In Europe 160 million people are members of social economy enterprises, as well as mutual societies. Members that work at social enterprises usually are bound with an employee relationship with their organization; on the other hand participating in a social enterprise could be their only chance to find a job, especially for economies that face a long-term recession such as the Greek economy. Social enterprises and entrepreneurs invest in reciprocity which represents that positive actions will inspire reciprocal positive actions. The main objective of this study is to examine the effect of reciprocity on members’ decision either to invest in social enterprises by or to work for them acquiring in both cases the necessary shares. For this reason, a survey was conducted among Greek members of social enterprises listed in the Greek Social enterprises directory, to investigate their aspects about reciprocity and if these aspects affect their decision to work in a social enterprise or support financially them. The survey process returned 142 fully completed questionnaires that were used to fulfill the objective of the survey. Logistic regression analysis identified a sub group (5 over 27 items) of the questions used to measure reciprocity that can be used to classify participants into shareholders - members (investors) and shareholders - workers in social enterprises. It is worth mentioning that sex or other demographic characteristics of the respondents do not affect this classification while there are only aspects of positive reciprocity that have a positive and negative effect on the possibility to work in social enterprises.
This paper analyzes how co-operative principles, particularly democratic management, affect the co-op’s economic objective. The theoretical model specifies the characteristics presented by the production function so democracy generates positive net income. Costs derived from maintaining the one person one vote criterion are explicitly incorporated into this function upon new membership. The results show that democracy contributes to the economic success when the decision-making strategy followed by the partners considers all cooperative principles, especially when a retained earnings policy is regularly applied. This study can be extended to all of Social Economy firms concerned about reinforcing democratic institutions through the business sector. This study can be extended to all of Social Economy firms concerned about reinforcing democratic institutions through the business sector.
La Economía del Bien Común es un modelo económico que nace en el 2010 en Austria de la mano del profesor de economía y activista Christian Felber con el fin de medir la contribución al bien común por parte de la economía y las organizaciones. Después de 10 años de implantación en un número amplio de empresas, en el presente trabajo se realiza un estudio empírico sobre el perfil de las empresas que lo han implantado y sobre el éxito de su implantación en España y su comparación con otros países europeos. Para ello se realiza un trabajo de campo consistente en el envío de un cuestionario y posterior explotación a una muestra de empresas que han implementado el Balance del Bien Común durante el período comprendido entre 2011 y 2017. Se analiza el perfil de las empresas en relación con el sector y la actividad económica, el tamaño (número de trabajadores y cifra de facturación) y la antigüedad, demostrando que se trata mayoritariamente de empresas del sector servicios (servicios profesionales), microempresas (de menos de 10 trabajadores) y relativamente jóvenes (de menos de 15 años de existencia). También se estudia el nivel de implantación del modelo mediante la puntuación obtenida en la Matriz del Bien Común (empresas experimentadas) y el tipo de auditoría realizada sobre el Balance (interna, peer y externa); así como el impacto social, ambiental y económico de las empresas que están implantando el modelo. Se demuestra que se trata de empresas con una fuerte conciencia social y ambiental, que utilizan el Balance del Bien Común con la finalidad de reforzar la creación de estos valores, relegando la creación de valor económico y financiero a un segundo plano.
Los poderes públicos, a través del fomento de la economía social y la persecución del pleno empleo, deben promover la creación de empleo estable y de calidad. En dicho marco deben situarse las subvenciones a la incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales. La creación de empleo como consecuencia de la intervención de los poderes públicos a través del fomento de éste se puede estudiar cuantitativamente, tomando en cuenta el número de puestos de trabajo que se generan a través de las políticas de empleo. Sin embargo, lo que aquí se propone es un estudio del empleo en términos cualitativos, esto es, el tipo de empleo generado, tomando en cuenta las entidades beneficiarias, los colectivos cuya incorporación se subvenciona y los criterios de selección y obligaciones asumidas por las sociedades con la concesión de la subvención.
En el actual entorno económico mundial organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Banco Mundial reconocen el emprendimiento de nuevos negocios como un motor de crecimiento indiscutible y a los mecanismos financieros para ponerlo en práctica como determinantes. La literatura económica desde hace tiempo viene estudiando los procesos de emprendimiento desde diferentes perspectivas; aunque no tanto atendiendo al género de quien toma la iniciativa empresarial y a las singularidades de esta circunstancia, ya que hay situaciones que pueden llegar a condicionar la puesta en marcha de negocios por mujeres como el menor acceso a la financiación bancaria frente a sus homólogos masculinos, lo que puede justificar una menor actividad emprendedora. El presente artículo se centra en la demanda de financiación por parte de las emprendedoras a partir de tres bloques de análisis. En el primero, se estudian las necesidades de recursos financieros de las emprendedoras frente a los emprendedores con el propósito de establecer si hay diferencias relevantes, contrastando si las primeras precisan menos financiación que los segundos a la hora de llevar a cabo iniciativas empresariales. En el siguiente bloque, se analizan las fuentes de financiación principal declaradas por las emprendedoras de 69 países en la encuesta del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), identificando varios clústeres relevantes con resultados diversos. Esto último hace posible, para terminar, contrastar empíricamente las diferencias en las fuentes principales expresadas por hombres y mujeres para financiar sus negocios.
Las peculiaridades de las empresas que forman parte de la Economía Social las vincula a acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Este trabajo analiza la relación entre la publicación de datos vinculados a RSC de empresas no financieras y algunos indicadores económico-financieros (rentabilidad económica, rentabilidad financiera, liquidez o solvencia a corto plazo, endeudamiento y tamaño). Si fuera manifiesto un efecto significativo entre ambos aspectos (RSC y performance financiero), esto supondría un impulso para las empresas de Economía Social dentro del conjunto empresarial, dada la propensión de estas hacia este tipo de acciones. Las empresas consideradas son las empresas españolas incluidas en la base de datos Bloomberg, analizando la vinculación entre su situación económico-financiera, y la publicación de información recogida en los índices de RSC, de la citada base de datos. En concreto Bloomberg proporciona cuatro índices de sostenibilidad: uno de aspectos ambientales, otro de tipo social, un tercero vinculado al gobierno corporativo y un cuarto indicador global que recoge a los tres anteriores. Se ha obtenido información de 51 empresas con datos del año 2018, estudiando las posibles diferencias entre las empresas que están incluidas o no en el IBEX. Los resultados del estudio permiten concluir que el tamaño y la liquidez son las variables que presentan mayor relación significativa con respecto a la cantidad de información publicada, y que la transparencia no afecta ni a la rentabilidad económica ni a la financiera.
El presente artículo busca dimensionar y caracterizar el sector de la economía social en Chile al año 2015, adaptando la tipología propuesta por EESC/CIRIEC para Europa. A partir de la sistematización de datos cuantitativos primarios levantados para el estudio, se plantea una visión panorámica comparable con otros países que usan la tipología de EESC/CIRIEC y complementaria a los estudios realizados sobre el subsector no mercantil de la economía social en Chile. De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, en el año 2015 la economía social en Chile empleó a 313.591 trabajadores remunerados y generó ingresos monetarios por US$8.963 millones. Estas cifras son equivalentes al 3,8 por ciento de la ocupación y del 3,7 por ciento del PIB de Chile, respectivamente, situando al país por debajo del promedio de la Unión Europea y por encima de países de ingreso per cápita comparables como Grecia o Polonia. No obstante, debido a la alta tasa de organizaciones y empresas informales estos valores podrían estar subestimados en un rango de 64 a 83 por ciento, respectivamente. Más aún, antecedentes relativos al empleo voluntario o no remunerado en el subsector no mercantil, apuntarían hacia la duplicación del número de trabajadores que participan en el sector de la economía social en Chile. El artículo concluye con una reflexión acerca de la tensión entre definiciones formales y substantivas de la economía social y las dificultades de definir criterios de demarcación sin ambigüedades, en atención a distintas situaciones que se presentaron en el proceso de levantamiento de información para el estudio.
La encomiable labor de los Centros Especiales de Empleo (CEE) en la integración laboral de las personas con discapacidad unido a las importantes ayudas que reciben de la Administración, demanda un mayor conocimiento de su realidad económica y social. Teniendo en cuenta que los estudios en Galicia sobre los CEE son prácticamente inexistentes, y que durante la crisis económica han visto reducidas de forma importante las ayudas económicas, el objetivo de nuestro trabajo es, en primer lugar, analizar la evolución de su situación económico-financiera durante el periodo 2010-2015, atendiendo a su diferenciación entre centros con y sin ánimo de lucro. En segundo lugar y dado que en los CEE coexisten objetivos económicos y sociales, completamos el análisis anterior, incorporando el valor social generado. La técnica utilizada para evaluar su eficiencia es el Análisis Envolvente de Datos (DEA).
En cuanto a los resultados, los CEE se financian principalmente con fondos propios, con mayor intensidad en los centros sin ánimo de lucro, y mejoran su solvencia, a pesar del incremento del endeudamiento a corto plazo, en especial en los centros con ánimo de lucro. Durante los últimos años los CEE han visto incrementada de forma importante su autonomía respecto a las subvenciones y han mantenido sus plantillas estables a pesar de la importante disminución de estas. Sus rentabilidades son moderadas, sobre todo en los centros sin ánimo de lucro, que destinan una mayor cantidad de sus recursos a sus trabajadores, priorizando en mayor medida los aspectos sociales sobre los económicos. En cuanto al nivel de eficiencia global, en general, es elevado y no existen diferencias sustanciales entre las entidades con y sin ánimo de lucro.
Las cooperativas agrarias son consideradas como un modelo organizacional que permite la mejora de las condiciones de producción y comercialización de sus productos, generando ingresos y cambios sustanciales en sus asociados. Algunas de estas cooperativas desarrollan modelos de negocios de inclusión social con los pequeños productores que la conforman. El presente artículo pretende dar a conocer cuáles son las características de las cooperativas agrarias como generadoras de negocios con inclusión de las personas menos favorecidas (lo que se conoce como la base de la pirámide) en su modelo económico. Para ello, se establecieron unas proposiciones teóricas a partir de la revisión de la literatura que fueron validadas a través del análisis de caso múltiple con una unidad de análisis simple (seis cooperativas bananeras del departamento del Magdalena, Colombia), utilizando el método deductivo. Los resultados obtenidos muestran que una cooperativa agraria desarrolla un negocio inclusivo cuando se cumplen las siguientes condiciones: hay una vinculación de pequeños productores en una cadena de valor; se genera valor económico y social para las personas involucradas; la creación y desarrollo de la cooperativa se genera por iniciativa propia de los pequeños productores, por algún actor de la cadena productiva y/o por una reglamentación establecida; y cuando el modelo cooperativo puede ser replicable y/o escalable a lo largo del tiempo.
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