3.730,9

592,8

2007

26.177,7

23.312,6

2.690,3

Bulgaria

Italia

2005

2.981,9

2.556,7

372,3

2005

22.562,8

16.533,6

5.608,4

2006

3.110,0

2.701,5

368,7

2006

22.988,2

16.914,8

5.648,6

2007

3.252,6

2.848,9

365,8

2007

23.221,8

17.167,1

5.633,4

República Checa

Chipre

2005

4.764,0

4.000,8

728,2

2005

348,0

267,2

71,2

2006

4.828,1

4.048,3

746,7

2006

357,3

280,5

69,0

2007

4.922,0

4.125,3

766,2

2007

377,9

301,1

70,4

Dinamarca

Letonia

2005

2.752,4

2.507,2

222,7

2005

1.033,7

915,0

96,2

2006

2.805,4

2.551,3

234,7

2006

1.087,1

961,2

109,4

2007

2.803,8

2.549,6

238,2

2007

1.118,0

997,5

102,6

Alemania

Lituania

2005

36.352,8

31.857,2

4.076,3

2005

1.473,9

1.224,1

206,3

2006

37.379,3

32.863,2

4.134,7

2006

1.499,0

1.263,7

199,8

2007

38.209,5

33.648,6

4.164,2

2007

1.534,2

1.324,4

183,2

Estonia

Luxemburgo

2005

607,4

558,2

47,7

2005

193,6

178,0

15,0

2006

646,3

594,7

50,6

2006

195,3

180,0

14,9

2007

655,3

596,8

57,2

2007

202,9

188,2

14,3

Irlanda

Hungría

2005

1.952,0

1.619,4

318,6

2005

3.901,5

3.367,2

517,0

2006

2.038,6

1.704,3

322,3

2006

3.930,0

3.431,3

478,6

2007

2.112,0

1.748,8

348,2

2007

3.926,2

3.439,8

468,8

Grecia

Países Bajos

2005

4.368,9

2.778,6

1.312,0

2005

8.110,9

7.104,5

960,9

2006

4.452,3

2.829,6

1.329,0

2006

8.260,9

7.207,2

1.008,5

2007

4.509,8

2.899,5

1.323,2

2007

8.463,5

7.349,4

1.066,9

FUENTE: Encuesta de Fuerza de Trabajo de la UE (UE LFS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Ocupados por países y situación profesional (miles). UE, 2005-2007

España

Austria

2005

18.973,2

15.502,0

3.138,6

2005

3.824,4

3.317,0

453,0

2006

19.747,7

16.208,1

3.257,6

2006

3.928,2

3.396,6

473,3

2007

20.356,0

16.760,0

3.364,8

2007

4.027,8

3.450,1

481,5

Polonia

Eslovaquia

   2005

14.115,6

10.480,3

2.893,8

2005

2.215,2

1.928,1

277,8

   2006

14.443,6

10.885,8

2.898,1

2006

2.302,3

2.003,0

288,6

   2007

15.240,5

11.665,5

2.932,1

2007

2.357,7

2.043,7

301,6

Portugal

Finlandia

   2005

5.122,6

3.813,8

1.234,2

2005

2.400,8

2.097,1

290,9

   2006

5.159,5

3.898,1

1.199,3

2006

2.443,5

2.128,9

301,2

   2007

5.169,7

3.902,2

1.212,4

2007

2.491,6

2.178,1

299,6

Rumanía

Suecia

   2005

9.114,6

5.888,7

1.959,1

2005

4.336,4

3.868,6

453,0

   2006

9.291,2

6.145,1

1.924,0

2006

4.429,4

3.955,4

461,8

   2007

9.353,3

6.197,2

1.980,8

2007

4.540,7

4.059,5

468,3

Eslovenia

Reino Unido

   2005

949,2

805,5

96,4

2005

28.187,3

24.467,3

3.582,1

   2006

961,2

805,5

108,8

2006

28.337,1

24.532,6

3.673,7

   2007

985,2

828,7

109,4

2007

28.441,0

24.561,1

3.733,9

FUENTE: Encuesta de Fuerza de Trabajo de la UE (UE LFS)

 

 

3.- LA LEY 20/1007, POR LA QUE SE APRUEBA UN ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO.

 

 

Tras un dilatado proceso de formulación y gestación de dicha norma – sus  antecedentes se remontan al año 2000 (López Mora, 2007: 75-77) –, la tramitación en el Congreso de los Diputados y en el Senado resultó pacífica y bastante enriquecedora; nuestras Cortes, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios – algo bastante insólito, por cierto, a la largo de la anterior y muy tensa VIIIª Legislatura –, alumbraron el 11 de julio del 2007 el llamado Estatuto del Trabajo Autónomo. Con él nuestro país se dotó de una suerte de ley-marco, pionera no sólo en la Unión Europea sino también en el mundo, y que viene a establecer un régimen jurídico mínimo, común e inderogable para todos los autónomos que producen en nuestro país.

 

El análisis y valoración crítica sobre esta muy relevante disposición legal, tanto en alguno de sus contenidos como y, sobre todo, en el terreno de lo simbólico, han sido realizadas por la doctrina iuslaboralista española, con muy prolijas y abundantes aportaciones a las que nos remitimos (como botón de muestra, Cruz Villalón, Valdés Dal-Re et al., 2008; Del Rey Guanter et al., 2007; García Jiménez y Molina Navarrete, 2008; Luján Alcaraz et al., 2007; Montoya Melgar y Martín Jiménez, 2007).

 

Aunque la pretensión de este estudio no es incidir en la problemática jurídica del Estatuto del Trabajo Autónomo, no está de menos el fijar unas elementales pero muy orientativas ideas-fuerza que lo contextualizan, y que son las que siguen:

 

            1º) La conjunción de muy diversos factores (las nuevas formas de organización del trabajo, la subcontratación sistémica de obras o servicios, los cambios en la estructura productiva y en la recomposición de las profesiones y oficios, el impacto de las nuevas tecnologías, entre otros factores), ha ido modificando a lo largo de las tres últimas décadas los propios perfiles y la clásica funcionalidad del trabajo autónomo en nuestros sistema económico y en el marco español de relaciones sociales.

 

            2º) Los nuevos paradigmas que va poco a poco imponiendo el posfordismo – desde la empresa-red a la empresa difusa – han determinado la irrupción de una segunda generación de trabajadores autónomos, cuyas condiciones de trabajo, de formación, de gestión de los negocios, de relaciones con las Administraciones Públicas, las entidades financieras o las organizaciones corporativas, empresariales y sindicales se han visto sustancialmente trastocadas. Pero no por ello dicha actividad ha perdido volumen ni importancia; antes al contrario, los empresarios y trabajadores autónomos, en nuestro Estado, han ido ganando protagonismo y no sólo por la transición de modelo productivo, por las variaciones en el orden simbólico y de valores o por el influjo de las políticas de empleo: también por su capacidad de organización y de presión ante los poderes públicos, lo que supone el haber conseguido, no sin limitaciones o contradicciones, organizar y visualizar la colectivización de sus intereses.

 

            3º) Junto a esos motivos, es claro que la esclerosis del cuadro normativo que reglamentaba esa actividad profesional, su carácter fragmentario y disperso, han facilitado el que los poderes públicos y los partidos políticos hayan interiorizado la necesidad de articular una ley-marco – como lo es el Estatuto del Trabajo Autónomo – para ese vasto y poliédrico colectivo; y todo ello sin llegar a anular sus muchas singularidades y sus propias reglamentaciones a la vista de la compleja diversidad de este gran colectivo, en el que hay que incluir no sólo a los autónomos sin asalariados a su servicio sino también a los que son empleadores o, por ejemplo, consejeros, administradores o colaboradores familiares.

 

            4º) Así las cosas, después de muchos avatares, nuestro sistema ha incorporado y debe tratar de consolidar dicho Estatuto del Trabajo Autónomo; aunque, en rigor, técnicamente hablando, no sea uno sino dos al menos los estatutos que en él se contemplan: el del autónomo en sentido amplio, abierto, y el del TRADE en particular.

 

            5º) La norma que lo contiene, la Ley 20/2007 (o LETA), contiene un vasto programa a desarrollar. Innova en ciertos campos – especialmente en lo que se refiere a la colectivización de intereses de los autónomos, en la apertura para ellos de la participación institucional y del diálogo social o en lo referente a la figura del TRADE –; tiene también una clave de lectura de no conviene perder de vista, porque es en parte su estrella polar: el fomento del autoempleo, el de la llamada cultura emprendedora o del más hermético principio bautizado como espíritu empresarial. En cambio, en otras materias, señaladamente en lo que se refiere a protección social – con la salvedad de la posible prestación económica por cese de actividad – o en el campo de la prevención de riesgos laborales y la salud en el trabajo, poco puede significarse como avance relevante.

 

 

4.- EL DESARROLLO DEL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO.

 

 

4.1. Consideraciones generales.

 

La publicación de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo, en el BOE de 12 de julio del 2007 supuso, pues, un solemne reconocimiento de la actividad económica y profesional que este amplísimo colectivo acomete en España; semejante acontecimiento, al menos simbólica y formalmente, se ha producido al más alto nivel normativo infraconstitucional y, seguramente, goza de cobertura y engarce en nuestra Carta Magna de 1978. 

 

Su entrada en vigor, como ley-marco con ciertas aspiraciones - no consumadas - de codificar el trabajo autónomo en nuestro país, quedó diferida en tres meses[7]: se puede entender que se procediera así, a la vista del impacto cuantitativo y calado cualitativo de esta tan novedosa y ambiciosa intervención parlamentaria, incluso en el ámbito del derecho comunitario e internacional del trabajo.

 

De todas maneras, debe quedar claro que ni todo su contenido es exigible y directamente operativo a partir del 12 de octubre del 2007 - pues se precisa del correspondiente desarrollo legal, reglamentario y, en el caso de los TRADES, de la posible negociación de los llamados Acuerdos de Interés Profesional -, ni que la LETA desconozca plazos más dilatados de espera para su vigencia, por ejemplo, con respecto a determinados materias o a ciertos colectivos de autónomos[8].

 

En otras ocasiones nos encontramos con que el Estatuto del Trabajo Autónomo ha impuesto unos términos precisos para regular con detalle otras instituciones, algunas verdaderamente cardinales: tal es el caso, a partir del 1 de enero del 2008, de la cobertura de la incapacidad temporal – para quienes no hubieran optado ya a su aseguramiento – o, aunque de manera absolutamente difusa en el tiempo, con respecto a  las contingencias profesionales en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia (Disposición adicional tercera), a excepción nuevamente de los TRADEs, para los que rige en ese aspecto una vigencia inmediata del mandato legal (artículo 26.3 de la LETA).

 

Siguiendo esa misma línea, se pueden encontrar dispersas a lo largo de la Ley 20/2007 diferentes previsiones que conceden un año de plazo para que el gobierno central atienda obligaciones de distinto signo y relevancia: así sucede en lo que se refiere a los estudios sobre la capitalización o pago único de la prestación por desempleo para el inicio de actividades por cuenta propia (Disposición adicional novena), sobre los sectores de actividad que tienen una especial incidencia en el colectivo de trabajadores autónomos al objeto de conocer, como mínimo, las especificidades en sus condiciones profesionales, diagnosticar los sectores en reconversión o sometidos a procesos de modernización o analizar la necesidad de incentivar en ellos el cese anticipado en la actividad (Disposición adicional decimocuarta) o, por ejemplo, sobre la actualización de la normativa que regula el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos a las necesidades y exigencias actuales del colectivo, previendo las medidas necesarias para fijar la convergencia en las aportaciones y derechos de estos emprendedores, en relación a los establecidos por los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social (Disposición adicional decimoquinta).

 

También con el plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del  referido Estatuto, quedó el Gobierno emplazado para realizar una campaña de difusión e información sobre la normativa y las características del Régimen Especial del Trabajador Autónomo, en colaboración con las entidades más representativas de estos profesionales (Disposición adicional decimosexta), lo que se completa con su obligación de informar anualmente a las Cortes Generales de la ejecución de las revisiones contenidas en la presente Ley (Disposición final cuarta).

 

Por el contrario, no son extrañas en el texto de la LETA explícitas referencias a un avance gradual en el despliegue de esta norma-marco pero, con buen criterio, sin el señalamiento de un plazo preclusivo que sería poco afortunado o realista el imponerlo; especial mención merece, por su trascendencia e repercusión sobre la práctica totalidad de los trabajadores y empresarios autónomos que hay en España, lo dispuesto en cuanto a los derechos en materia de Seguridad Social[9].

 

Cuestión distinta, al hilo del tema que venimos examinando y que sólo merece la pena dejar apuntada, es discernir qué consecuencias puede acarrear el hecho – cierto en alguno de los ejemplos referidos anteriormente, pero hipotético en otros –, de que los poderes públicos con capacidad normativa adecuada no cumplan en plazo con los distintos mandatos contenidos en la LETA; por no profundizar sobre los efectos jurídicos y sociopolíticos que pudieran desencadenarse si, llegado el caso, la intervención exigida supusiese contrariar lo dispuesto en el Estatuto del Trabajo Autónomo o, no hay que descartarlo de plano, se produjese una invasión de las competencias propias de nuestras Comunidades Autónomas.

 

 

4.2.  Declaraciones de intenciones y medidas previas al despliegue efectivo del Estatuto del Trabajo Autónomo.

 

Centrándonos ya en el desenvolvimiento de esta ley-marco, lo más lógico es revelar primero el mapa de ruta trazado por el Gobierno y, más en concreto, por el Ministerio que tiene atribuidas las principales competencias en la vertiente profesional del trabajo autónomo, teniendo en cuenta que la LETA se aprobó a finales de la VIIIª Legislatura de nuestras Cortes Generales, quedando disueltas para la celebración el 9 de marzo del 2008 de nuevas elecciones generales; habrá que esperar pues hasta el 16 de abril del 2008 para que tenga lugar la sesión de apertura de la IXª Legislatura, que dará paso a la investidura del actual Presidente del Gobierno y la configuración de su actual gabinete, conformado por integrantes o personas afines al partido que lo sustenta. En ese escenario, es digno de reseñar la reconversión del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en Ministerio de Trabajo e Inmigración, a cuyo frente se sitúa el señor Celestino Corbacho Chaves. 

 

Y nada mejor que aprovechar sus comparencias parlamentarias al objeto de reseñar brevemente qué relevancia y qué directrices son las previstas inicialmente para el trabajo autónomo; pues bien, con respecto a lo primero hay que reconocer la preeminencia otorgada por el máximo responsable ministerial al tema que nos ocupa, al menos en un marco programático, para toda la legislatura y sin olvidar la cronología y el abrupto cambio de ciclo económico a comienzos del tercer trimestre del año, con su deriva profunda y peligrosamente recesiva. En efecto, según se desprende de su intervención ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados el 26 de mayo de 2008, seguida de una segunda absolutamente concomitante[10], el ministro afirmó que “independientemente de la agenda y los temas que decidan finalmente abordarse en el marco del Dialogo Social, la política del Gobierno en esta materia debe dirigirse al logro de los siguientes objetivos generales a lo largo de esta Legislatura…5º) Desarrollar el Estatuto del Autónomo” (Corbacho Chaves, I, 2008: p. 4).

 

Concretando esta idea-fuerza, en esa misma sesión parlamentaria el Ministro de Trabajo e Inmigración señaló que “el Gobierno anterior saldó una deuda histórica con más de 3 millones de trabajadores autónomos que carecían de una norma que regulara de forma específica el desarrollo de su actividad profesional.  Es decir, no tenían una norma en que se reconociera un catálogo de derechos propios, que les sirvieran de protección. Tras su aprobación, nuestro principal objetivo en esta legislatura es su desarrollo reglamentario que permitirá el despliegue completo de todas las medidas incorporadas:

1º) Se regularán el contrato de los trabajadores autónomos económicamente dependientes y otras cuestiones relacionadas con este colectivo como la creación de un registro.

2º) También se fijarán los criterios para la medición de la representatividad de las asociaciones de autónomos, así como el registro de tales asociaciones.

3º) Se constituirá el Consejo del Trabajo Autónomo, como órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y profesional del trabajo autónomo.

4º) Se determinarán de cuáles son las actividades con mayor riesgo de siniestralidad para los autónomos a las que se extiende la cobertura obligatoria de accidentes de trabajo.

5º) Se regulará la prestación por cese de actividad, a partir del informe y propuesta elaborada por el grupo de expertos constituido en febrero de este año.

6º) Se determinarán los supuestos en los que se posibilita el acceso a la jubilación anticipada.

7º) Se elaborará un estudio con el fin de ampliar la posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo de quienes pretendan constituirse en autónomos.” (Corbacho Chaves, I, 2008: pp. 7 y 8).

 

Visto en perspectiva, llama poderosamente la atención de que de las siete medidas priorizadas únicamente la última se haya cumplido y sólo a finales de diciembre del 2008, aunque es bien cierto que el anunciado y comprometido despliegue se enmarca a lo largo de una legislatura completa (2008-2012).

 

Posteriormente, y ya cuando la crisis era asumida por todos debido a sus evidencias prácticas y a múltiples indicadores y estimaciones de carácter económico, de nuevo compareció el Ministro de Trabajo e Inmigración ante Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados el 30 de octubre de 2008, señalando que “en los Presupuestos Generales para el año 2008 se han aprobado diversas medidas que desarrollan el Estatuto del trabajo autónomo, tales como el acceso a las medidas de fomento del empleo para la contratación laboral por los autónomos de hijos menores de 30 años de edad, tanto si conviven como no en el hogar del autónomo, o el establecimiento de una base de cotización mínima al RETA de 700 euros/mes para los autónomos que se dediquen a la venta ambulante o a domicilio. En la actualidad  se está trabajando en la aprobación del Proyecto del Real Decreto por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos. Se está trabajando también en la creación del Consejo del Trabajo Autónomo del que formarán parte representantes de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos representativas cuyo ámbito de actuación sea estatal e intersectorial, organizaciones empresariales y sindicales y Administraciones Públicas. En cuanto a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos y una vez finalizado el informe de la Comisión de Expertos, el Gobierno elaborará un anteproyecto de Ley sobre dicha prestación.” (Corbacho Chaves, II, 2008: pp. 7 y 8).

 

Más allá de las declaraciones de naturaleza estrictamente política, resulta de mayor interés y ciertamente determinante el detallar el efectivo despliegue normativo de la LETA, a golpe de Boletín Oficial del Estado, desde su aprobación hasta el momento de proceder al cierre de este estudio (finales del año 2008): sobre este punto vamos pues a fijar nuestra atención, advirtiendo de inmediato sobre la imposibilidad de precisar al detalle toda esa operación aunque ésta, dicho sea de paso, no haya resultado muy prolija que digamos por razones que pueden intuirse – cambio de ciclo económico, replanteamiento en la acción de gobierno, emergencia de nuevas prioridades,  complejidad y dificultades técnicas para activar algunos mandatos de una ley bastante ambiciosa y programática, necesidad de apoyarse para realizar esa obra en la interlocución con las asociaciones representativas de los autónomos, cuyo mapa sigue dibujándose no sin confrontaciones –: de hecho, si separamos de esa producción normativa lo que resulta ser, en realidad, una intervención de los poderes públicos para amortiguar los efectos de esta muy inquietante crisis – prácticamente sistémica – sobre las empresas y los trabajadores, quizá no resulte exagerado señalar que lo acontecido hasta el momento ha sido, más bien, un infradesarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo.

 

Entrando en materia, para ser rigurosos y comprender mejor la secuencia completa, es menester reconstruir primero la cadena de intervenciones producidas antes de la aprobación de la LETA durante la VIIIª Legislatura; por una sola razón: tales medidas previas o han avanzado acciones que luego han sido confirmadas, ampliadas o rectificadas por la Ley 20/2007, o necesariamente deben ser tomadas en cuenta para comprender en toda su amplitud la lógica y determinadas prescripciones contenidas en el Estatuto del Trabajo Autónomo; procedamos pues a realizar ese relato en clave diacrónica:

            1º) En virtud de la Disposición adicional cuadragésima quinta de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, se introdujo una modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para reconocer una bonificación en la cotización a la Seguridad Social aplicable a los nuevos trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos, siempre que tengan 30 o menos años de edad[11].

            2º) Por su parte, la Disposición adicional cuadragésima séptima de la antes citada Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, al disciplinar el Programa de Fomento del Empleo para ese año, permitió que, a partir del 1 de enero del 2005, los trabajadores autónomos sin asalariados que contratasen familiares de forma estable que no convivan con ellos, pudieran beneficiarse de las referidas medidas de fomento siempre que fuera un único familiar el contratado y perteneciese a los determinados colectivos[12].

            3º) Con el Real Decreto 1413/2005, de 25 de noviembre, - que modificó la Disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002 sobre medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad -, se vino a mejorar, dentro del conjunto de medidas para promover el trabajo por cuenta propia mediante el paso de políticas pasivas de protección por desempleo a políticas activas de empleo – en la línea marcada por la Estrategia Europea de Empleo –, la capitalización en pago único de la prestación contributiva por desempleo elevándola del 20% al 40%, en beneficio de los desocupados que pretendiesen constituirse como trabajadores autónomos[13]. Como bien podremos comprobar más adelante, esta tendencia de mejora en tan importante recurso para el establecimiento de desempleados como nuevos emprendedores dará un nuevo salto a finales del 2008. 

            4º) A su vez, la Ley 30/2005, de 29 de noviembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,  concedió, en términos más que razonables y precisos, bonificaciones a las trabajadoras autónomas que se reincorporan a su actividad profesional después de la maternidad[14].

            5º) Otra norma, la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, al regular entre otras materias el correspondiente Programa para el Fomento del Empleo[15] y, con él, bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social a cargo de las empresas por contratación indefinida, por mantenimiento del empleo de determinados trabajadores o, con carácter excepcional, por celebrar contratos temporales con trabajadores con discapacidad, con personas que se encuentren en situación de exclusión social, así como quienes tengan acreditada la condición de víctima de violencia de género, declaró expresamente que los trabajadores autónomos podrían ser beneficiarios de esos incentivos de proceder a tales contrataciones en las condiciones previstas por la ley.

 

Y junto a esta obvia pero pedagógica declaración, la referida norma vino también a establecer dos reglas específicamente relacionadas con el trabajo autónomo: una, que éstos no quedarían excluidos de esas bonificaciones por emplear a determinados familiares[16] y, dos, que las personas con discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta propia disfrutarían también en el RETA de bonificaciones en su cotización[17].

 

            6º) La Orden de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 1622/2007, de 7 de junio del 2007, regula la concesión de subvenciones vinculadas al programa de promoción del empleo autónomo, siguiendo una tendencia relativamente consolidada desde hace ya unos cuantos años. Se trata, básicamente, de medidas de apoyo para intensificar la ocupación de jóvenes, mujeres y discapacitados, en tanto que intervención propia de las políticas activas de empleo que diseña ese Ministerio y gestionan las Comunidades Autónomas[18].

 

Relacionadas estas intervenciones normativas, entre las más destacadas de las impulsadas con anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo, parece oportuno el realizar un brevísimo balance al respecto: en ese sentido, destaca el hecho de que buena parte de ellas están relacionadas con la Política de Empleo, junto con una de las ideas-fuerza que explican la atención que los poderes públicos vienen dando últimamente al trabajo autónomo en España: el impulso a esta forma de autoempleo y a los jóvenes emprendedores. En otros caos, sin alejarse de ese mismo eje, la orientación que se sostiene es que los autónomos y empresarios generen más empleo o fomenten el trabajo estable, mientras que otras ocasiones los esfuerzos van dirigidos también a apoyar a la familia – mujeres que se reincorporan al trabajo por cuenta propia tras su maternidad, empleo laboral bonificado de ciertos familiares –, o a tratar de facilitar la integración profesional de las personas con discapacidad.

 

            7º) Finalmente, no debe olvidarse la Ley 18/2007, de 4 de julio 2007, por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de los Trabajadores por cuenta propia o autónomos[19]; semejante operación supone el cumplimiento de los llamados Pactos de Toledo (1996 y 2003) y, más concretamente, de una de sus principales Recomendaciones, la sexta y referida a la simplificación del Sistema de Seguridad Social – excesivamente atomizado – hasta llegar con el tiempo a dejarlo estructurado en dos únicos Regímenes, el General (o por cuenta ajena) y el Especial de Trabajadores Autónomos (o por cuenta propia).

                       

      4.3. El desarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo hasta finales del 2008: acciones emprendidas y algunos clamorosos silencios.

 

Acto seguido corresponde ocuparse de las actuaciones normativas que, en sentido amplio, deben prima facie considerarse un desarrollo de la Ley 20/2007, en cuya virtud nuestro sistema de relaciones profesionales ha visto completarse su cuadro regulador, al más alto nivel, con la aprobación del Estatuto del Trabajo Autónomo; de este modo son ya tres sus arcos de bóveda (asalariado, empleo público y autónomo) y que siguen, salvando las distancias, un parecido patrón: el de la articulación de una ambiciosa ley-marco, más o menos integral, a desplegar gradualmente y con una denominación de estatutaria – cuya impronta se extiende también a otros ámbitos (cooperantes, investigadores, personal docente, , etc.) –. 

 

Siguiendo el formato de un relato diacrónico, tales aportaciones al corpus normativo del trabajo autónomo pueden ordenarse así:

            1º) Ya la Ley 51/2007, de 27 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 desarrolló el Estatuto del Trabajo Autónomo, estableciendo por ejemplo los requisitos para las reducciones a aplicar en los rendimientos de actividades económicas del IRPF de los autónomos que facturan para un único cliente, extendiendo a todos ellos la cobertura por incapacidad temporal[20], incorporando  una base de cotización mínima inferior para quienes se dedican a la venta ambulante y a domicilio, previendo la devolución de cotizaciones a los trabajadores por cuenta propia que, en régimen de pluriactividad, hayan cotizado más que el importe máximo de cuotas o reconociendo el acceso a las medidas de fomento del empleo para los autónomos que contraten a sus hijos menores de 30 años.

            2º) Por su parte, debe también citarse la Resolución de 16 de enero de 2008, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se imparten directrices para la tramitación de los actos de encuadramiento en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de los TRADEs.

 

            3º) La Resolución del Servicio Público Estatal de Empleo, de 21 de febrero de 2008, establece el procedimiento para el registro provisional de los contratos concertados por los trabajadores autónomos económicamente dependientes, lo que deberá hacerse en uno especialmente habilitado para ello en las correspondientes Direcciones Provinciales del Servicio Público Estatal de Empleo – el antiguo INEM – o en las instancias equivalentes en las Comunidades Autónomas –; todo ello a la espera de que se desarrolle de una vez por todas, y es urgente, el mandato  contenido en el artículo 12 del Estatuto del Trabajo Autónomo. Al cierre de este trabajo, el proyecto de Real Decreto que aborda esta importantísima materia, y al que han tenido acceso las asociaciones representativas del sector, se encuentra pendiente de que el Consejo de Estado emite el preceptivo dictamen para que ese texto, que parece inminente, sea aprobado por el Gobierno.

 

            4º) Por su parte, hay que tener también presente la aprobación a lo largo de noviembre del 2008 de una serie de resoluciones de la Administración laboral del Estado[21] vinculadas con el otorgamiento de subvenciones públicas, y que podrán disfrutar las asociaciones más representativas de los trabajadores autónomos para que desarrollen,  su caso mediante la fórmula de convenios, planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados; con ellas, pues, se resuelven dos interesantes asuntos: uno, la incorporación del empleo autónomo a los circuitos de la formación ocupacional y, dos, aunque éste manera provisional, el establecimiento de criterios objetivos para medir la representatividad de esas asociaciones[22].

                       

5º) También merece destacarse el aumento del 40% al 60% de la capitalización de la prestación por desempleo, en pago único, para la constitución de desempleados como trabajadores autónomos; tal intervención, materializada por el artículo 2 del Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda, más que un desarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo – que también – constituye en realidad una medida de choque y anticrisis – tema del que nos ocuparemos más tarde –, y que se ha visto complementada por la vigente Ley 2/2008, de Presupuestos Generales del Estado para este año 2009[23].

 

            6º) Desde otras coordenadas, cabe también considerar un efectivo despliegue del Estatuto del Trabajo Autónomo las tentativas, alguna de las cuales parece haber fructificado (en el sector del transporte por carretera para el reparto de paquetería urgente o de bollería), de negociación de los denominados por la LETA Acuerdos de Interés Profesional, todo ello al objeto de reglamentar las condiciones profesionales de los TRADEs[24] .

 

            7º) Lo mismo puede razonarse con respecto a la puesta en marcha de Tribunales Arbitrales para tratar de resolver, mediante las fórmulas de la conciliación, la mediación o el arbitraje extrajudicial, los conflictos que puedan generarse entre los TRADEs y las empresas clientes para las que trabajan en régimen de dependencia económica[25]; tales instrumentos se perfilan como nuevos y valiosos cauces para tratar de reducir la conflictividad judicial entre ambas partes: así sucede al menos en Cataluña, a raíz de la firma entre la patronal mayoritaria y los sindicatos CONC-CC.OO. y la UGT de un acuerdo específico, de 9 de junio de 2008, en cuya virtud quedó constituido el Tribunal TRADE catalán como ámbito específico en el ya existente Tribunal Laboral de Cataluña [26].

 

8º)  En última instancia hay que reseñar los efectos que sobre el empleo autónomo y, especialmente en materia del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, contiene la Ley 2/2008, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009;  en ese sentido, más allá de lo señalado anteriormente con respecto a la mejora en la capitalización de la prestación por desempleo para establecerse por cuenta propia, las principales novedades en el campo de la protección social no todas suponen un directo desarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo, ya que parte de ellas son ineludiblemente tratadas año tras año, como sucede en materia de  cotización a la Seguridad Social o en lo que atañe a la revalorización de las pensiones[27].

Volviendo sobre el conjunto de intervenciones o novedades que se incorporan a la referida Ley 2/2008, cabe mencionar el incremento de las bases máxima y mínima de cotización al RETA, ciertas especificaciones con respecto Sistema Especial para los trabajadores por cuenta propia del sector agrario, el establecimiento de una cotización adicional para financiar las prestaciones de riesgo durante el embarazo y lactancia natural para las autónomas que no tengan cubiertas las contingencias profesionales, el permitir que los autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio pueden elegir una base mínima de cotización todavía menor que la general establecida[28], el derecho a la devolución del 50% de las cuotas del RETA, bajo ciertas condiciones, para los autónomos que tengan pluriactividad o, entre otras, la posible reducción de cuotas para autónomos del RETA que mantengan el empleo indefinido de los trabajadores de cincuenta y nueve o más años en  beneficio del empresario[29] .

Finalizado este relato sobre lo que sí se ha activado a lo largo de prácticamente dieciocho meses desde vigencia de la Ley 20/2007, y pensando en realizar un balance al respecto, lo cierto es que también hay silencios y sombras sobre el necesario y obligado desarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo. Cierto es que la coyuntura socioeconómica ha debido de influir lo suyo como para detener su despliegue en materias que resultan básicas, urgentes; como también lo es que esta norma-base constituye en realidad el inicio de una ambiciosa operación a medio plazo, y un programa estratégico de ese calado resulta imposible cumplirlo a uña de caballo.

Con todo, esa parálisis, y que afecta a instituciones de tanto relieve como el trabajo a tiempo parcial, la prevención de riesgos laborales[30], la inexistencia todavía de un registro para las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, así como el establecimiento de los criterios, objetivos y razonables, que sirvan para medir la representatividad de esas organizaciones, la criticable carencia del modelo oficial de contrato para los TRADEs – lo que desactiva el juego de otras previsiones de la ley –,  el tratamiento de la jubilación parcial o de la anticipada, el retraso en calibrar y decidir si se activa o no una prestación por cese de actividad[31], la demora en sistematizar y racionalizar las ayudas e incentivos vinculados al fomento del autoempleo o, por poner un ejemplo más, el no tener ya en funcionamiento el Consejo Estatal del Trabajo Autónomo – y clarificada la presencia de las asociaciones representativas en el Consejo Económico y Social español –, pueden naturalmente provocar dos efectos negativos y perversos: uno, el que la norma no satisfaga las expectativas lógicas – o inducidas – creadas al aprobarse, teniendo muy en cuenta las reivindicaciones de las asociaciones de trabajadores autónomos y el consenso político y parlamentario que se produjo al tramitarlo. Y, dos, que el trabajo autónomo tenga más difícil así cumplir con su funcionalidad en estos momentos tan preocupantes, en los que urge una decidida acción de gobierno y de movilización social para tratar de detener esta peligrosa deriva generada por la confluencia de varias y distintas crisis.

 

5.- LA CRISIS ECONÓMICA Y SU IMPACTO SOBRE EL TRABAJO AUTÓNOMO.

 

 

El desarrollo normativo e institucional de la Ley 20/2007 ha venido a encontrarse con una rapidísima y brusca degradación de la economía española, sobre cuya etiología, diagnóstico y tratamiento ni podemos ni estamos en condiciones de analizar. Aunque sólo es una conjetura, ese cambio de ciclo ha podido condicionar, ralentizar y reorientar ese despliegue, acentuando y acrecentando el peso que tiene una de las funciones primigenias del trabajo por cuenta propia, la Política de Empleo, recordémoslo; y ello en un triple sentido: el mantenimiento de la actividad productiva de los autónomos, el salvamento de empresas y negocios en dificultades o, finalmente, el remediar o dar salida ocupacional a personas en paro.

 

La conjunción de ambos procesos permite hablar con fundamento de un infradesarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo. Y algo más: el que esa crisis – que dentro de nada será recensión en España y, si no, al tiempo – puede: uno, seguir entorpeciendo o reorientando el despliegue normativo de cuanto queda por hacer – y es bastante –, dos, si se agrava y cronifica, podría provocar un giro en la finalidad estratégica pretendida con la  aprobación de la Ley 20/2007 – al menos en ciertos planos – y, tres, llegar a requerir incluso un reajuste o, todavía más, una reformulación de esta ley-marco o programa para el trabajo autónomo en el posfordismo. De suceder así, teniendo muy en cuenta que los colectivos más golpeados por la crisis han sido los inmigrantes, los trabajadores precarios, los propios autónomos sin asalariados y las nano y microempresas, podrían quedar sentadas las bases para que vaya asomando ya una nueva y tercera generación de trabajadores autónomos, siendo los TRADEs su vanguardia o primera manifestación.

 

           

Volviendo sobre el inquietante panorama socioeconómico en el que nos encontramos, resulta que la evolución del total de ocupados en el tercer trimestre de los últimos cuatro años nos muestra un crecimiento sostenido hasta 2007, con un incremento de 700.000 personas desde 2005 a 2006, y otro de 600.000 desde 2006 a 2007. Es en el período siguiente, el tercer trimestre de 2008, cuando se detecta una ruptura de esta tendencia en la población ocupada y comprobamos su decrecimiento; de esa manera puede observarse la relación existente entre el aumento de la población ocupada y la expansión económica, así como su reducción con la crisis económica actual.

 

Una evolución que se repite en la población asalariada y en los trabajadores autónomos; es decir, una tendencia creciente durante los tres primeros trimestres y otra decreciente en el último: por lo tanto, ambos colectivos están padeciendo la situación más que desfavorable de la economía española; tema más complejo es dirimir si la sufren más o menos por igual o no. En el caso de los empleados en las sociedades cooperativas se debe precisar que, si bien padecen las mismas consecuencias descritas hasta ahora, su tendencia a la baja venía manifestándose desde 2007.

 


 

 

Tabla 3. Ocupados por situación profesional (miles).

España, tercer trimestre 2005-2008

 

 

2005 TIII

2006 TIII

2007 TIII

2008 TIII

 

Total

 

19.191,10

 

19.895,60

 

20.510,60

 

20.346,30

 

 

Asalariados

 

15.749,50

 

16.365,90

 

16.869,80

 

16.746,20

 

Empresario con o sin asalariados

3.051,60

 

3.163,10

 

3.354,80

 

3.300,40

 

 

Miembro de cooperativa

 

 

81,9

 

98,5

 

73,2

 

64,3

 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) 

                               

 

 

La serie de afiliación a la Seguridad Social presentada en la tabla siguiente resulta una aportación añadida en esa dirección; más concretamente, viendo los movimientos registrados durante los meses del año 2008, se comprueba un descenso paralelo de afiliados, tanto en los asalariados como en los que no lo son – entre los que se encuentran los trabajadores por cuenta propia –, a partir del verano. El impacto negativo de la crisis económica es más evidente si, atendiendo al resto del año, observamos hasta qué extremo la pérdida de afiliación concentrada en el último semestre contrasta con la tendencia ascendente que venía registrándose durante el primer semestre.

 

 

Tabla 4. Serie de afiliación media a la Seguridad Social por relación laboral. España, 2008.

 

 

Asalariados

No asalariados

Enero

15.667.855

3.505.140

Febrero

15.748.403

3.507.338

Marzo

15.797.495

3.516.813

Abril

15.836.151

3.520.018

Mayo

15.889.704

3.519.837

Junio

15.839.462

3.519.390

Julio

15.873.156

3.508.965

Agosto

15.646.706

3.490.751

Septiembre

15.540.585

3.479.676

Octubre

15.455.016

3.463.361

Noviembre

15.277.561

3.443.818

Diciembre

15.105.489

3.425.775

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración

 

 

6.- MEDIDAS CONTRACÍCLICAS Y DE APOYO AL  TRABAJO AUTÓNOMO EN TIEMPOS DE CRISIS.

 

Justamente, esa relativa coincidencia en el tiempo entre el desarrollo normativo del Estatuto del Trabajo Autónomo y la crisis socioeconómica que padecemos requiere ocuparse, con un apunte, de las intervenciones que el Gobierno de España ha adoptado para combatirla y atenuar sus efectos sobre los trabajadores por cuenta propia y las Pymes; sin embargo, antes de proceder a su esbozo, resulta necesario el establecer algunas acotaciones y aclaraciones preliminares: primera, quedan intencionadamente fuera del campo de mira las medidas adoptadas al efecto por las Administraciones autonómicas y locales, vista la manifiesta imposibilidad de abarcarlas en este ensayo; segunda, para ganar en fluidez y facilitar la exposición, se impone renunciar al concreto señalamiento sobre el tipo y rango de las normas aprobadas con semejante finalidad[32], su identificación y fecha de publicación en el Boletín del Estado y, tercera, cabe entender que la lógica de tales actuaciones no es tanto la de seguir avanzando en el cumplimiento de la Ley 20/2007 – aunque la norma elásticamente pueda integrarlas en su seno[33] –, sino más bien la de enfrentar la crisis y reactivar la economía productiva del país.

 

Entrando ya en materia, parece comúnmente aceptado que esta crisis tiene su epicentro en el campo financiero – aunque desde una visión global no puedan ignorarse otras tres variantes más (energética, alimentaria y medioambiental) –; en el caso de España, además, se apunta también a las características y a la estructura de nuestro modelo productivo, a la fragilidad de un crecimiento demasiado centrado el boom inmobiliario y en el peso de una economía especulativa y defraudadora. Las empresas, los trabajadores y sus familias se encuentran muy expuestos por los problemas de liquidez y de crédito que arrastran las entidades financieras, lo que conduce a una espiral en la que el endeudamiento, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de Seguridad Social, la desregulación de los mercados, los problemas de competencia, el aumento de la morosidad y la caída del consumo están generando cierres y reestructuraciones de empresas, con la consiguiente pérdida de empleos y la activación de ciertos amortiguadores sociales a cargo de un Estado que recauda menos y debe gastar más; y, como nueva y peligrosa variable, una situación de deflación.

 

Con ese sombrío escenario, las acciones emprendidas por el Gobierno en auxilio de los autónomos se encuentran recogidas en el Plan para el Estímulo de la Economía y el Empleo, de noviembre del 2008, y en el que se han recogido y sistematizado medidas dispersas, parte de ellas ya en vigor y que se dirigen a las familias, a las empresas, a los trabajadores asalariados y a la sociedad en su conjunto; por lo que a nuestro tema interesa, pueden ordenarse y brevemente exponerse como sigue:

 

            1º) En el ámbito financiero destacan las líneas ICO-liquidez para las  Pymes, ICO-apoyo a la empresa para el año 2009 (ICO-PYME,  ICO-Emprendedores y, lógicamente en menor medida, ICO-Internacionalización e ICO-Crecimiento Empresarial) o la nueva línea ICO-Moratoria Pymes. También puede mencionarse la extensión de la Línea FTPYME (fondos de titulación para PYMEs) del Tesoro.

 

            2º) En el campo impositivo, señalemos los criterios para la devolución mensual del IVA, la libertad de amortización para los activos nuevos en el Impuesto sobre Sociedades o el nuevo régimen de pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades.

 

            3º) Por lo que respecta al marco de la actuación empresarial y del trabajo autónomo, la batería de actuaciones pasan por el Fondo Estatal de Inversión Local, el  Fondo especial del Estado para el estímulo de la economía y el empleo en determinados ámbitos productivos considerados estratégicos, el Plan Extraordinario de Medidas de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral, una posible bonificación de 1.500 euros en la cotización a la Seguridad Social por contratar, de manera indefinida y a tiempo completo, a desempleados con cargas familiares, la elevación de la capitalización de las prestaciones por desempleo para fomentar el trabajo autónomo, la aceleración de la obra pública, el Plan Renove Turismo y el Programa Vehículo Innovador Vehículo Ecológico (VIVE 2008-2011).

 

         4º) Si nos detenemos en el ámbito familiar y/o personal dos son las principales medidas: la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio y la deducción de 400 euros en el IRPF.

 

            5º) Finalmente, en materia de vivienda hay que anotar el anticipo de la deducción por vivienda habitual y la moratoria temporal parcial de las cuotas hipotecarias.

 

7.- OTROS TEMAS MÁS ESTRUCTURALES PARA UN DEBATE INCONCLUSO.

 

Encarando ya el cierre, merece la pena anotar otras cuestiones de fondo que, aunque desconectadas del hilo conductor de este estudio, abren amplios y profundos interrogantes tras el impulso y merecido reconocimiento que el trabajo autónomo ha recibido en nuestro país con la promulgación de la Ley 20/2007; de ese modo, la serie que ahora sólo se apunta concentra nuevos focos de interés para seguir profundizando en la actividad de estos profesionales, cuyo papel, también en el posfordismo, parece llamado a reformularse. A mi juicio, algunos de esos temas centrales son:

 

            1º) Proseguir la indagación sobre la frontera, siempre movediza, entre el trabajo autónomo y el trabajo asalariado, revisando las diferencias que todavía los separan pero anotando las concordancias y transformaciones que ambos órdenes están experimentando; y todo ello con un debate de amplio calado, abierto y cada vez más acuciante: el reflexionar, como plantean tanto el Informe Supiot[34] como el Libro Verde de la UE[35], sin olvidarnos de la Recomendación 198 de la OIT[36], sobre las posibilidades de establecer una tutela integral pero graduada de cualquier forma de trabajo humano.

 

            2º) Preparar a estos empresarios y trabajadores, en los sectores económicos en lo que resultará de aplicación, al impacto de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo de la UE, de 12 de diciembre de 2006, y relativa a los servicios en el mercado interior, teniendo en cuenta que nuestro Gobierno presentó a la opinión pública, el pasado 17 de octubre del 2008, el Anteproyecto de Ley para su transposición sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios.

 

            3º) Revisar todo el marco legal, competencial y de ayudas e incentivos al trabajo autónomo en el ámbito de las políticas activas de empleo, teniendo muy en cuenta que existe una zona de competencia entre esta forma de emprender y otros formatos, asistidos con fondos públicos, como sucede con las figuras emblemáticas de la Economía Social productiva – las cooperativas de trabajo asociado y las sociedades laborales –; el tema tiene no sólo una gran relevancia práctica, sino que también es un tema de rabiosa actualidad, a la vista del compromiso gubernamental, expresado por el Ministro de Trabajo e Inmigración, para acometer en esta IXª Legislatura una reforma tanto de la Ley estatal de Cooperativas como la Ley de Sociedades Laborales.

 

            4º) Comenzar de inmediato una intensa y rigurosa reflexión sobre el concepto de Economía Social y las formaciones que la integran, a la vista de que también está ya en estudio, en sede parlamentaria, la preparación de una ley general sobre el tercer sector tal y como ha sido asumido por el actual gobierno del Estado. Y ese indagación, entre otros muchísimos aspectos, debería analizar y, en su caso, decidir si el trabajo autónomo puede integrarse también en los dominios de la Economía Social; en ese sentido, hay que recordar que algunas organizaciones territoriales de CEPES (Andalucía, Extremadura) así lo hacen y muy libremente aunque, a mi modo de ver, en términos científicos esta propuesta no me parece ni sólida ni convincente.

 

            5º)  Urge también, entre otras prioridades, abordar en profundidad el alcance y las razones que vinculan la economía sumergida y el fraude fiscal con ciertas manifestaciones del trabajo autónomo, aunque el fenómeno resulte absolutamente transversal. Medir su impacto, comprender, si la hay, esa relación constituye no sólo un desafío sino también una prioridad para dignificar la actividad de los autónomos como grupo social y económico, también él bastante refeudalizado.

 

8.- CONCLUSIONES.

 

1ª) A estas alturas, nadie puede negar la importancia y el papel estratégico que cumple el trabajo autónomo en España. La conexión de muy diversos elementos ha ido transformando, a lo largo de las tres últimas décadas, los rasgos y el clásico papel del trabajo autónomo en nuestro modelo económico y en nuestro sistema de relaciones profesionales y sociales.

 

2ª) A la pregunta de si  hay hoy más o menos trabajadores autónomos, y más allá de lo que expresan los datos estadísticos, creo que más que un cambio cuantitativo significativo, lo que hay es una alteración cualitativa, de reestructuración o recomposición motivada, entre otras cosas, por la caída del sector primario y de la industria y por la potencialidad de los sectores de servicios y de la construcción.

 

3ª) Si a ello le añadimos, con el impacto de las nuevas formas de organización del trabajo y de las nuevas tecnologías, con los procesos sistemáticos de externalización y subcontratación de obras y servicios, con el peso de las profesiones liberales, de los trabajadores del conocimiento y le sumamos las fugas del campo laboral asalariado – en tanto que estrategia empresarial que alimenta la figura de los falsos autónomos –, puede atisbarse ya mismo el inicio de la vertebración de una nueva generación de profesionales y emprendedores por cuenta propia: tal vez, su tercera generación profesional en el seno de las clases medias

 

4ª) El Estatuto del Trabajo Autónomo constituye la primera apuesta en el seno de la Unión Europea y del mundo por dotar a este muy diversificado y numeroso colectivo de una norma-marco de referencia, de un verdadero programa por desarrollar seguramente a lo largo de toda una generación. Los retos, los problemas, las incertidumbres y riesgos son abundantes: pero el paso ya está dado y no hay vuelta atrás. Esa disposición, la Ley 20/2007, en realidad no contiene un único y uniforme régimen profesional del autónomo, sino al menos dos[37]: el del empresario y trabajador por cuenta propia al uso, común, más la singular figura del TRADE.

 

5ª) Con independencia de ello, la pregunta fundamental, una vez desmenuzado su régimen jurídico y generado parte de su desarrollo, es si ese estatuto responde, y lo hace en la buena dirección, para encauzar la actividad económica de estos profesionales en un escenario tan alterado y, por ahora, amenazado por una profunda crisis, no sabemos si estructural.

 

6ª) Con este escenario como telón de fondo, surge también otro poderoso interrogante: ¿las medidas de choque y anticíclicas, de ayuda y apoyo a los emprendedores y autónomos son suficientes y efectivas como para detener la considerable expulsión del mercado de bienes y servicios registrada en el segundo semestre del 2008?

 

7ª)  El desarrollo normativo e institucional del Estatuto del Trabajo Autónomo ha venido a coincidir con una galopante y brusca degradación de la economía española, cuya etiología, diagnóstico y tratamiento no nos corresponde analizar. Aunque sólo es una suposición, ese cambio de ciclo tal vez haya condicionado, demorado y reorientado ese despliegue, acentuando la potencia que tiene una de las funciones típicas del trabajo por cuenta propia: la Política de Empleo.

 

8ª) La conjunción de ambos procesos permite hablar con cierto fundamento de un infradesarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo hasta la fecha. Y algo más: el que esa crisis puede seguir entorpeciendo o reorientando el desarrollo normativo de cuanto queda pendiente – y es mucho –; pero si la situación se agrava y cronifica podría originar un giro en la finalidad pretendida con su aprobación, llegando a demandar incluso un reajuste o, todavía más, una reformulación de la Ley 20/2007 como código para el trabajo autónomo en el posfordismo.

 

9ª) De suceder así, teniendo muy en cuenta que los colectivos más golpeados por la crisis han sido los inmigrantes, los trabajadores precarios, los propios autónomos sin asalariados y las nano y microempresas, podrían quedar sentadas las bases para que vaya asomando ya una nueva y tercera generación de trabajadores autónomos, siendo los TRADEs su vanguardia o primera manifestación.

 

 

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*  Profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Investigador del IUDESCOOP. Dirección de correo electrónico: Federico.Lopez@uv.es

[1] Según el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y, más concretamente, en su artículo 2.1, se entiende por tal a “aquél que realiza de forma habitual, personal y directa, una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas”, señalándose en su apartado 3 que se presumirá, salvo prueba en contrario, que “en el interesado concurre la condición de trabajador por cuenta propia o autónomo, a efectos de este Régimen Especial, si el mismo ostenta la titularidad de un establecimiento abierto al público como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo.”

 

[2] Y así, según el artículo 1.1 de la Ley 20/2007,  “la presente Ley será de aplicación a las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.

También será de aplicación esta Ley a los trabajos, realizados de forma habitual, por familiares de las personas definidas en el párrafo anterior que no tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena, conforme a lo establecido en el artículo 1.3.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.”

[3] Recogidas en el apartado 2 del referido artículo 1 de la Ley 20/2007, de él se desprende, para evitar dudas interpretativas, que el Estatuto del Trabajo Autónomo resulta operativo, siempre que cumplan los requisitos generales: “a) Los socios industriales de sociedades regulares colectivas y de sociedades comanditarias, b) Los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles irregulares, salvo que su actividad se limite a la mera administración de los bienes puestos en común, c) quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, cuando posean el control efectivo, directo o indirecto de aquélla, en los términos previstos en la disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, d) Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere el Capítulo III del Título II de la presente Ley y e) Cualquier otra persona que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 1.1 de la presente Ley.”

[4] Aplicando el artículo 11 de la Ley 20/2007 “1. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere el artículo 1.2.d) de la presente Ley son aquéllos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales.

2. Para el desempeño de la actividad económica o profesional como trabajador autónomo económicamente dependiente, éste deberá reunir simultáneamente las siguientes condiciones:

        a) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que depende económicamente como de las actividades que pudiera contratar con otros clientes.

        b) No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente.

       c) Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente.

       d) Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las  indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente.

       e) Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de  acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla.

3. Los titulares de establecimientos o locales comerciales e industriales y de oficinas y despachos abiertos al público y los profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho no tendrán en ningún caso la consideración de trabajadores autónomos económicamente dependientes.”

 

[5] Siguiendo a este autor, pueden identificarse las categorías del emprendedor, del autónomo socializado, del autónomo obligado, del autónomo por azar, del autónomo fluctuante, del autónomo sólo, del autónomo empresario y la del autónomo económicamente dependiente; esta última modalidad, por cierto, puede desglosarse en la del autónomo mono o multidependiente, la del autónomo administrativamente dependiente o en la del TRADE vinculado al sector público.

[6] Hay que advertir de inmediato que la investigación citada acota su objeto de estudio al núcleo del autoempleo representado por los empleadores, los trabajadores autónomos sin asalariados a su servicio,  las cooperativas de producción y las sociedades laborales, dejando fuera al sector agrario, las colaboraciones o ayudas de familiares y el empleo por cuenta propia que no constituye la fuente principal de ingresos (ob. cit, pp 12 y 13).

 

 

[7] A tenor de la Disposición final sexta de la LETA, “la presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”.

[8] Especialmente claro - y censurable tanto su intencionalidad como en cuanto a la técnica jurídica empleada - es el tema de la adaptación de los contratos suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la LETA entre cualquier TRADE y su cliente (Disposición transitoria segunda) o, específicamente, con una desorbitada dilación en el tiempo, a la hora de plantear idéntico acomodo para los TRADEs del sector del transporte y del sector de los agentes de seguros (Disposición transitoria tercera). Si a ello le añadimos la carencia del modelo oficial de contrato que, para todos ellos, prevé el artículo 12.1 de la LETA debido a la ausencia de desarrollo reglamentario a la hora de cerrar este estudio, el panorama, como han venido denunciando las principales asociaciones de trabajadores autónomos, no puede resultar más desolador en este punto.

 

[9] A tenor de la Disposición final segunda de la Ley 20/2007, “con carácter progresivo se llevarán a cabo las medidas necesarias para que, de acuerdo con los principios que inspiran esta Ley, se logre la convergencia en aportaciones y derechos de los trabajadores autónomos en relación con los establecidos para los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.”

 

Dicha previsión, por cierto, es tributaria de una de las principales recomendaciones de los llamados Pactos de Toledo de 1995 y 2002, y sobre la que parece existir consenso en mantener de cara a la revisión que debe realizarse en el 2009 sobre esos cruciales acuerdos de nuestras fuerzas políticas y sociales para sostener y racionalizar nuestro sistema de pensiones (a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, a la hora de tratar la edad de jubilación y, sobre todo, el período de carencia – el esfuerzo contributivo – para calcular la pensión de jubilación ordinaria).

 

[10] En este caso, nos referimos a la comparecencia del Ministro de Trabajo e Inmigración ante  la Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado el 30 de junio de 2008; ambas intervenciones pueden consultarse en la página principal de la web oficial  del referido Ministerio, http://www.mtas.es/

 

[11] Según estableció en la Disposición adicional trigésima quinta de la Ley General de Seguridad Social – introducida por la Ley 36/2003 y posteriormente modificada por la Ley 2/2004–, “1. En el supuesto de trabajadores, incorporados al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a partir de 1 de enero de 2005, que tengan 30 o menos años de edad, se aplicará sobre la cuota por contingencias comunes que corresponda, en función de la base de cotización elegida y del tipo de cotización aplicable, según el ámbito de protección por el que se haya optado, una reducción, durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, equivalente al 25 % de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento en este Régimen, y una bonificación, en los 12 meses siguientes a la finalización del período de reducción, de igual cuantía que ésta.

El límite de edad señalado en el párrafo anterior será de 35 años, en el caso de trabajadoras por cuenta propia.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado, que se incluyan en el indicado Régimen Especial, que cumplan los requisitos establecidos en aquél.

3. La reducción de la cuota será financiada con cargo al Presupuesto de la Seguridad Social y la bonificación con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal.”

Este incentivo, empero, será mejorado con el Estatuto del Trabajo Autónomo, cuya Disposición adicional decimotercera modificará de nuevo la referida Disposición adicional trigésima quinta del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, en el sentido de que a partir de su entrada en vigor se aplicará, sobre la cuota por contingencias comunes que corresponda, una reducción, durante los 15 meses (en lugar de 12 meses) inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, equivalente al 30 %  (y no del 25%) de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento en este Régimen, y una bonificación, en los 15 meses siguientes (frente a los 12 meses previstos anteriormente) a la finalización del período de reducción, de igual cuantía que ésta.

[12] Mujeres desempleadas, entre dieciséis y cuarenta y cinco años, mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino, desempleados inscritos ininterrumpidamente en la oficina de empleo durante seis o más meses, desempleados mayores de cuarenta y cinco años y hasta cincuenta y cinco, desempleados mayores de cincuenta y cinco años y hasta sesenta y cinco, desempleados perceptores de prestaciones o subsidios por desempleo, a los que les reste un año o más de percepción en el momento de la contratación, desempleados perceptores del subsidio por desempleo a favor de los trabajadores incluidos en el Régimen especial agrario de la Seguridad Social, así como a los perceptores de la renta agraria, desempleados admitidos en el programa que contempla la ayuda específica denominada renta activa de inserción y mujeres desempleadas inscritas en la oficina de empleo que sean contratadas en los veinticuatro meses siguientes a la fecha del parto.

[13] Según se desprende de la referida reforma, el abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el límite máximo del 40 por ciento del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente por percibir.

[14] A tenor de la Disposición adicional sexagésima quinta, “las trabajadoras por cuenta propia del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia y Autónomos que, habiendo cesado su actividad por maternidad y disfrutado del período de descanso correspondiente, vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en los dos años siguientes a la fecha del parto tendrán derecho a percibir una bonificación del 100 % de la cuota por contingencias comunes resultante de aplicar el tipo de cotización a la base mínima vigente en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social, independientemente de la base por la que coticen, y durante un período de 12 meses. Dicha bonificación será también de aplicación a las socias trabajadoras de cooperativas de Trabajo Asociado, que se incluyan en el indicado régimen especial.”

[15] Modificado por el Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda, y que viene a reformar el Plan extraordinario para la contratación indefinida de trabajadores desempleados con responsabilidades familiares, ya en pleno contexto de la actual recesión económica y de la destrucción de empleo.

[16] En efecto, a tenor del artículo 6.1 b) de la Ley 43/2006, vino a sancionarse que las bonificaciones previstas en este Programa no se aplicarán en la contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades o de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos. No será de aplicación esta exclusión cuando el empleador sea un trabajador autónomo sin asalariados, y contrate a un solo familiar menor de cuarenta y cinco años, que no conviva en su hogar ni esté a su cargo. 

 

[17] Por su parte, Disposición final sexta de la Ley 43/2006,  dando una nueva redacción a la Disposición adicional undécima de la Ley 45/2002 de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, dispuso que las personas con discapacidad, que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se beneficiarán, durante los cinco años siguientes a la fecha de alta, de una bonificación del 50 por 100 de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo vigente en cada momento en el mencionado Régimen Especial.

[18] Tales actuaciones consisten en subvenciones a tanto alzado, debidamente controladas y de cuantía variable en función del colectivo al que se dirigen y con las que se persigue amortiguar ciertos  desembolsos y cargas como los derivados del establecimiento como trabajador por cuenta propia, préstamos y gastos financieros relacionados con inversiones en inmovilizado fijo o, en menor medida, en capital circulante, subvenciones financieras, asistencia técnica o formación profesional.

[19] Con todo, debe tenerse presente que la entrada en vigor de dicha integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos no se producirá hasta el 1 de enero del 2008, salvo unas muy concretas y puntuales disposiciones (Disposición final tercera de la citada Ley 18/2007).

[20] Con todo, hay que recordar que ese mandato ya estaba implícito en la Disposición adicional tercera de la Ley 20/2007, pues impuso, a partir del 1 de enero del 2008, la cobertura de la incapacidad temporal y de las contingencias profesionales en el Régimen de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomo.

 

[21] Así, en su secuencia cronológica la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, la Resolución de 7 de noviembre de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2009, de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación mediante convenios, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, la  Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se aprueban las condiciones, requisitos y formas de acreditación para la emisión del informe al que se hace referencia en la Resolución de 7 de noviembre de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal y la Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se aprueban las condiciones, requisitos y formas de acreditación para la emisión del informe al que se hace referencia en la Resolución de 10 de noviembre de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal.

[22] Lo que constituye un tema de capital importancia para el desarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo, ya que las asociaciones que gocen tal condición ocuparán una singular posición jurídica ante el Estado y la sociedad, teniendo acceso a la llamada participación institucional (Consejo Estatal del Trabajo Autónomo, Consejo Económico y Social de España, etc.) y a la práctica sociopolítica del diálogo social y la legislación negociada. Dicho problema, previsto en el artículo 21 de la Ley 20/2007, debe ser desarrollado reglamentariamente por el Gobierno; al cierre de este estudio, el proyecto de Real Decreto que aborda esta importantísima materia, y al que han tenido acceso las asociaciones representativas del sector, se encuentra pendiente de que el Consejo de Estado emite el preceptivo dictamen para que ese texto, que parece inminente, sea aprobado por el Gobierno.

[23] A tenor de la Disposición adicional sexagésima quinta de la Ley 2/2008, “el Gobierno, en el plazo de tres meses, adoptará las medidas oportunas para ampliar hasta el 60 por  ciento el porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo destinada a financiar la inversión de quienes quieran constituirse como trabajador autónomo.”

[24] Según el artículo 13 de la Ley 20/2007, “1. Los acuerdos de interés profesional previstos en el apartado 2 del artículo 3 de la presente Ley, concertados entre las asociaciones o sindicatos que representen a los trabajadores autónomos económicamente dependientes y las empresas para las que ejecuten su actividad podrán establecer las condiciones de modo, tiempo y lugar de ejecución de dicha actividad, así como otras condiciones generales de contratación. En todo caso, los acuerdos de interés profesional observarán los límites y condiciones establecidos en la legislación de defensa de la competencia.

2. Los acuerdos de interés profesional deberán concertarse por escrito.

3. Se entenderán nulas y sin efectos las cláusulas de los acuerdos de interés profesional contrarias a disposiciones legales de derecho necesario.

4. Los acuerdos de interés profesional se pactarán al amparo de las disposiciones del Código Civil. La eficacia personal de dichos acuerdos se limitará a las partes firmantes y, en su caso, a los afiliados a las asociaciones de autónomos o sindicatos firmantes que hayan prestado expresamente su consentimiento para ello.”

[25] Técnica prevista y que se aspira a extender, en los términos previstos por el artículo 18 de la Ley 20/2007.

[26] Para más detalle, http://www.tlc.es/trabecat/frames.htm.

[27] Sobre este particular, hay que atenerse a las disposiciones del Real Decreto 2127/2008, 26 de diciembre, sobre la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2009. 

[28] Artículo 120. Cuatro 4 de la Ley 2/2008; recordemos que la base mínima común de cotización al RETA queda establecida en 833,40 euros mensuales; dicho tratamiento singular – y  razonable debido a las características del trabajo de venta ambulante o a domicilio – tiene cobertura, aunque más amplia, en el artículo 25. 3 la Ley 20/2007, cuyo tenor literal dispone que “la Ley podrá establecer reducciones o bonificaciones en las bases de cotización o en las cuotas de Seguridad Social para determinados colectivos de trabajadores autónomos en atención a sus características personales o a las características profesionales de la actividad ejercida.”

[29] Disposición adicional quinta de la Ley 2/2008, de Presupuestos Generales del Estado para el 2009.

[30] En relación con esta materia, lo único que sabemos, por la intervención del Subsecretario Trabajo e Inmigración en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados, y celebrada el miércoles 17 de diciembre de 2008, es que “se ha finalizado la realización de un estudio sobre las condiciones de trabajo del trabajador autónomo en materia de análisis, investigación y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” (González Gallardo, 2008: p.10).

[31] A la que apunta la Disposición adicional cuarta del Estatuto del Trabajo Autónomo al señalar que “el Gobierno, siempre que estén garantizados los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera y ello responda a las necesidades y preferencias de los trabajadores autónomos, propondrá a las Cortes Generales la regulación de un sistema específico de protección por cese de actividad para los mismos, en función de sus características personales o de la naturaleza de la actividad ejercida.

La articulación de la prestación por cese de actividad se realizará de tal forma que, en los supuestos en que deba aplicarse en edades cercanas a la legal de jubilación, su aplicación garantice, en combinación con las medidas de anticipación de la edad de jubilación en  circunstancias concretas contempladas en la Ley General de la Seguridad Social, que el nivel de protección dispensado sea el mismo, en supuestos equivalentes de carrera de cotización, esfuerzo contributivo y causalidad, que el de los trabajadores por cuenta ajena, sin que ello pueda implicar costes adicionales en el nivel no contributivo.

Las Administraciones Públicas podrán, por razones de política económica debidamente justificadas, cofinanciar planes de cese de actividad dirigidos a colectivos o sectores económicos concretos.”

                Con todo, es menester anotar que el 23 de diciembre 2008 el Ministro de Trabajo e Inmigración recibió el informe sobre prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos elaborado por un grupo de expertos, dándose así el primer paso para su posible activación; sin embargo, en el mejor de los escenarios posibles, suponiendo que la medida obtuviera el suficiente respaldo político, institucional y social, a antes de enero del 2011 podría estar activada esta protección, ya que requiere ir superando una las distintas fases de la elaboración legislativa: más información al respecto puede obtenerse  en la web

http://www.tt.mtin.es/periodico/ministro/200812/MIN20081223.htm

                Al hilo del tema, merece la pena estudiar y reflexionar sobre la novedosa iniciativa que supone el hecho de que una de nuestra Comunidades Autónomas, concretamente la de Castilla-La Mancha, haya muy recientemente aprobado una norma que permite otorgar, a los autónomos que cesen en su actividad profesional bajo determinadas condiciones, una ayuda de cuatro pagas de 500 € cada mes para los autónomos que hayan cerrado sus negocios por razones fundamentalmente económicas; nos referimos, en concreto, al Decreto 344/2008, de 18 de noviembre del 2008 por el que se regulan las subvenciones para el fomento y el desarrollo del trabajo autónomo en Castilla-La Mancha (DOCM, de 18 de noviembre del 2008).

 

 

[32] Tales disposiciones normativas, las más relevantes hasta finales del año 2008, vendrían a ser el Real Decreto Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica, el Real Decreto-Ley 5/2008, de 3 de octubre, por el que se autoriza a la Administración General del Estado a formalizar un contrato de garantía con el Banco Europeo de Inversiones y se amplía el límite para el otorgamiento de avales fijado en el artículo 54 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008, el Real Decreto-Ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, el Real Decreto-Ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona Euro, el Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación, el Real Decreto 1975/2008 de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda, el Real Decreto-Ley 10/2008 de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias, la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 y la Ley 4/2008 de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. 

[33] En especial, a partir de la arquitectura y de las orientaciones que marcan los artículos 27 (política de fomento del trabajo autónomo) y 29 (apoyo financiero a las iniciativas económicas) de la Ley 20/2007.

[34] Alain Supiot (coordinador), Trabajo y empleo. Transformaciones del trabajo y futuro del Derecho del Trabajo en Europa, 1ª edición, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, 318 páginas, ISBN-84-8002-964-1.

[35] Libro Verde de la Comisión Europea, Modernizar el Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI, [COM (2006), 708, final]. 

[36] Recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Relación de Trabajo, aprobada por la 95ª Conferencia Internacional de la OIT de 2006, OIT, Servicio de Publicaciones, Ginebra, 15 de junio de 2006.

[37] Y puede que más si tenemos en cuenta las diferencias que pueden originarse en una materia tan relevante como la cobertura de las prestaciones de Seguridad Social